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Este viernes 8 de noviembre la Procuraduría hizo un nuevo llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para que esa entidad estructure un plan para distribuir los 80 carrotanques que están parqueados en batallones y parqueaderos públicos en La Guajira. Los vehículos han estado allí desde inicios de este año, cuando estalló el escándalo de corrupción liderado por Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Para el Ministerio Público, la relocalización de los carrotanques se debe adelantar bajo criterios técnicos, “sustentado en el análisis de las condiciones geográficas de los potenciales municipios o distritos beneficiados, los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y las características técnicas de los vehículos que permita su movilidad y funcionalidad para atender a las poblaciones más afectadas por el fenómeno de El Niño, frente al desabastecimiento de agua”.
Así mismo, el ente de control que dirige Margarita Cabello expresó preocupación ante la posibilidad de que el acceso a la información sobre el proceso de aseguramiento y reubicación de los vehículos se realice una vez adjudicado el contrato, pues, señala el Ministerio Público, “para dicho momento, ya deberían estar subsanadas las observaciones previamente sugeridas por las partes y por la Procuraduría”.
La Procuraduría también le insistió a la Unidad coordinar con el Ministerio de Defensa para adelantar los peritajes que puedan establecer las condiciones de los vehículos, pues se ha mencionado dentro del proceso que algunos vehículos cuentan con varios defectos y que, por ejemplo, no están equipados con aire acondicionado.
Además, el Ministerio Público pidió que de la coordinación entre la cartera y la entidad encargada de atender desastres se evidencie un listado de las entidades territoriales interesadas en recibir los vehículos y se comunique a las aseguradoras en la que se relacionen los posibles lugares en los que podrían ser relocalizados los carrotanques.
La autoridad disciplinaria recalcó que se contempla como falta gravísima relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente, el “no dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres en los términos establecidos en la Ley y que, omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades, constituye una falta disciplinaria de conformidad a lo establecido en el Código General Disciplinario”.
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