Procuraduría pide declarar estado de cosas inconstitucional para los indígenas wayuu

El Procurador General, Fernando Carrillo, le pidió a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucional por la crisis que afronta La Guajira. Se trata de una petición de la más alta importancia pues, si el alto tribunal tiene en cuenta este pronunciamiento, se reconocería, por fin, que en ese departamento se vive una vulneración repetida y constante de derechos fundamentales. Además, el jefe del Ministerio Público pidió “unificar las medidas que tanto el Gobierno como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta los wayuu”.

Carrillo señaló que las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, acceso a agua potable con suficiencia y calidad. El jefe del Ministerio Público considera que debe ser la Sala Plena del alto tribunal y no una la Sala de Revisión, la que tome las decisiones de fondo para solucionar las crisis en la Guajira. El procurador señaló que la problemática humanitaria en este departamento persiste por la poca capacidad de respuesta técnica, administrativa y financiera de la Gobernación, específicamente en los temas relacionados con la infancia y la adolescencia.

El procurador llamó la atención sobre las demoras en la expedición del Conpes de La Guajira que se anunció desde febrero de 2016, documento que entregaría los lineamientos para invertir seguridad alimentaria, salud, educación, acceso al agua potable, saneamiento básico, fuentes de trabajo y vías de acceso. “Es necesario que se restablezca la confianza entre la comunidad indígena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que implica un verdadero diálogo”, aseguró Carrillo. Además, que sea el sistema de salud el que asuma la recuperación nutricional de los niños por ser de su competencia. (La Guajira: ¿más de una década en manos de la corrupción política?)

Por otra parte, la Procuraduría alertó que las unidades móviles de salud del ICBF no están siendo provistas adecuadamente. “Existe falta de compromiso de las entidades prestadoras de salud, lo que ha impedido que el plan de vacunación no llegue a la meta nacional y de los entes territoriales que han permitido que la Atención Integral a la Primera Infancia no resulte efectiva. Además, no hay un sistema unificado de información que logre garantizar los derechos de esta población” señaló Carrillo.  

A lo anterior, añadió el procurador, se suman las deficiencias en la planeación, implementación y evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la ausencia de vías de acceso en el departamento que, a juicio del Ministerio Público, dificulta que las medidas que se adopten para superar la crisis humanitaria logren sus objetivos. 

Sobre el acceso al agua que tiene la comunidad wayuu, el Ministerio Público advirtió que no se evidencian avances para lograr el suministro del preciado líquido. Carrillo solicitó revisar el tema de la represa de El Cercado ubicada en el río Ranchería y fuente de abastecimiento de la comunidad. Para Carrillo también es importante revisar la responsabilidad que tiene el yacimiento de explotación de carbón El Cerrejón en los problemas de suministro de agua a la región. 

El Procurador General, Fernando Carrillo, le pidió a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucional por la crisis que afronta La Guajira. Se trata de una petición de la más alta importancia pues, si el alto tribunal tiene en cuenta este pronunciamiento, se reconocería, por fin, que en ese departamento se vive una vulneración repetida y constante de derechos fundamentales. Además, el jefe del Ministerio Público pidió “unificar las medidas que tanto el Gobierno como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta los wayuu”.

Carrillo señaló que las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, acceso a agua potable con suficiencia y calidad. El jefe del Ministerio Público considera que debe ser la Sala Plena del alto tribunal y no una la Sala de Revisión, la que tome las decisiones de fondo para solucionar las crisis en la Guajira. El procurador señaló que la problemática humanitaria en este departamento persiste por la poca capacidad de respuesta técnica, administrativa y financiera de la Gobernación, específicamente en los temas relacionados con la infancia y la adolescencia.

El procurador llamó la atención sobre las demoras en la expedición del Conpes de La Guajira que se anunció desde febrero de 2016, documento que entregaría los lineamientos para invertir seguridad alimentaria, salud, educación, acceso al agua potable, saneamiento básico, fuentes de trabajo y vías de acceso. “Es necesario que se restablezca la confianza entre la comunidad indígena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que implica un verdadero diálogo”, aseguró Carrillo. Además, que sea el sistema de salud el que asuma la recuperación nutricional de los niños por ser de su competencia. (La Guajira: ¿más de una década en manos de la corrupción política?)

Por otra parte, la Procuraduría alertó que las unidades móviles de salud del ICBF no están siendo provistas adecuadamente. “Existe falta de compromiso de las entidades prestadoras de salud, lo que ha impedido que el plan de vacunación no llegue a la meta nacional y de los entes territoriales que han permitido que la Atención Integral a la Primera Infancia no resulte efectiva. Además, no hay un sistema unificado de información que logre garantizar los derechos de esta población” señaló Carrillo.  

A lo anterior, añadió el procurador, se suman las deficiencias en la planeación, implementación y evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la ausencia de vías de acceso en el departamento que, a juicio del Ministerio Público, dificulta que las medidas que se adopten para superar la crisis humanitaria logren sus objetivos. 

Sobre el acceso al agua que tiene la comunidad wayuu, el Ministerio Público advirtió que no se evidencian avances para lograr el suministro del preciado líquido. Carrillo solicitó revisar el tema de la represa de El Cercado ubicada en el río Ranchería y fuente de abastecimiento de la comunidad. Para Carrillo también es importante revisar la responsabilidad que tiene el yacimiento de explotación de carbón El Cerrejón en los problemas de suministro de agua a la región.