Procuraduría pide rechazar demanda contra Bolívar por financiar a la Primera Línea

La Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado que rechazara la demanda de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Bolívar por, supuestamente, financiar la “Primera Línea”. Según el Ministerio Público, el parlamentario no habría vulnerado el artículo de la Constitución en el cual basaron la demanda, argumentando que por ser un funcionario público no podía financiar movimientos políticos.

Durante la audiencia de pérdida de investidura contra el exsenador en el Consejo de Estado, se argumentó que, opuesto a lo que manifiesta el abogado demandante Joan Sebastián Moreno, Bolívar no vulneró el artículo 110 de la Constitución, el cual prohíbe a funcionarios públicos financiar o promover cualquier tipo de apoyo financiero a movimientos políticos o candidatos.

Lea también: Relación entre Gustavo Bolívar y Primera Línea, a audiencia en Consejo de Estado

Según los argumentos de la Procuraduría, estos señalamientos se quedarían sin valor porque la “Primera Línea” no es una organización política reconocida como tal por las autoridades colombianas. Así mismo, se dijo que “en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político, porque este tiene una definición que le da una connotación de organización encaminada a incidir en la voluntad política o a participar en las elecciones, y en el momento en que ocurren los hechos no era posible poder identificar estos elementos”.

A su vez, dijo el procurador designado para el caso, que no se debe equiparar el movimiento social con el movimiento político porque son elementos totalmente diferentes. Según él, “para efectos de la aplicación del artículo 110 de la Constitución reiteramos tiene que estar claramente establecido que se trate de un movimiento político”.

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Aún así, el abogado Joan Sebastian Moreno, quien presentó la demanda contra el senador Bolívar, sostiene que Bolívar incurrió en una falta luego de que se promovió una colecta para financiar las acciones de la “Primera Línea”. En relación con esto, el senador había compartido una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que se buscaba dar recursos a los manifestantes, sobretodo a aquellos que en alguna ocasión terminaron enfrentados con la fuerza pública.

Lea aquí: Abren indagación a senador Gustavo Bolívar por supuesto apoyo a “primera línea”

El caso de Gustavo Bolívar, por otro lado, fue evaluado por la Corte Suprema de Justicia desde lo penal. El pasado 11 de junio, cuando el paro nacional estaba en su cresta, la Sala de Instrucción abrió una indagación preliminar contra el político. Incluso, solicitó a la Procuraduría informar si existen indagaciones disciplinarias, por dotar a esa facción de los manifestantes quienes, aseguran, son una agrupación de defensa y de respuesta contra la Policía. El Ministerio de Defensa, no obstante, asegura que están financiados por el Eln y que buscaron atentar contra uniformados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado que rechazara la demanda de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Bolívar por, supuestamente, financiar la “Primera Línea”. Según el Ministerio Público, el parlamentario no habría vulnerado el artículo de la Constitución en el cual basaron la demanda, argumentando que por ser un funcionario público no podía financiar movimientos políticos.

Durante la audiencia de pérdida de investidura contra el exsenador en el Consejo de Estado, se argumentó que, opuesto a lo que manifiesta el abogado demandante Joan Sebastián Moreno, Bolívar no vulneró el artículo 110 de la Constitución, el cual prohíbe a funcionarios públicos financiar o promover cualquier tipo de apoyo financiero a movimientos políticos o candidatos.

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Según los argumentos de la Procuraduría, estos señalamientos se quedarían sin valor porque la “Primera Línea” no es una organización política reconocida como tal por las autoridades colombianas. Así mismo, se dijo que “en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político, porque este tiene una definición que le da una connotación de organización encaminada a incidir en la voluntad política o a participar en las elecciones, y en el momento en que ocurren los hechos no era posible poder identificar estos elementos”.

A su vez, dijo el procurador designado para el caso, que no se debe equiparar el movimiento social con el movimiento político porque son elementos totalmente diferentes. Según él, “para efectos de la aplicación del artículo 110 de la Constitución reiteramos tiene que estar claramente establecido que se trate de un movimiento político”.

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Aún así, el abogado Joan Sebastian Moreno, quien presentó la demanda contra el senador Bolívar, sostiene que Bolívar incurrió en una falta luego de que se promovió una colecta para financiar las acciones de la “Primera Línea”. En relación con esto, el senador había compartido una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que se buscaba dar recursos a los manifestantes, sobretodo a aquellos que en alguna ocasión terminaron enfrentados con la fuerza pública.

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El caso de Gustavo Bolívar, por otro lado, fue evaluado por la Corte Suprema de Justicia desde lo penal. El pasado 11 de junio, cuando el paro nacional estaba en su cresta, la Sala de Instrucción abrió una indagación preliminar contra el político. Incluso, solicitó a la Procuraduría informar si existen indagaciones disciplinarias, por dotar a esa facción de los manifestantes quienes, aseguran, son una agrupación de defensa y de respuesta contra la Policía. El Ministerio de Defensa, no obstante, asegura que están financiados por el Eln y que buscaron atentar contra uniformados.

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