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La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretar medidas cautelares para la protección del cementerio municipal de Miraflores (Guaviare). Según el ente de control, en el lugar podrían haber sido abandonados los cuerpos de 19 personas ejecutadas de manera extrajudicial, en una práctica que se conoce como “falsos positivos”.
Esta solicitud se presentó a partir del análisis de las versiones voluntarias que entregaron 23 comparecientes dentro del macrocaso 08, el cual se enfoca en delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, paramilitares y otros agentes del Estado. Durante esta diligencia, los exintegrantes del Ejército aceptaron su participación en diversos crímenes y, además, además entregaron detalles sobre el paradero de algunos cuerpos.
El procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, afirmó que “se considera que la situación es urgente, debido a que existe un riesgo inminente de que los cuerpos que presuntamente se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados, destruidos o desaparecidos”. El objetivo que tiene el Ministerio Público es lograr la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas.
Según informó la Procuraduría, aún hay familias que se encuentran a la espera de poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado. Sumado a esto, tampoco se ha logrado la identificación de todos las víctimas, pese al tiempo que ha pasado. Finalmente, el Ministerio Público afirmó que no se tiene certeza de que estas víctimas sean las únicas existentes en el proceso, pues la JEP podría continuar investigando otras unidades militares del sector. Algunas de ellas fueron señaladas en el pasado de cometer este tipo de ejecuciones extrajudiciales, explica el ente de control.
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