Procuraduría pide que no se investigue a Postobón en caso de Justicia y Paz

Hace dos semanas, el tribunal de Justicia y Paz de Bogotá tomó una decisión polémica que afectó a una de las empresas más importantes de Colombia. Ese día, 11 de julio, el juzgado de la capital le pidió a la Fiscalía que investigue los supuestos nexos de empleados de la empresa Postobón con paramilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB), que operaba en el Cesar. La polémica no se hizo esperar. La empresa se defendió y dijo que rechazaba cualquier asociación con actividades ilegales. Como otro mecanismo de defensa, la Procuraduría acaba de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que no tenga en cuenta la solicitud que hizo el tribunal pues, asegura, que no se hicieron las mínimas verificaciones antes de ordenar la investigación.

La investigación que pide el Tribunal de Justicia y Paz se conoció tras la condena de Javier Antonio Quintero Coronel, un comandante de paramilitar que le rendía cuentas a Juancho Prada. En la sentencia de 434 páginas, se relató que, supuestamente, Postobón habría hecho un pago para distribuir cajas de gaseosa en la región. Solo en tres páginas del extenso fallo se mencionó esta supuesta relación y la única prueba que tuvo en cuenta el tribunal fue el testimonio de Armando Madriaga, un desmovilizado que manejó las finanzas del grupo y rindió su declaración en octubre de 2008. (Vea: La paraeconomía, un capítulo que sigue en la impunidad)

Para la Procuraduría, por una parte, hay ciertas dudas con respecto al testimonio del desmovilizado que motivó la compulsa de copias. Según el Ministerio Público, el desmovilizado “no señala personas o establecimientos en concreto, ni aporta elementos que permitan establecer el orden de esa financiación y tampoco, si los aportes (asumiendo que se dijeron), fueron voluntarios, por cercanía con la causa paramilitar como lo sugiere la Sala o por el contrario, correspondían al cobro de ‘cuotas’ que impusieron en la zona en la que operaban los comerciantes”.

Además, para la cartera que dirige Alejandro Ordóñez es grave que el Tribunal de Justicia y Paz no haya verificado la información que dio el desmovilizado con jefes paramilitares que delinquieron en esta zona del norte del país. La decisión de pedirle a la Fiscalía que investigue este caso se dio, dice la Procuraduría, “sin que haya habido lugar a la contracción; sin que su conducta esté siendo objeto de valoración de la Sala; sin hacer mínimas verificaciones tendientes a determinar si las contribuciones que se le endilgan fueron voluntarias”.

Algunos de los argumentos presentados hoy por la Procuraduría son similares a los que hizo uno de los magistrados del Tribunal que dio la orden de compulsar copias a la Fiscalía. Se trata de Eduardo Castellanos Roso, quien en su salvamento de voto, explicó que el testimonio del desmovilizado Armando Madriaga era “ambiguo, incompleto e impreciso en muchos sentidos”, y que además había sido este relato la única prueba que la sala tuvo en cuenta para su decisión.

“Madriaga Picón nunca precisó de quién se trataba y tampoco aportó información que permita establecer la identidad del supuesto gerente que ordenó financiar al Frente HJPB”, criticó el magistrado Castellanos, quien consideró que esos vacíos informativos no eran indicios suficientes para que el Tribunal de Bogotá exhortara a la Fiscalía a adelantar una investigación. “Sobre todo –agregó- si se tiene en cuenta que en el organigrama de la empresa Postobón, no existe una planta de producción en el municipio de Aguachica”, que era donde Madriaga operaba.

Por esas razones, me aparto de la consideración de la Sala mayoritaria de mencionar a la empresa Postobón como presunta financiadora del paramilitarismo, y de exhortar a la Fiscalía para que se investiguen a sus empleados, pues no comparto que se dañe la reputación de una compañía al nombrarla en una decisión judicial sin tener los elementos probatorios suficientes para hacerlo”, concluyó el magistrado Castellanos. (Vea más sobre el salvamento de voto del magistrado Castellanos aquí)

Mientras la Corte Suprema de Justicia decide si acepta o no la petición de la Procuraduría, este caso se convierte en un recordatorio de uno de los capítulos que en la historia de la violencia del país permanece en impunidad: la llamada paraeconomía. El caso que más se ha documentado es el de los bananeros en el Urabá –un ejemplo es el caso de la empresa Chiquita Brands–, pero en el resto del país las investigaciones para determinar qué otras empresas financiaron a los paramilitares han brillado o por la falta de resultados, o por su lentitud o por su ausencia.  Los cálculos de la propia Fiscalía indican que desde Justicia y Paz se han producido más de 4.000 órdenes para investigar. Con el grupo especial se priorizaron 50 casos, pero se desconocen los avances.

Hace dos semanas, el tribunal de Justicia y Paz de Bogotá tomó una decisión polémica que afectó a una de las empresas más importantes de Colombia. Ese día, 11 de julio, el juzgado de la capital le pidió a la Fiscalía que investigue los supuestos nexos de empleados de la empresa Postobón con paramilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra (HJPB), que operaba en el Cesar. La polémica no se hizo esperar. La empresa se defendió y dijo que rechazaba cualquier asociación con actividades ilegales. Como otro mecanismo de defensa, la Procuraduría acaba de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que no tenga en cuenta la solicitud que hizo el tribunal pues, asegura, que no se hicieron las mínimas verificaciones antes de ordenar la investigación.

La investigación que pide el Tribunal de Justicia y Paz se conoció tras la condena de Javier Antonio Quintero Coronel, un comandante de paramilitar que le rendía cuentas a Juancho Prada. En la sentencia de 434 páginas, se relató que, supuestamente, Postobón habría hecho un pago para distribuir cajas de gaseosa en la región. Solo en tres páginas del extenso fallo se mencionó esta supuesta relación y la única prueba que tuvo en cuenta el tribunal fue el testimonio de Armando Madriaga, un desmovilizado que manejó las finanzas del grupo y rindió su declaración en octubre de 2008. (Vea: La paraeconomía, un capítulo que sigue en la impunidad)

Para la Procuraduría, por una parte, hay ciertas dudas con respecto al testimonio del desmovilizado que motivó la compulsa de copias. Según el Ministerio Público, el desmovilizado “no señala personas o establecimientos en concreto, ni aporta elementos que permitan establecer el orden de esa financiación y tampoco, si los aportes (asumiendo que se dijeron), fueron voluntarios, por cercanía con la causa paramilitar como lo sugiere la Sala o por el contrario, correspondían al cobro de ‘cuotas’ que impusieron en la zona en la que operaban los comerciantes”.

Además, para la cartera que dirige Alejandro Ordóñez es grave que el Tribunal de Justicia y Paz no haya verificado la información que dio el desmovilizado con jefes paramilitares que delinquieron en esta zona del norte del país. La decisión de pedirle a la Fiscalía que investigue este caso se dio, dice la Procuraduría, “sin que haya habido lugar a la contracción; sin que su conducta esté siendo objeto de valoración de la Sala; sin hacer mínimas verificaciones tendientes a determinar si las contribuciones que se le endilgan fueron voluntarias”.

Algunos de los argumentos presentados hoy por la Procuraduría son similares a los que hizo uno de los magistrados del Tribunal que dio la orden de compulsar copias a la Fiscalía. Se trata de Eduardo Castellanos Roso, quien en su salvamento de voto, explicó que el testimonio del desmovilizado Armando Madriaga era “ambiguo, incompleto e impreciso en muchos sentidos”, y que además había sido este relato la única prueba que la sala tuvo en cuenta para su decisión.

“Madriaga Picón nunca precisó de quién se trataba y tampoco aportó información que permita establecer la identidad del supuesto gerente que ordenó financiar al Frente HJPB”, criticó el magistrado Castellanos, quien consideró que esos vacíos informativos no eran indicios suficientes para que el Tribunal de Bogotá exhortara a la Fiscalía a adelantar una investigación. “Sobre todo –agregó- si se tiene en cuenta que en el organigrama de la empresa Postobón, no existe una planta de producción en el municipio de Aguachica”, que era donde Madriaga operaba.

Por esas razones, me aparto de la consideración de la Sala mayoritaria de mencionar a la empresa Postobón como presunta financiadora del paramilitarismo, y de exhortar a la Fiscalía para que se investiguen a sus empleados, pues no comparto que se dañe la reputación de una compañía al nombrarla en una decisión judicial sin tener los elementos probatorios suficientes para hacerlo”, concluyó el magistrado Castellanos. (Vea más sobre el salvamento de voto del magistrado Castellanos aquí)

Mientras la Corte Suprema de Justicia decide si acepta o no la petición de la Procuraduría, este caso se convierte en un recordatorio de uno de los capítulos que en la historia de la violencia del país permanece en impunidad: la llamada paraeconomía. El caso que más se ha documentado es el de los bananeros en el Urabá –un ejemplo es el caso de la empresa Chiquita Brands–, pero en el resto del país las investigaciones para determinar qué otras empresas financiaron a los paramilitares han brillado o por la falta de resultados, o por su lentitud o por su ausencia.  Los cálculos de la propia Fiscalía indican que desde Justicia y Paz se han producido más de 4.000 órdenes para investigar. Con el grupo especial se priorizaron 50 casos, pero se desconocen los avances.