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Un nuevo proceso judicial enfrenta el gobernador del Tolima, Óscar Barreto. El funcionario, quien está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por supuestas irregularidades en contratación, ahora está en la lupa de la Procuraduría General por presunta injerencia indebida en el nombramiento del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima.
El ministerio público investiga si Barreto habría incurrido en actuaciones irregulares en ese proceso de elección, que cobija el periodo 2018-2019, en el que se tienen en cuenta a alcaldes de todo el departamento. Así, se busca establecer si el gobernador pudo ejercer presiones sobre los miembros de la Corporación.
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“El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, señaló la entidad en un comunicado. Entre tanto, el gobernador podrá ser escuchado en versión libre.
Barreto igualmente está a la espera que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fije fecha para la continuación de la audiencia preparatoria de juicio en su contra, que se suspendió debido a la implementación y puesta en marcha de la doble instancia en ese alto tribunal. El caso está en manos del magistrado Ramiro Marín.
Barreto fue acusado por la Fiscalía, junto con el exdepartamento del Tolima, Oscar Barreto Quiroga, y al exgobernador, Fernando Osorio Cuenca, por supuestas irregularidades en un convenio de cooperación y asistencia técnica entre la Gobernación de Tolima y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, en 2007.
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De acuerdo con el escrito de acusación, para el año 2007, cuando fungía Osorio Cuenca era Gobernador, se tramitó y celebró entre dicho ente territorial y la Secretaría Ejecutiva de ese Convenio el contrato 336 de Cooperación y Asistencia Técnica Internacional, cuyo valor ascendía a $1.143.861.000, sin aparentemente haber satisfecho los requisitos legales exigidos para tal acto.
Según la Fiscalía, el contrato fue objeto de una adición del 12 de junio de 2007 por $1.020.000.000, para la “implementación de un sistema regional de evaluación para el departamento del Tolima”. Y luego, cuando ya Barreto era gobernador, la liquidación de esos convenios también se habría hecho de manera irregular.