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Un nuevo debate sobre la protección de los animales hará la Corte Constitucional. El alto tribunal se encuentra estudiando una demanda que se presentó en contra de unos apartados del Decreto Ley 2811 de 1974 y del Estatuto de Protección Animal de 1989 que permiten la caza de fauna silvestre con fines deportivos, así como de la existencia de cotos de caza, que son áreas destinadas a esa actividad.
La demanda la presentó la ciudadana Laura Juliana Santacoloma Méndez argumentando que la caza deportiva desconoce los principios de dignidad humana, solidaridad y prevalencia del interés general y reducen a los animales a un “mero negocio”. El caso está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo, quien ya recibió el concepto del procurador General, Fernando Carrillo.
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Para el Ministerio Público, no existe una justificación válida que permita determinar que su práctica es necesaria y que el sufrimiento que padecen los animales sea razonable o proporcional. “Es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, dice el concepto.
Para el organismo de control, la caza deportiva es contraria a la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991, porque matar a un animal por recreación implicaría desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país. “Este tipo de caza no se trata de una actividad justificada en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies”, agregó la entidad.
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