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La Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que llame en calidad de testigo al excomandante de las Fuerzas Militares, general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro, por una masacre ocurrida en Urabá en agosto de 1995. Según el Ministerio Público, el militar (r) tendría información sobre supuestas alianzas entre el Ejército y grupos paramilitares que perpetraron los hechos.
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El ente de control fundamenta su petición en las versiones entregadas por varios comparecientes ante la JEP, que pertenecieron al Batallón de Infantería N°46 Voltígeros, ubicado en el Urabá antioqueño. Los militares hablaron en la justicia transicional sobre “diferentes hechos violentos y presuntas relaciones entre agentes del Estado y grupos paramilitares en el Urabá entre 1995 y 2011″, periodo en el que Zapateiro y otros uniformados estuvieron a cargo.
El llamado que hace la Procuraduría es porque el excomandante de las Fuerzas Militares y otros oficiales y suboficiales, dice el ente de control, “tuvieron cargos de mando y coordinación de operaciones en esa unidad militar”. Por eso, dice el Ministerio Público, son ellos quienes pueden “profundizar en la verdad sobre la ocurrencia de diferentes hechos violentos durante ese lapso”.
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La Procuraduría entregó a la JEP un documento con observaciones, con las cuales busca que el llamado al general (r) se materialice. Según el Ministerio Público, la comparecencia de Zapateiro ayudaría en la “protección y garantía de los derechos de las víctimas”, así como lo haría el llamado a otros integrantes de la Fuerza Pública y exparamilitares.
¿De qué caso quiere la Procuraduría que hable Zapateiro?
La citación que busca la Procuraduría que haga la JEP al excomandante de las Fuerzas Militares, es para que de testimonio de los hechos que rodearon la llamada “masacre de El Aracatazo”. Este crimen ocurrió el 12 de agosto de 1995 en una discoteca con el mismo nombre en Chigorodó (Urabá antioqueño), en el que 18 personas fueron asesinadas.
Para ese momento, dice la Procuraduría, Zapateiro era capitán y comandante de la compañía Córdoba, parte del Batallón ya mencionado. Dos pelotones, dice el Ministerio Público, llegaron al lugar y, de acuerdo con las versiones de los militares en la JEP, el Ejército “habrían permitido el accionar del grupo paramilitar que perpetró la masacre”.
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Alonso Pío Fernández, procurador primero delegado ante la JEP, asegura que la solicitud de la Procuraduría “es con el ánimo de que el testimonio del general Zapateiro sirva para esclarecer y brinde más luces a la magistratura y al Ministerio Público para determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar que a él le consten sobre este hecho, tendientes a la construcción de la verdad”.
Los otros testigos que pide la Procuraduría
Además de Eduardo Enrique Zapateiro, el ente de control quiere que el sargento Bauidilio López también hable en la JEP.El militar era cabo del batallón en esa época y, según el Ministerio Público, podría ayudar a esclarecer cuál fue “la orden precisa que, para el 12 de agosto de 1995, se emitió por parte de la comandancia”.
Asimismo, piden que el “teniente Juan Carlos Arbeláez, perteneciente a las Fuerzas Especiales, quien estuvo encargado de capturar a algunos de los paramilitares que cometieron la masacre” sea testigo ante la JEP. Arbeláez, dice la Procuraduría, podría ayudar a “esclarecer cómo se llevó a cabo ese procedimiento y una posible coordinación del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño con el Ejército”.
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