La Procuraduría solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés poner en marcha un incidente de desacato en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por el vertimiento de aguas residuales domésticas en el sector de Schooner Bight, en San Andrés.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), evidenció que estos residuos provenían del lavado de elementos de cocina y del uso de planta de tratamiento de aguas residuales en la cárcel Nueva Esperanza. El incidente de desacato fue solicitado a partir de los hallazgos sobre la persistencia de descargas al exterior de la penitenciaría, encontrados durante el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por tribunal desde el 2022.
A pesar de contar con un fallo de acción popular que protegió los derechos colectivos de los sanandresanos, Tanto el Inpec como la Uaspec habían incumplido al descargar de manera intermitente las aguas residuales en el sector de Schooner Bight, por falta de un sistema apropiado para su manejo y recolección.
En visita del seguimiento efectuado a la cárcel Nueva Esperanza, la Corporación Coralina evidenció una infracción ambiental relacionada con la prohibición de verter aguas en calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias.
El Ministerio Público advirtió que de manera irresponsable y deliberada las entidades “han incumplido la orden judicial emitida desde el 2022, consistente en remover las tuberías que salen a los predios vecinos para evitar afectaciones a quienes habitan en las zonas aledañas a este centro carcelario”.
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