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La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputar a 10 excombatientes de las Farc utilizando la calificación jurídica que es propia de los pueblos indígenas. Según el Ministerio Público, los sistemas normativos de estas comunidades describirían de forma más acertada las afectaciones que han sufrido. Los excombatientes están vinculados al macrocaso 5, el cual se concentra en los crímenes que sucedieron en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
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El pronunciamiento llega luego de que la entidad analizara las declaraciones que entregaron víctimas y comparecientes de 12 municipios del norte del Cauca y cinco del sur del Valle, los cuales mostraron una “práctica generalizada de violencia extrema”, particularmente, en contra de territorios indígenas y afrocolombianos. La Procuraduría expone que estas prácticas serían equiparables al etnocidio y podrían ser incluso más graves que las que establece el Estatuto de Roma, bajo el cual se rige la JEP.
Para el Ministerio Público, la intensidad de la violencia, que cometieron las Farc durante varias décadas, puso en riesgo de exterminio a las comunidades étnicas, hecho que ya fue reconocido por el Estado colombiano. Esta situación “ha llevado a que se considere necesaria una calificación jurídica propia, a partir de las desarmonías denominadas por el pueblo Nasa: “fxi’zenxis ptxuçxa peba i’khnatx yuwe”, que traducida al español significa: el que viene a destruirnos y “Uma Kiwes Pxhiunxi Wee”, que significa: acabar de manera cruel con la madre tierra” puntualiza la entidad.
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Los excombatientes habrían incurrido en reclutamiento forzado de menores de edad, confinamientos, desplazamiento forzado y lingüicidio, según el análisis realizado por el ente de control al Auto que expidió la JEP. La Jurisdicción asegura que hubo 51.125 muertes violentas en el contexto del Caso 05, un número que es mayor al de la población total de la mayoría de municipios que son priorizados dentro de este macrocaso.
“El daño fue tan grande que la Asociación Colombiana Indígena, ACIN, envió una carta abierta al máximo comandante, Timoleón Jiménez, el 24 de abril de 2012, en la que pidió aclararan si la intención de sus acciones en los territorios era genocida”, puntualiza el Ministerio Público quien ve la situación con preocupación.
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