Procuraduría pide a la JEP imputar tortura a comandantes del Bloque Noroccidental
Lo hizo en un documento en que realizó sus observaciones al caso 01 sobre secuestro. El Ministerio Público también reiteró su solicitud a la JEP, para que el reconocimiento de delitos sea individual y los responsables le den la cara al país.
En sus observaciones al macrocaso 01, subcaso Bloque Nororccidental de las FARC, la Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputar a los máximos comandantes de ese bloque por crímenes de lesa humanidad como esclavitud, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, cometidos, entre otros, en contra de menores de edad, mujeres y ancianos.
Lea además: JEP: Así secuestró cada bloque de las Farc
En el documento el procurador Jairo Acosta Aristizábal aseguró además que existe la necesidad latente de que las víctimas con enfoques diferenciales sean exaltadas. “Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables. Se han convertido en caminantes perpetuos, siguen reclamando restitución de tierras o indemnizaciones: reclaman lo que es suyo. El riesgo ante esta deuda, aún vigente, es que como sociedad y Estado volvamos a fallarles”.
Frente a este caso, la Procuraduría informó que de las versiones de comparecientes y víctimas relacionadas en el expediente, se identificaron 454 hechos cometidos por esta estructura, que agrupan un total de 1.200 víctimas: 167 mujeres, 895 hombres, tres personas con orientación sexual e identidad de género diversa y al menos 38 niños, niñas y jóvenes.
Lea: FARC fue una “máquina” de secuestros en Tolima, Huila y Quindío: JEP
Según la Procuraduría, los crímenes más reiterados son la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 134 víctimas y el homicidio de 66 personas. En cuanto a las formas de ejecución de los secuestros, el 36% se ejecutaron bajo la modalidad de retención en vías, mientras que un 17,84% por invasión a la propiedad privada.
Por último, el Ministerio Público concluyó en su análisis, que existió un patrón particular dentro de este bloque según el cual el homicidio fue un tratamiento recurrente de víctimas de secuestro. “También que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que el homicidio de personas en cautiverio era un asunto del que la dirección tenía conocimiento o al menos debía tenerlo, por lo cual deberá determinarse cómo operó este patrón en particular, quiénes autorizaron el asesinato de personas en cautiverio y cuáles frentes tuvieron participaron en esta”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En sus observaciones al macrocaso 01, subcaso Bloque Nororccidental de las FARC, la Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputar a los máximos comandantes de ese bloque por crímenes de lesa humanidad como esclavitud, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, cometidos, entre otros, en contra de menores de edad, mujeres y ancianos.
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En el documento el procurador Jairo Acosta Aristizábal aseguró además que existe la necesidad latente de que las víctimas con enfoques diferenciales sean exaltadas. “Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables. Se han convertido en caminantes perpetuos, siguen reclamando restitución de tierras o indemnizaciones: reclaman lo que es suyo. El riesgo ante esta deuda, aún vigente, es que como sociedad y Estado volvamos a fallarles”.
Frente a este caso, la Procuraduría informó que de las versiones de comparecientes y víctimas relacionadas en el expediente, se identificaron 454 hechos cometidos por esta estructura, que agrupan un total de 1.200 víctimas: 167 mujeres, 895 hombres, tres personas con orientación sexual e identidad de género diversa y al menos 38 niños, niñas y jóvenes.
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Según la Procuraduría, los crímenes más reiterados son la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 134 víctimas y el homicidio de 66 personas. En cuanto a las formas de ejecución de los secuestros, el 36% se ejecutaron bajo la modalidad de retención en vías, mientras que un 17,84% por invasión a la propiedad privada.
Por último, el Ministerio Público concluyó en su análisis, que existió un patrón particular dentro de este bloque según el cual el homicidio fue un tratamiento recurrente de víctimas de secuestro. “También que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que el homicidio de personas en cautiverio era un asunto del que la dirección tenía conocimiento o al menos debía tenerlo, por lo cual deberá determinarse cómo operó este patrón en particular, quiénes autorizaron el asesinato de personas en cautiverio y cuáles frentes tuvieron participaron en esta”.
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