Procuraduría le pide a la Corte tumbar el acto legislativo para la paz
El Ministerio Público aseguró que las facultades otorgadas por el Congreso al presidente de la República van en contra de la Constitución Política.
Redacción Judicial
La Procuraduría General presentó un concepto ante la Corte Constitucional en la cual se pide tumbar el acto legislativo por la paz aprobado por el Congreso de la República. En el documento enviado en las últimas horas al alto tribunal se manifiesta que las facultades otorgadas al presidente de la República van en contra de la división de los poderes de la Rama Pública establecidos en la carta política.
En este sentido señala el documento firmado por la procuradora general (e) Martha Isabel Castañeda que las facultades otorgadas al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley son inconstitucionales. Rechazan la figura “fast track” para tramitar en solo cuatro debates las leyes necesarias para la implementación del acuerdo firmado en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
En uno de los apartes del documento se resalta el hecho que pese a los resultados del pasado 2 de octubre en los que ganó la opción por el NO esto “en nada afecta la capacidad del acto legislativo para entrar posteriormente en vigencia constitucional a través de un nuevo pronunciamiento popular” que permitirá la refrendación del acuerdo ya firmado o uno posterior.
En el concepto enviado en el marco de la demanda presentada por el Centro Democrático el pasado 30 de agosto se manifiesta que pese a que los alcances de dicho acto legislativo no está vigente sí se podría aplicar en un futuro, vulnerando así la Constitución y la ley. “La norma no contiene alguna condición o circunstancia que la tome fallida o imposible”.
En este punto se considera que no se fija un límite para su aplicación pese al rechazo popular que obtuvo la refrendación del acuerdo final firmado el pasado 26 de septiembre entre las dos partes. “Resulta evidente que la norma acusada representa un flagrante desconocimiento del eje axiológico descrito, toda vez que de forma transitoria permite que se expidan normas constitucionales con unos requisitos análogos para la expedición de leyes”.
En contra del acto legislativo para la paz se han presentado dos demandas ante la Corte Constitucional. El alto tribunal recibirá en los próximos días los conceptos solicitados para tomar una decisión de fondo frente a estas acciones judiciales.
La Procuraduría General presentó un concepto ante la Corte Constitucional en la cual se pide tumbar el acto legislativo por la paz aprobado por el Congreso de la República. En el documento enviado en las últimas horas al alto tribunal se manifiesta que las facultades otorgadas al presidente de la República van en contra de la división de los poderes de la Rama Pública establecidos en la carta política.
En este sentido señala el documento firmado por la procuradora general (e) Martha Isabel Castañeda que las facultades otorgadas al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley son inconstitucionales. Rechazan la figura “fast track” para tramitar en solo cuatro debates las leyes necesarias para la implementación del acuerdo firmado en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
En uno de los apartes del documento se resalta el hecho que pese a los resultados del pasado 2 de octubre en los que ganó la opción por el NO esto “en nada afecta la capacidad del acto legislativo para entrar posteriormente en vigencia constitucional a través de un nuevo pronunciamiento popular” que permitirá la refrendación del acuerdo ya firmado o uno posterior.
En el concepto enviado en el marco de la demanda presentada por el Centro Democrático el pasado 30 de agosto se manifiesta que pese a que los alcances de dicho acto legislativo no está vigente sí se podría aplicar en un futuro, vulnerando así la Constitución y la ley. “La norma no contiene alguna condición o circunstancia que la tome fallida o imposible”.
En este punto se considera que no se fija un límite para su aplicación pese al rechazo popular que obtuvo la refrendación del acuerdo final firmado el pasado 26 de septiembre entre las dos partes. “Resulta evidente que la norma acusada representa un flagrante desconocimiento del eje axiológico descrito, toda vez que de forma transitoria permite que se expidan normas constitucionales con unos requisitos análogos para la expedición de leyes”.
En contra del acto legislativo para la paz se han presentado dos demandas ante la Corte Constitucional. El alto tribunal recibirá en los próximos días los conceptos solicitados para tomar una decisión de fondo frente a estas acciones judiciales.