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Este es un semestre y un periodo lesgislativo clave para la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Hace unos días, la iniciativa llegó a la Comisión Séptima del Senado, desde la Cámara, donde será discutido en, al menos, 14 sesiones. Sin embargo, la Procuraduría busca frenar el proceso legislativo.
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La procuradora Margarita Cabello envío una solicitud a una sala de selección de tutelas de la Corte Constitucional, pidiendo que sea escogida y estudiada una acción de esa naturaleza promovida por la Comunidad Indígena Yukpa. Fue radicada contra el Congreso y el Gobierno, pues aseguran que el trámite avanza sin haber hecho, previamente, procesos de consulta previa.
“En solicitud enviada a la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, la jefe del Ministerio Público advirtió que se trata de un caso de relevancia constitucional, pues se encuentran involucrados sujetos de especial protección y se alega la afectación de derechos fundamentales”, explicó la Procuraduría.
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Según la solicitud de Cabello, cuando se trata de trámites legislativos, la consulta previa debe realizarse con anterioridad a la radicación del proyecto de ley, para garantizar la participación integral de las comunidades indígenas. La tutela expone que eso jamás sucedió y, por eso, debe frenarse.
La procuradora Cabello resaltó que la consulta previa era un requisito necesario, por cuanto “la reforma impulsada por el Gobierno Nacional modifica el modelo especial de atención en salud que asegura el acceso a los servicios médicos de los pueblos indígenas”. Además, cambia funciones de “los operadores especiales creados para responder a las necesidades de los grupos étnicos del país”.
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