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Este domingo, la Procuraduría informó que ha iniciado una indagación previa contra funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades en los contratos suscritos para atender la emergencia derivada de la ola invernal que azotó al país a finales del año 2022.
La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por un concejal de Bogotá, en la que se señalan posibles hechos irregulares en los contratos bilaterales suscritos a través de la Previsora S. A., con cargo al fideicomiso de administración y pagos del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).
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La @PGN_COL indaga a funcionarios de la @UNGRD por posibles irregularidades en contratos suscritos para la atención de la emergencia como consecuencia de la ola invernal ⛈️ que afectó al país a finales del 2022 #EsNoticia https://t.co/S5abTClZgT pic.twitter.com/lTPd9q2zoS
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 31, 2024
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal requirió a la UNGRD, que dirige Carlos Carrillo desde el pasado 11 de marzo, información detallada sobre el número de contratos suscritos bajo la declaratoria de desastre, así como documentación que permita esclarecer la ejecución de los mismos.
El objetivo de esta investigación disciplinaria que abrió la entidad a cargo de Margarita Cabello es determinar el estado técnico, financiero, jurídico y económico de los contratos, así como las acciones llevadas a cabo por las instancias de supervisión e interventoría correspondientes.
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Con base en las pruebas recopiladas, el Ministerio Público busca identificar a los posibles responsables de las irregularidades denunciadas, esclarecer las circunstancias en que ocurrieron y determinar si es necesario continuar con la actuación disciplinaria.
Hace tres semanas, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra al exdirector general, los exsubdirectores generales y de atención de desastres de la UNGRD y de los tres representantes legales que presentaron su cotización para el polémico proceso de compra de 40 carrotanques en La Guajira.
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