Procuraduría pide que la Comisión de la Verdad dure siete meses adicionales

Siete meses. Ese es el periodo adicional que, según la procuradora general Margarita Cabello, necesita la Comisión de la Verdad para seguir funcionando en Colombia y, así, poder emitir un grueso informe sobre el conflicto armado. La Comisión, naciente del Sistema de Paz junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concluiría sus funciones en apenas tres meses, sin embargo, en la Corte Constitucional cursa una demanda para alargar su presencia.

En contexto: Corte Constitucional definirá si extiende funcionamiento de Comisión de la Verdad

Gloria Ramírez, una de las demandantes ante la Corte Constitucional, asegura que la Comisión “es un bálsamo para las víctimas” y que la pandemia por Covid-19 entorpeció las actividades de la entidad. Solicita, al menos, un año. Como la demanda está en estudio, la Corte solicita a instituciones públicas e involucrados conceptos sobre el posible alargamiento del periodo. Entre los conceptos está el de la Procuraduría, la cual cree que siete meses es un tiempo justo.

Margarita Cabello explicó que la pandemia por coronavirus impidió el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución del proyecto de la Comisión, en especial en aquellas regiones “donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”.

Video: “Las víctimas lo fortalecen a uno para seguir trabajando por la paz”: Timochenko

Según explicó la Procuraduría, si el plazo de la Comisión se vence en noviembre próximo, se afectarían los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Además, el informe final no podría tener el alcance suficiente, siendo que se espera que recopile la multiplicidad de eventos victimizantes registrados a lo largo de la guerra. Para la Procuraduría, proteger a la Comisión de la Verdad es un paso para avanzar en las garantías de verdad y no repetición.

Además, en un concepto de 40 páginas, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión, agregó que de los 32 meses que su institución ha estado funcionando, en 17 ha enfrentado el fenómeno de la pandemia: “A pesar de la adopción de medidas para sobrellevar la nueva realidad, la pandemia generó un retraso en el cumplimiento del mandato de la Comisión que a estas alturas tiene consecuencias irreversibles, pues ha privado a la entidad de contar efectivamente con su período de tres años”.

Lea: Uribe niega cualquier responsabilidad sobre “falsos positivos”

El Espectador conoció que el Gobierno actual no está de acuerdo con darle un tiempo extra a la Comisión. En un documento de 45 páginas, la Rama Ejecutiva explica que los términos de la institución deberían ser evaluados exclusivamente por el Congreso, donde no se habría propuesto, hasta hora, una modificación. Aunque la Corte Constitucional alargue el funcionamiento de la Comisión, los comisionados trabajan a contrarreloj por si los resultados deben ser publicados en noviembre próximo.

Este año, de hecho, se han conocido entrevistas públicas de peso ante la Comisión de la Verdad. La última sesión se dio a principios de este mes, cuando el expresidente Álvaro Uribe se refirió a los “falsos positivos” que se presentaron en su gobierno, al menos 6.402 según la JEP (jurisdicción que Uribe no reconoce). Así respondió: “Yo he sido una persona exigente, no puede venir a decir que por eso se cometieron crímenes. Tengo que decir que la culpa no es de quien exige resultados con trasparencia”.

En contexto: Mancuso y Timochenko se encuentran en la Comisión de la Verdad

Uribe Vélez, sin embargo, aclaró que la reunión se dio exclusivamente con De Roux y no en el marco de la Comisión. La entidad, por otro lado, este año recibió los testimonios del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, Timochenko, quienes son los más importantes perpetradores del conflicto armado con vida. Ambos aseguraron que aportaron la verdad, en un intento por reparar a las nueve millones de víctimas acreditadas de la guerra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Siete meses. Ese es el periodo adicional que, según la procuradora general Margarita Cabello, necesita la Comisión de la Verdad para seguir funcionando en Colombia y, así, poder emitir un grueso informe sobre el conflicto armado. La Comisión, naciente del Sistema de Paz junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concluiría sus funciones en apenas tres meses, sin embargo, en la Corte Constitucional cursa una demanda para alargar su presencia.

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Gloria Ramírez, una de las demandantes ante la Corte Constitucional, asegura que la Comisión “es un bálsamo para las víctimas” y que la pandemia por Covid-19 entorpeció las actividades de la entidad. Solicita, al menos, un año. Como la demanda está en estudio, la Corte solicita a instituciones públicas e involucrados conceptos sobre el posible alargamiento del periodo. Entre los conceptos está el de la Procuraduría, la cual cree que siete meses es un tiempo justo.

Margarita Cabello explicó que la pandemia por coronavirus impidió el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución del proyecto de la Comisión, en especial en aquellas regiones “donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”.

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Según explicó la Procuraduría, si el plazo de la Comisión se vence en noviembre próximo, se afectarían los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Además, el informe final no podría tener el alcance suficiente, siendo que se espera que recopile la multiplicidad de eventos victimizantes registrados a lo largo de la guerra. Para la Procuraduría, proteger a la Comisión de la Verdad es un paso para avanzar en las garantías de verdad y no repetición.

Además, en un concepto de 40 páginas, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión, agregó que de los 32 meses que su institución ha estado funcionando, en 17 ha enfrentado el fenómeno de la pandemia: “A pesar de la adopción de medidas para sobrellevar la nueva realidad, la pandemia generó un retraso en el cumplimiento del mandato de la Comisión que a estas alturas tiene consecuencias irreversibles, pues ha privado a la entidad de contar efectivamente con su período de tres años”.

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Este año, de hecho, se han conocido entrevistas públicas de peso ante la Comisión de la Verdad. La última sesión se dio a principios de este mes, cuando el expresidente Álvaro Uribe se refirió a los “falsos positivos” que se presentaron en su gobierno, al menos 6.402 según la JEP (jurisdicción que Uribe no reconoce). Así respondió: “Yo he sido una persona exigente, no puede venir a decir que por eso se cometieron crímenes. Tengo que decir que la culpa no es de quien exige resultados con trasparencia”.

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Uribe Vélez, sin embargo, aclaró que la reunión se dio exclusivamente con De Roux y no en el marco de la Comisión. La entidad, por otro lado, este año recibió los testimonios del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, Timochenko, quienes son los más importantes perpetradores del conflicto armado con vida. Ambos aseguraron que aportaron la verdad, en un intento por reparar a las nueve millones de víctimas acreditadas de la guerra.

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