Procuraduría investigará a comandante de la Brigada 30 de Cúcuta por carro bomba
A juicio disciplinario fue llamado el comandante y otros tres miembros de la Brigada 30 por el atentado contra la institución.
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a siete miembros del Ejército, por presunta omisión en la aplicación de los protocolos de seguridad al interior del cantón San Jorge de Cúcuta (Norte de Santander) el pasado 15 de junio, día que fue activado un carro bomba al interior de esa instalación militar. Dentro de los citados está el coronel Ilvar Orlando González Villamil, comandante de la Brigada 30.
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Según el Ministerio Público, al parecer no se adoptaron las medidas correspondientes “para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada y del personal que allí labora”. Asimismo, dijo la Procuraduría, que dentro de las falencias en el caso está que no habría contado con un soldado apoyado por un perro entrenado para detectar explosivos. “Según los protocolos y guías de seguridad, hubiera sido un elemento fundamental para la detección de explosivos”, manifestó la entidad.
Igualmente, la Procuraduría dijo que el comandante de la Brigada 30 “debió gestionar, adelantar, facilitar, en fin, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos”. De acuerdo con el Ministerio Público, esto con el fin “de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”.
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Por los hechos, el órgano de control llamó a juicio al jefe de Estado Mayor Conjunto y segundo comandante de la Brigada 30, coronel Pedro María Vega Losada; el comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta, teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento Gutiérrez, y el oficial de operaciones de esa misma unidad, mayor César Alexánder Carrero Salcedo.
De igual manera, fueron llamados el comandante de guardia en la fecha del atentado, el sargento viceprimero Luis Eduardo Espejo López; el suboficial de administración, sargento segundo Mario Andrés López Roque, y el cabo segundo Óscar Leonel Pava Caviedes, quien prestaba su servicio en la entrada principal del cantón San Jorge el día de los hechos.
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La Procuraduría dijo que “la presunta conducta del coronel González Villamil, de los sargentos Espejo López y López Aguirre, así como del cabo segundo Pava Caviedes como una falta grave cometida a título de culpa”. De la misma manera manifestó que “en el caso del coronel Vega Losada, el teniente coronel Sarmiento Gutiérrez y el mayor Carrero Salcedo, el Ministerio Público calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo”.
En cuanto al atentado donde resultaron heridas 36 personas, atribuido al Frente 33 de las disidencias de las Farc, las autoridades identificaron a 10 personas como las presuntas responsables de los ataques perpetrados en Norte de Santander. Entre los detenidos se encuentra un oficial en retiro de la aviación del Ejército, conocido con el alias de El Capi.
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El Capi es señalado de coordinar actividades relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas para la estructura ilegal que está bajo la lupa de las autoridades. Pues las investigaciones revelaron que no solo estarían tras el ataque contra la Brigada sino también el que intentaron perpetrar contra el presidente Iván Duque, en Norte de Santander, atacando el helicóptero en el que se movilizaba durante una visita que realizó finalizando junio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Igualmente, la Procuraduría dijo que el comandante de la Brigada 30 “debió gestionar, adelantar, facilitar, en fin, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos”. De acuerdo con el Ministerio Público, esto con el fin “de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”.
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