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La Procuraduría de Margarita Cabello le está pidiendo a la Corte Constitucional que tumbe el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró estado de emergencia en La Guajira. Según un documento enviado por el Ministerio Público, las problemáticas con las que el presidente justificó el decreto existen hace mucho tiempo y solo está “instrumentalizando” la crisis para obtener facultades legislativas.
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El pasado 11 de agosto, el presidente Petro habló ante la Sala Plena del alto tribunal, sosteniendo que la decisión se tomó, para que el Gobierno pudiera realizar acciones de manera directa en el territorio en un menor tiempo. El jefe de Estado basó su explicación en que el fenómeno del Niño afectaría mucho más esa zona del país y que por eso era necesario tomar decisiones que no requirieran todo el trámite legislativo.
Sin embargo, la Procuraduría señala en un concepto de 25 hojas enviado a la Corte que “resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia”.
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Por otra parte, el Ministerio Público expresa que “la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional”, dice el documento.
A los ojos del Ministerio Público, el Gobierno, en vez de buscar solucionar mediante decreto de estado de emergencia, debería acatar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. El ente de control señaló que en 2017 el alto tribunal declaró que hay un Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la atención a la niñez Wayuu, y que también hay políticas públicas que ya existen y están diseñadas para atender los problemas de La Guajira, específicamente.
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“Al respecto, se reitera que los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes o el cumplimiento de los fallos judiciales”, dice la procuradora Cabello en el documento. Además, señala que no es comprensible por qué decretar el estado de emergencia para esta parte del país, si en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), no se incluyó ninguna medida en específico para ese fin. Con el decreto, dice el Ministerio Público, el Gobierno pretende “ampliar indebidamente sus facultades”.
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