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El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tendrá que dar explicaciones en la Procuraduría por los 18 convenios que ha suscrito su administración con la empresa de servicios públicos de la ciudad, Emcali. Además, el ente de control se metió a la polémica que atraviesa estas semanas a la capital del Valle: las posibles movidas irregulares para entregarle a una filial de esa misma compañía el alumbrado público de todo el municipio.
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Jorge Iván Ospina tiene que justificar “de manera detallada cada uno de los 18 contratos o convenios interadministrativos celebrados entre distintas entidades del municipio y Emcali”, explicó la Procuraduría en un comunicado. El Ministerio Público le hizo el llamado al alcalde en medio de un proceso de vigilancia preventiva a la gestión de la ciudad.
La entidad fue clara en los elementos que debe contener la información que entregue el alcalde de Cali: “deberá explicar, entre otros asuntos, el estado actual de ejecución de cada contrato o convenio, si existen contrataciones derivadas de dichos convenios o contratos, los recursos ejecutados hasta la fecha, y la experiencia e idoneidad de Emcali para ejecutar dichos negocios jurídicos”.
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La solicitud llega cuando en la ciudad se vive una polémica: ¿qué hacer con el contrato de alumbrado público? El privado que lo manejaba terminó su contrato en diciembre de 2021 y el proyecto que presentó la Alcaldía de Ospina para que el tema lo manejara una compañía de economía mixta se cayó. Por estos días, entonces, estaba sonando que la empresa Emcali estaría moviéndose para que el contrato quedara en una de sus filiales. Y allí también indaga la Procuraduría.
En concreto, en Caligen. Según denunció la revista Cambio, y recogieron medios de la región, esta empresa fue creada por Emcali —dueña del 90%— en 1997, pero recientemente fue “resucitada”. Al parecer, se hicieron maniobras en sus registros para hacerla idónea y que le puedan entregar el millonario contrato de alumbrado público.
Una de las voces que ha denunciado este supuesto entramado es la concejala liberal Diana Rojas, quien aseguró en una entrevista en El País: “El 8 de abril, Jorge Iván registra en la Cámara de Comercio un acta como socio de Caligen, con el fin de transformar la empresa de limitada a S.A.S., porque esta figura le permite realizar más actividades comerciales con menos responsabilidades. También se aumenta el capital de $ 1 millón a $ 5000 millones, cambia el objeto social; tenía uno y ahora tiene seis, pues Caligen se creó, en su momento, para el sector eléctrico”.
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En ese sentido, la Procuraduría le pidió explicaciones al gerente de Emcali, Juan Diego Flórez. Entre otros documentos, el representante legal deberá enviar al ente de control “copia de las actas de juntas de socios, estados financieros, reformas estatuarias de la sociedad, así como de los estudios jurídicos, técnicos y financieros que justifican una inversión estratégica de 5.000 millones de pesos al capital social de Caligen SAS”.
La Procuraduría también lanzó una advertencia: “esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles riesgos de gestión pública que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los caleños, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Cali”.
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