Procuraduría pide negar solicitud de exfarc de tumbar casos de delitos sexuales

Desde el pasado 8 de octubre, la Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que desestime una solicitud de nulidad presentada por miembros de las extintas FARC, en la que hacen un llamado a que se desestimen los casos de violencia sexual en los que se señala como responsables a algunos firmantes de paz y se tumbe la imputación en su contra por estos crímenes en el macrocaso 02 que investiga la Jurisdicción.

El documento, revelado por W Radio, contiene la firma de la procuradora delegada ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, y va dirigido hacia el despacho de la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción. Allí, la delegada del Ministerio Público pone de presente su preocupación respecto al posible archivo de estos casos, a petición de la defensa de los excombatientes.

“El llamado es (...) a evitar que se pongan en contraposición, de manera irreconciliable, los derechos a la defensa de los comparecientes y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es posible el ejercicio de ambos sin incurrir en el desconocimiento de alguno y para ello también ejerce su intervención especial el Ministerio Público, como ocurre en este escenario”, señala el documento.

Como conclusión, el despacho de la procuradora Jiménez solicita que se niegue “la solicitud de nulidad presentada por la defensa de algunos comparecientes de las extintas FARC en contra del patrón 4: violencia sexual y de género contra mujeres y niñas y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”.

Y es que, según documentó el medio radial, la solicitud estaría impulsada por algunos exjefes de la extinta guerrilla, como alias Pablo Catatumbo y Edgar López Gómez, más conocido como Pacho Chino. De forma reservada, la defensa de los firmantes solicitó ante la JEP tumbar la imputación por los delitos sexuales investigados en el macrocaso 02 (situación territorial en Nariño) y argumentan, entre otras cosas, que sus derechos fueron vulnerados, pues, cuando se abrió ese caso en Nariño, no se tuvo en cuenta la temática de delitos sexuales.

Según el medio radial, los excombatientes también habrían señalado a la magistrada Izquierdo de actuar de forma sesgada y de cometer otras supuestas irregularidades. Además, según la defensa de los exjefes de las FARC, les fue vulnerada la dignidad humana, pues aseguran que en los informes que entregaron algunas organizaciones de víctimas, cerca del 50% de los crímenes no cuentan con un actor armado identificado. Así mismo, señalan que nunca conocieron por escrito los testimonios de las víctimas e, incluso, afirman que algunos relatos no son ciertos.

Sin embargo, según documentaron varias organizaciones y la misma JEP, son más de 100 hechos en el marco del macrocaso 02 los que vinculan directamente a exmiembros de esa extinta guerrilla con delitos sexuales contra mujeres y niñas. Son esos hechos, sumado a otras pruebas, los elementos con los cuales el órgano de justicia transicional se valió para imputar estos crímenes a los exjefes de las FARC.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Desde el pasado 8 de octubre, la Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que desestime una solicitud de nulidad presentada por miembros de las extintas FARC, en la que hacen un llamado a que se desestimen los casos de violencia sexual en los que se señala como responsables a algunos firmantes de paz y se tumbe la imputación en su contra por estos crímenes en el macrocaso 02 que investiga la Jurisdicción.

El documento, revelado por W Radio, contiene la firma de la procuradora delegada ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, y va dirigido hacia el despacho de la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción. Allí, la delegada del Ministerio Público pone de presente su preocupación respecto al posible archivo de estos casos, a petición de la defensa de los excombatientes.

“El llamado es (...) a evitar que se pongan en contraposición, de manera irreconciliable, los derechos a la defensa de los comparecientes y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es posible el ejercicio de ambos sin incurrir en el desconocimiento de alguno y para ello también ejerce su intervención especial el Ministerio Público, como ocurre en este escenario”, señala el documento.

Como conclusión, el despacho de la procuradora Jiménez solicita que se niegue “la solicitud de nulidad presentada por la defensa de algunos comparecientes de las extintas FARC en contra del patrón 4: violencia sexual y de género contra mujeres y niñas y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas”.

Y es que, según documentó el medio radial, la solicitud estaría impulsada por algunos exjefes de la extinta guerrilla, como alias Pablo Catatumbo y Edgar López Gómez, más conocido como Pacho Chino. De forma reservada, la defensa de los firmantes solicitó ante la JEP tumbar la imputación por los delitos sexuales investigados en el macrocaso 02 (situación territorial en Nariño) y argumentan, entre otras cosas, que sus derechos fueron vulnerados, pues, cuando se abrió ese caso en Nariño, no se tuvo en cuenta la temática de delitos sexuales.

Según el medio radial, los excombatientes también habrían señalado a la magistrada Izquierdo de actuar de forma sesgada y de cometer otras supuestas irregularidades. Además, según la defensa de los exjefes de las FARC, les fue vulnerada la dignidad humana, pues aseguran que en los informes que entregaron algunas organizaciones de víctimas, cerca del 50% de los crímenes no cuentan con un actor armado identificado. Así mismo, señalan que nunca conocieron por escrito los testimonios de las víctimas e, incluso, afirman que algunos relatos no son ciertos.

Sin embargo, según documentaron varias organizaciones y la misma JEP, son más de 100 hechos en el marco del macrocaso 02 los que vinculan directamente a exmiembros de esa extinta guerrilla con delitos sexuales contra mujeres y niñas. Son esos hechos, sumado a otras pruebas, los elementos con los cuales el órgano de justicia transicional se valió para imputar estos crímenes a los exjefes de las FARC.

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