La Procuraduría le solicitó oficialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que requiera a dos excomandantes del Gaula Militar de Casanare para que amplíen su reconocimiento de verdad, en relación a las ejecuciones extrajudiciales presentadas en ese departamento. Los excomandantes son el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte.
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La investigación de lo sucedido en Casanare, en relación con los denominados falsos positivos, se enmarca dentro del macrocaso 03 de la Jurisdicción. Hasta el momento, se han identificado 22 máximos responsables y tres participes determinantes, entre ellos el mayor general (r) Henry Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007. Todos fueron imputados por el asesinato de 303 personas en 218 eventos.
Aunque Camargo Tamayo y Soto Bracamonte ya aceptaron responsabilidad, y entregaron información del interés de la JEP, la Procuraduría detectó que, según las declaraciones de otros militares de Casanare, hay más hechos victimizantes que estos dos oficiales retirados deben ayudar a esclarecer. Sobretodo porque no lo mencionaron en sus versiones voluntarias.
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De otro lado, la Procuraduría le insistió al órgano de justicia transicional que califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad, en el marco de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales.
“Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, afirma la Procuraduría en su requerimiento.
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Para sustentar su solicitud, la Procuraduría hizo referencia a varios casos como el de la comunidad de Aguazul, Casanare, la cual fue víctima de estigmatización y represalias contra quienes fueron testigos de la muerte de sus vecinos. A estas personas les hicieron perfiles de inteligencia falsos para sustentar supuestas operaciones que terminaron con sus asesinatos, no sin antes ser torturados. Entre ellas, una joven embarazada que fue presionada, drogada y golpeada por miembros del Ejército.
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