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La Procuraduría solicitó un informe sobre el plan de seguridad estipulado para salvaguardar la vida de los habitantes de Arauca, luego de que el fin de semana pasado murieran 24 personas en enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc. Quienes deberán presentar sus avances son el gobernador encargado, el general (R) Alejandro Miguel Navas. También los alcaldes de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena.
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“La petición también fue extendida a la fuerza pública y al director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, con el fin de que se adopten medidas de atención que permitan fortalecer las capacidades de articulación y la respuesta para mitigar el impacto derivado de la emergencia humanitaria”, explicó la Procuraduría.
Se espera que esta tarde llegue una delegación central del Ministerio Público al departamento. Así, en las últimas horas estarán haciendo seguimiento a la emergencia la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Apoyo al proceso de Paz de Colombia de la Organización de Estados Americanos. El presidente Iván Duque prometió la llegada de dos batallones del Ejército, los cuales en los próximos días harán presencia.
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La Procuraduría señaló que esta tarde avanzará para habilitar corredores humanitarios en los puntos de Botalón y Puerto Jordán. Como le explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, a este diario, con corte de ayer las familias desplazadas aumentaron a 52, las cuales llegaron a los cascos urbanos de los cuatro municipios de la región del Sarare. En una zona muy cercana a la frontera con Venezuela, donde el Eln y al menos dos frentes de las disidencias Farc están disputándose el territorio.
“Las comunidades están en un estado de zozobra e intimidación. Nosotros, a través de la Defensoría delegada para la Movilidad Humana, llegamos al territorio, estamos escuchando todas las situaciones de riesgo. También hay confinamiento, reclutamiento de menores, desapariciones y amenazas permanentes a la población”, explicó el Defensor. Agregó que entre los muertos hay una menor de edad de 16 años, quien está siendo identificada para conocer si fue reclutada por grupos armados ilegales.
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Al menos 600 personas de varias comunidades de Arauca, como Puerto Nidia, Puerto Miranda, La Orqueta, Nuevo Horizonte y El Progreso, en Tame, se reunieron e hicieron exigencias al Gobierno. Solicitaron, en principio, que se respete el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio, garantizando los mínimos humanitarios. “La comunidad solicita al Gobierno Nacional unos espacios de diálogo con los actores del conflicto armado con acompañamiento de los entes de cooperación internacional y nacional como la ONU, la OEA, Defensoría del Pueblo y demás”, fue otra de las peticiones.
Exigieron a los órganos de Gobierno la logística adecuada para necesidades básicas como la salida, alimentación, vivienda, entre otros, ante la eventualidad del desplazamiento forzado. Por último, pidieron a la Fuerza Pública no comprometer a la población civil en Arauca, atrincherándose en las viviendas, escuelas o centros poblados. El general (r) Navas, gobernador encargado, fue nombrado por decreto ante el proceso penal que avanza contra el gobernador electo José Facundo Castillo. Está imputado por presuntas alianzas políticas y administrativas con el Eln.
::Conozca la última información sobre el proceso penal de José Facundo Castillo Cisneros::
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