Procuraduría no investigará al general (r) Palomino por “comunidad del anillo”

La Procuraduría determinó archivar la investigación disciplinaria contra el exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino por su presunta participación dentro de una red de prostitución masculina dentro de la institución, un escándalo que fue conocido por el país como “la comunidad del anillo”. Pero no fue el único caso en que el oficial retirado salió bien librado. El Ministerio Público también desistió de investigar al uniformado por su supuesta responsabilidad en las “chuzadas” contra la periodista Vicky Dávila y su entonces equipo periodístico en La FM, y por la presunta compra irregular de unos lotes en Sopó y Fusagasugá (Cundinamarca).

La investigación contra el uniformado por estos tres hechos inició el 16 de febrero de 2016 cuando la Procuraduría determinó abrir una investigación formal para determinar si Palomino había incurrido en alguna falta disciplinaria relacionada con varias polémicas que lo salpicaban para la época. Sin embargo, el Ministerio Público no encontró méritos para continuar con las pesquisas. En su análisis del caso, la Procuraduría empezó evaluando lo relacionado con la “comunidad del anillo”, una supuesta red de tráfico sexual o prostitución masculina a través de la cual, al parecer, oficiales de la Policía le ofrecían a la cúpula de la institución servicios sexuales por parte de cadetes de la Escuela General Santander.

A cambio, los oficiales recibían ascensos y favores dentro de la institución. La Procuraduría evaluó varios testimonios y denuncias como las del capitán Anyelo Palacios quien en 2008 afirmó que cuando Palomino se desempeñaba como director de Tránsito y Transporte, se presentó ante él con el objetivo de pedir ayuda para lograr traslado a la ciudad de Bogotá y que Palomino le respondió que ¿qué le daba a cambio? El capitán asegura que respondió que no quería tener más acontecimientos de esos y que el entonces director replicó: ¿por qué eres así Angi? No obstante, durante todos estos años, el general Palomino, a través de su abogado Isnardo Gómez, ha alegado su inocencia.

Volviendo a la actuación del Ministerio Público este determinó que la denuncia de Palacios como todas las que vinculaban general (r) con hechos de esta naturaleza ocurridos en los años 1999, 2004 a 2006 y 2008 a 2009 quedaron prescritas, toda vez que pasaron más de cinco años (término establecido) desde que se habría cometido la conducta hasta la fecha en la que se inició la investigación que fue el 16 de febrero de 2016. Entonces, la decisión de archivar la investigación se relaciona con hechos posteriores.

El auto de la Procuraduría menciona el suceso del año 2015 que revivió la controversia por la supuesta existencia de una red de tráfico sexual dentro de la Policía luego de que la periodista Vicky Dávila revelara en La FM un video íntimo del exviceministro del interior Carlos Ferro y el capitán de la Policía Anyelo Palacios en el que ambos conversaban sobre relaciones homosexuales. En ese momento, Palomino era el director general de la Policía y tuvo que lidiar con la oleada de cuestionamientos que, además, lo salpicaban directamente.

Uno de los testigos consultados por la Procuraduría fue el capitán John Fabio Marín Larrahondo quien indicó que no declaraba sobre la “comunidad del anillo” por desconocer el asunto y la presunta participación del general Palomino en esos hechos. No obstante, dijo que el capitán Anyelo Palacios fue una víctima de esa comunidad pero, según el Ministerio Público, no hizo ningún señalamiento directo contra el general Palomino.

“Ninguno de los testigos manifestó que el general Rodolfo Bautista Palomino López hubiera participado en la comisión de las conductas o prácticas presuntamente cometidas en relación con la denominada ‘comunidad del anillo’ (...) a lo sumo, podría haber tenido un posible conocimiento de los hechos; sin embargo, el acervo probatorio anteriormente analizado no da indicios tendientes a determinar la existencia de tal hipótesis e imputarle autoría disciplinaria en los hechos investigados”, determinó el ente disciplinario que no tuvo en cuenta el caso del coronel Reinaldo Gómez Bernal, por tratarse de una denuncia que ya fue fallada.

Con esos argumentos, la conclusión a la que llegó el Ministerio Público es que, si bien los hechos apuntan a “presuntas persecuciones, tráfico o acoso de naturaleza sexual que se habrían cometido al interior de la institución en distintas épocas, en distintos momentos, más no de forma continua, ni permanente (....), bajo un modus operandi distintos y también se habrían perpetrado conductas que quizás fueron cometidas por diferentes agentes policiales y por congresistas y al parecer recayeron sobre cadetes como víctimas”; no se pudo demostrar la participación directa y con certeza de Palomino.

Presunto enriquecimiento ilícito por compraventa de lotes

Otro de los asuntos que investigó la Procuraduría fue el presunto enriquecimiento ilícito cometido por el general (r) Palomino porque, al parecer, en calidad de servidor público, adquirió tres lotes por valores inferiores a los reales. Se trataba de dos lotes ubicados en la urbanización El Pedregal de San Ángel -denominados lotes 31 y 32-, en Fusagasugá (Cundinamarca), por un valor de $39.700.000. Los lotes fueron vendidos por el coronel Jerson Jair Castellanos a quien, precisamente se le señala de ser cabecilla de la “comunidad del anillo” y quien solicitó su retiro a raíz de estos hechos.

Por eso se presumía que cada lote se compró por debajo del precio real porque, posiblemente, el coronel Castellanos accedió a dicha venta a cambio de que se pasaran por alto los escándalos en los que se veía comprometido. El tercer lote que adquirió Palomino es un predio ubicado en una zona denominada “Los Caballeros de la Noche” en el municipio de Sopó (Cundinamarca), por un valor de $20.000.000.No obstante, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría quienes estudiaron si hubo un incremento patrimonial injustificado entre los años 2011 y 2015 (cuando Palomino se retiró del cargo), concluyó que no hubo tal incremento.

En todo caso, sobre este tema, la Procuraduría decidió declarar prescrita la acción disciplinaria porque “los hechos que configurarían el presunto enriquecimiento ilícito que se le atribuye al general Rodolfo Palomino (...) sucedieron entre los años 2006 y 2009, resulta que desde este último año hasta cuando se dio inicio a la presente investigación (auto del 16 de febrero de 2006) ya habían transcurrido más de los cinco años previstos para ejercitar la acción disciplinaria”. En otras palabras, la investigación en este caso, caducó.

Presuntas “chuzadas” contra Vicky Dávila y Claudia Morales

Se trata de tercer tema respecto al cual giraba la investigación disciplinaria contra Palomino. Esta historia empezó con unos escritos anónimos en los que les advertían a las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales que supuestamente los oficiales retirados Rodolfo Palomino, Carlos Vargas y Wilson Carvajal habrían orquestado un plan para “chuzar” a las periodistas y obtener información sobre ellas. Lo que señala la investigación es que en noviembre de 2015, Vargas tuvo una reunión con Vicky Dávila en el apartamento de ella en la que trataron varios temas y la periodista mencionó la investigación que estaba haciendo sobre la “comunidad de anillo”.

Posteriormente, y tal como lo aseguró el mismo Vargas, tuvo una reunión con el general Palomino en la que habló sobre la periodista. Todos estos eventos fueron mencionados por un anónimo en su escrito. Sin embargo, para la Procuraduría “dichas coincidencias no demuestran que el referido encuentro se haya llevado a cabo en el marco de un plan de acciones encaminado a obtener información por parte de la Policía Nacional”. El Ministerio Público también anotó que, si bien el anónimo dice que el oficial Vargas grabó la reunión con Dávila, no hubo ningún elemento que lo corroborara.

El otro presunto responsable de estos hechos es el entonces capitán Wilson Carvajal, quien se desempeñaba para el momento de los hechos como operaciones de inteligencia de la DIPOL. Pero el Ministerio Público determinó que esa Dirección de Inteligencia, en principio, no realiza interceptación de comunicaciones telefónicas y, en ese sentido, carece de herramientas para llevar a cabo procedimientos con este fin. No obstante, esa dependencia de la Policía adquirió un equipo en el año 2011 llamado Sistema para Análisis y Localización de Señales (TMC-IDEN) que haría posible la interceptación de comunicaciones.

De haberse utilizado tal dispositivo, asegura la Procuraduría que tendría que determinarse quiénes fueron los uniformados o el personal a cargo que habría usado el sistema. Por otro lado, con respeto al presunto seguimiento contra Dávila en un carro marca AudiA4, de placas CES867, quedó probado en la investigación que el vehículo pertenecía a la DIPOL y que estaba a cargo del capitán Wilson Carvajal para el momento de los hechos. Y teniendo en cuenta que en los comunicados anónimos se dijo que el carro tenía instalado micrófonos, cámaras y otros dispositivos, se examinó el vehículo sin que los peritos encontraran algún dispositivo.

Además, los integrantes del equipo de protección de la periodista afirmó que nunca se percataron de que un vehículo con esas características los estuviera siguiendo. Respecto a los correos anónimos, la Procuraduría advirtió que el análisis no fue concluyente y no se logró determinar la identidad de los usuarios. Por todo lo anterior, el Ministerio Público determinó que “no existen elementos que los demuestren que (los entonces oficiales Carlos Vargas y Wilson Carvajal) hubieran desarrollado actividades tendientes a obtener información de manera ilícita de las periodistas Victoria Eugenia Dávila Hoyos y Claudia Morales”.

En lo que respecta al general (r) Palomino, el Ministerio Público concluyó que, por lo menos de manera directa, el director general de la institución no tiene facultades expresas para desarrollar actividades de inteligencia. Agregó que, aunque hipotéticamente se considerara otorgarle responsabilidad por ser la cabeza visible de la institucionalidad, deben existir pruebas fehacientes que desvirtúen la presunción de inocencia del oficial. Pero, contrario a eso, la Procuraduría determinó que “no es posible advertir autoría en la realización objetiva de la conducta delictiva de falta disciplinaria, en cabeza de Rodolfo Palomino, que dé credibilidad en grado de certeza a lo mencionado en los escritos anónimos enviados a Vicky Dávila y a Claudia Morales.

En conclusión, el ente disciplinario señaló que ni se logró probar que miembros de inteligencia de la Policía interceptaron las comunicaciones de los periodistas, ni que el general (r) Palomino hubiese tenido participación en los hechos.

Este es el concepto completo de la Procuraduría:

La Procuraduría determinó archivar la investigación disciplinaria contra el exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino por su presunta participación dentro de una red de prostitución masculina dentro de la institución, un escándalo que fue conocido por el país como “la comunidad del anillo”. Pero no fue el único caso en que el oficial retirado salió bien librado. El Ministerio Público también desistió de investigar al uniformado por su supuesta responsabilidad en las “chuzadas” contra la periodista Vicky Dávila y su entonces equipo periodístico en La FM, y por la presunta compra irregular de unos lotes en Sopó y Fusagasugá (Cundinamarca).

La investigación contra el uniformado por estos tres hechos inició el 16 de febrero de 2016 cuando la Procuraduría determinó abrir una investigación formal para determinar si Palomino había incurrido en alguna falta disciplinaria relacionada con varias polémicas que lo salpicaban para la época. Sin embargo, el Ministerio Público no encontró méritos para continuar con las pesquisas. En su análisis del caso, la Procuraduría empezó evaluando lo relacionado con la “comunidad del anillo”, una supuesta red de tráfico sexual o prostitución masculina a través de la cual, al parecer, oficiales de la Policía le ofrecían a la cúpula de la institución servicios sexuales por parte de cadetes de la Escuela General Santander.

A cambio, los oficiales recibían ascensos y favores dentro de la institución. La Procuraduría evaluó varios testimonios y denuncias como las del capitán Anyelo Palacios quien en 2008 afirmó que cuando Palomino se desempeñaba como director de Tránsito y Transporte, se presentó ante él con el objetivo de pedir ayuda para lograr traslado a la ciudad de Bogotá y que Palomino le respondió que ¿qué le daba a cambio? El capitán asegura que respondió que no quería tener más acontecimientos de esos y que el entonces director replicó: ¿por qué eres así Angi? No obstante, durante todos estos años, el general Palomino, a través de su abogado Isnardo Gómez, ha alegado su inocencia.

Volviendo a la actuación del Ministerio Público este determinó que la denuncia de Palacios como todas las que vinculaban general (r) con hechos de esta naturaleza ocurridos en los años 1999, 2004 a 2006 y 2008 a 2009 quedaron prescritas, toda vez que pasaron más de cinco años (término establecido) desde que se habría cometido la conducta hasta la fecha en la que se inició la investigación que fue el 16 de febrero de 2016. Entonces, la decisión de archivar la investigación se relaciona con hechos posteriores.

El auto de la Procuraduría menciona el suceso del año 2015 que revivió la controversia por la supuesta existencia de una red de tráfico sexual dentro de la Policía luego de que la periodista Vicky Dávila revelara en La FM un video íntimo del exviceministro del interior Carlos Ferro y el capitán de la Policía Anyelo Palacios en el que ambos conversaban sobre relaciones homosexuales. En ese momento, Palomino era el director general de la Policía y tuvo que lidiar con la oleada de cuestionamientos que, además, lo salpicaban directamente.

Uno de los testigos consultados por la Procuraduría fue el capitán John Fabio Marín Larrahondo quien indicó que no declaraba sobre la “comunidad del anillo” por desconocer el asunto y la presunta participación del general Palomino en esos hechos. No obstante, dijo que el capitán Anyelo Palacios fue una víctima de esa comunidad pero, según el Ministerio Público, no hizo ningún señalamiento directo contra el general Palomino.

“Ninguno de los testigos manifestó que el general Rodolfo Bautista Palomino López hubiera participado en la comisión de las conductas o prácticas presuntamente cometidas en relación con la denominada ‘comunidad del anillo’ (...) a lo sumo, podría haber tenido un posible conocimiento de los hechos; sin embargo, el acervo probatorio anteriormente analizado no da indicios tendientes a determinar la existencia de tal hipótesis e imputarle autoría disciplinaria en los hechos investigados”, determinó el ente disciplinario que no tuvo en cuenta el caso del coronel Reinaldo Gómez Bernal, por tratarse de una denuncia que ya fue fallada.

Con esos argumentos, la conclusión a la que llegó el Ministerio Público es que, si bien los hechos apuntan a “presuntas persecuciones, tráfico o acoso de naturaleza sexual que se habrían cometido al interior de la institución en distintas épocas, en distintos momentos, más no de forma continua, ni permanente (....), bajo un modus operandi distintos y también se habrían perpetrado conductas que quizás fueron cometidas por diferentes agentes policiales y por congresistas y al parecer recayeron sobre cadetes como víctimas”; no se pudo demostrar la participación directa y con certeza de Palomino.

Presunto enriquecimiento ilícito por compraventa de lotes

Otro de los asuntos que investigó la Procuraduría fue el presunto enriquecimiento ilícito cometido por el general (r) Palomino porque, al parecer, en calidad de servidor público, adquirió tres lotes por valores inferiores a los reales. Se trataba de dos lotes ubicados en la urbanización El Pedregal de San Ángel -denominados lotes 31 y 32-, en Fusagasugá (Cundinamarca), por un valor de $39.700.000. Los lotes fueron vendidos por el coronel Jerson Jair Castellanos a quien, precisamente se le señala de ser cabecilla de la “comunidad del anillo” y quien solicitó su retiro a raíz de estos hechos.

Por eso se presumía que cada lote se compró por debajo del precio real porque, posiblemente, el coronel Castellanos accedió a dicha venta a cambio de que se pasaran por alto los escándalos en los que se veía comprometido. El tercer lote que adquirió Palomino es un predio ubicado en una zona denominada “Los Caballeros de la Noche” en el municipio de Sopó (Cundinamarca), por un valor de $20.000.000.No obstante, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría quienes estudiaron si hubo un incremento patrimonial injustificado entre los años 2011 y 2015 (cuando Palomino se retiró del cargo), concluyó que no hubo tal incremento.

En todo caso, sobre este tema, la Procuraduría decidió declarar prescrita la acción disciplinaria porque “los hechos que configurarían el presunto enriquecimiento ilícito que se le atribuye al general Rodolfo Palomino (...) sucedieron entre los años 2006 y 2009, resulta que desde este último año hasta cuando se dio inicio a la presente investigación (auto del 16 de febrero de 2006) ya habían transcurrido más de los cinco años previstos para ejercitar la acción disciplinaria”. En otras palabras, la investigación en este caso, caducó.

Presuntas “chuzadas” contra Vicky Dávila y Claudia Morales

Se trata de tercer tema respecto al cual giraba la investigación disciplinaria contra Palomino. Esta historia empezó con unos escritos anónimos en los que les advertían a las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales que supuestamente los oficiales retirados Rodolfo Palomino, Carlos Vargas y Wilson Carvajal habrían orquestado un plan para “chuzar” a las periodistas y obtener información sobre ellas. Lo que señala la investigación es que en noviembre de 2015, Vargas tuvo una reunión con Vicky Dávila en el apartamento de ella en la que trataron varios temas y la periodista mencionó la investigación que estaba haciendo sobre la “comunidad de anillo”.

Posteriormente, y tal como lo aseguró el mismo Vargas, tuvo una reunión con el general Palomino en la que habló sobre la periodista. Todos estos eventos fueron mencionados por un anónimo en su escrito. Sin embargo, para la Procuraduría “dichas coincidencias no demuestran que el referido encuentro se haya llevado a cabo en el marco de un plan de acciones encaminado a obtener información por parte de la Policía Nacional”. El Ministerio Público también anotó que, si bien el anónimo dice que el oficial Vargas grabó la reunión con Dávila, no hubo ningún elemento que lo corroborara.

El otro presunto responsable de estos hechos es el entonces capitán Wilson Carvajal, quien se desempeñaba para el momento de los hechos como operaciones de inteligencia de la DIPOL. Pero el Ministerio Público determinó que esa Dirección de Inteligencia, en principio, no realiza interceptación de comunicaciones telefónicas y, en ese sentido, carece de herramientas para llevar a cabo procedimientos con este fin. No obstante, esa dependencia de la Policía adquirió un equipo en el año 2011 llamado Sistema para Análisis y Localización de Señales (TMC-IDEN) que haría posible la interceptación de comunicaciones.

De haberse utilizado tal dispositivo, asegura la Procuraduría que tendría que determinarse quiénes fueron los uniformados o el personal a cargo que habría usado el sistema. Por otro lado, con respeto al presunto seguimiento contra Dávila en un carro marca AudiA4, de placas CES867, quedó probado en la investigación que el vehículo pertenecía a la DIPOL y que estaba a cargo del capitán Wilson Carvajal para el momento de los hechos. Y teniendo en cuenta que en los comunicados anónimos se dijo que el carro tenía instalado micrófonos, cámaras y otros dispositivos, se examinó el vehículo sin que los peritos encontraran algún dispositivo.

Además, los integrantes del equipo de protección de la periodista afirmó que nunca se percataron de que un vehículo con esas características los estuviera siguiendo. Respecto a los correos anónimos, la Procuraduría advirtió que el análisis no fue concluyente y no se logró determinar la identidad de los usuarios. Por todo lo anterior, el Ministerio Público determinó que “no existen elementos que los demuestren que (los entonces oficiales Carlos Vargas y Wilson Carvajal) hubieran desarrollado actividades tendientes a obtener información de manera ilícita de las periodistas Victoria Eugenia Dávila Hoyos y Claudia Morales”.

En lo que respecta al general (r) Palomino, el Ministerio Público concluyó que, por lo menos de manera directa, el director general de la institución no tiene facultades expresas para desarrollar actividades de inteligencia. Agregó que, aunque hipotéticamente se considerara otorgarle responsabilidad por ser la cabeza visible de la institucionalidad, deben existir pruebas fehacientes que desvirtúen la presunción de inocencia del oficial. Pero, contrario a eso, la Procuraduría determinó que “no es posible advertir autoría en la realización objetiva de la conducta delictiva de falta disciplinaria, en cabeza de Rodolfo Palomino, que dé credibilidad en grado de certeza a lo mencionado en los escritos anónimos enviados a Vicky Dávila y a Claudia Morales.

En conclusión, el ente disciplinario señaló que ni se logró probar que miembros de inteligencia de la Policía interceptaron las comunicaciones de los periodistas, ni que el general (r) Palomino hubiese tenido participación en los hechos.

Este es el concepto completo de la Procuraduría: