Procuraduría pide tumbar la Ley de Garantías del Gobierno Duque

En un concepto de ocho páginas firmado por la procuradora Margarita Cabello, el Ministerio Público se desligó del Gobierno sobre su intención de seguir adelante con la modificación a la Ley de Garantías que busca que entidades del Estado puedan celebrar contratos en plena época electoral. Para la jefe del ente de control la modificación a la norma de 2005, que se incluyó en la nueva Ley de Presupuesto no se “ajusta a la Constitución” porque las normas estatutarias no pueden ser cambiadas por “una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.

En pocas palabras, lo que quiso decir la procuradora es que el Gobierno tramitó de manera errada la nueva Ley de Garantías puesto que incluyó una norma que debía tramitarse a través de una Ley Estatutaria y no por medio de un proyecto de ley ordinario. La modificación no solo no cayó bien para la Procuraduría, sino también para un grupo de congresistas que catalogaron como un “mico” la nueva iniciativa del Estado que tiene como intención la reactivación económica del país e incentivar el empleo en varias regiones luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

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La norma no terminaba de salir del legislativo cuando fue demandada ante la Corte Constitucional. En total, el alto tribunal recibió 21 recursos que piden tumbar de tajo esa iniciativa. El expediente está en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, quien llevó ante la Sala Plena la iniciativa de suspender, a través de una medida cautelar, la norma para evitar que se siguiera contratando de esa forma. Un análisis que conoció este diario da cuenta que durante los primeros tres meses de entrada en vigencia la ley, se celebraron alrededor de 604 contratos por un valor que superó los $3.4 billones.

Aún, con esa cifra, la Sala Plena no le dio la razón a Fajardo, el estudio tendrá “urgencia nacional”. La iniciativa fue del magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien consideró que el análisis de ese proceso debía tratarse con celeridad. No obstante, la Corte estaba varada porque la procuradora Cabello no hay remitido el concepto del Ministerio Público para cerrar el estudio. Este viernes, la espera del alto tribunal culminó con el documento de ocho páginas remitido al despacho de Fajardo.

Lea aquí: Corte Constitucional acepta 21 demandas contra modificación a la Ley de Garantías

El documento, en este caso, consignó que el artículo 38 de la Ley 995 de 2005, que fue modificado por la nueva Ley de Garantías, tiene una disposición de contenido estatutario por tratarse de una prohibición asociada a la participación en política por parte de funcionarios públicos. Es decir, a juicio del ente de control es “un asunto” que por mandato constitucional solo puede ser modificado mediante un tramite legislativo especial y no ordinario como lo quiso implementar el actual Gobierno. El Ministerio Público recordó que ese trámite incluye un control previo por parte de la Corte Constitucional. “El Ministerio Público advierte que debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias, no es posible constitucionalmente su modificación”, dice el documento firmado por Cabello.

En la misiva, la procuradora resaltó que el Congreso desconoció los mandatos constitucionales de modificar una norma estatutaria por medio de una ley de presupuesto, puesto que, prácticamente, tumbó la prohibición que existía desde 2005 que frenaba la celebración de contratos entre la Nación y las regiones antes de las elecciones para evitar que los gobernantes, en especial el presidente, usaran la contratación para favorecer sus intereses durante el proceso electoral. Ahora, la puja está en el despacho de la magistrada Fajardo quien tiene sobre su escritorio no solo la intención de la Procuraduría por tumbar la norma, sino más de 20 documentos que dan cuenta del “daño” que acarrea esa iniciativa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En un concepto de ocho páginas firmado por la procuradora Margarita Cabello, el Ministerio Público se desligó del Gobierno sobre su intención de seguir adelante con la modificación a la Ley de Garantías que busca que entidades del Estado puedan celebrar contratos en plena época electoral. Para la jefe del ente de control la modificación a la norma de 2005, que se incluyó en la nueva Ley de Presupuesto no se “ajusta a la Constitución” porque las normas estatutarias no pueden ser cambiadas por “una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.

En pocas palabras, lo que quiso decir la procuradora es que el Gobierno tramitó de manera errada la nueva Ley de Garantías puesto que incluyó una norma que debía tramitarse a través de una Ley Estatutaria y no por medio de un proyecto de ley ordinario. La modificación no solo no cayó bien para la Procuraduría, sino también para un grupo de congresistas que catalogaron como un “mico” la nueva iniciativa del Estado que tiene como intención la reactivación económica del país e incentivar el empleo en varias regiones luego de la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

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La norma no terminaba de salir del legislativo cuando fue demandada ante la Corte Constitucional. En total, el alto tribunal recibió 21 recursos que piden tumbar de tajo esa iniciativa. El expediente está en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, quien llevó ante la Sala Plena la iniciativa de suspender, a través de una medida cautelar, la norma para evitar que se siguiera contratando de esa forma. Un análisis que conoció este diario da cuenta que durante los primeros tres meses de entrada en vigencia la ley, se celebraron alrededor de 604 contratos por un valor que superó los $3.4 billones.

Aún, con esa cifra, la Sala Plena no le dio la razón a Fajardo, el estudio tendrá “urgencia nacional”. La iniciativa fue del magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien consideró que el análisis de ese proceso debía tratarse con celeridad. No obstante, la Corte estaba varada porque la procuradora Cabello no hay remitido el concepto del Ministerio Público para cerrar el estudio. Este viernes, la espera del alto tribunal culminó con el documento de ocho páginas remitido al despacho de Fajardo.

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El documento, en este caso, consignó que el artículo 38 de la Ley 995 de 2005, que fue modificado por la nueva Ley de Garantías, tiene una disposición de contenido estatutario por tratarse de una prohibición asociada a la participación en política por parte de funcionarios públicos. Es decir, a juicio del ente de control es “un asunto” que por mandato constitucional solo puede ser modificado mediante un tramite legislativo especial y no ordinario como lo quiso implementar el actual Gobierno. El Ministerio Público recordó que ese trámite incluye un control previo por parte de la Corte Constitucional. “El Ministerio Público advierte que debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias, no es posible constitucionalmente su modificación”, dice el documento firmado por Cabello.

En la misiva, la procuradora resaltó que el Congreso desconoció los mandatos constitucionales de modificar una norma estatutaria por medio de una ley de presupuesto, puesto que, prácticamente, tumbó la prohibición que existía desde 2005 que frenaba la celebración de contratos entre la Nación y las regiones antes de las elecciones para evitar que los gobernantes, en especial el presidente, usaran la contratación para favorecer sus intereses durante el proceso electoral. Ahora, la puja está en el despacho de la magistrada Fajardo quien tiene sobre su escritorio no solo la intención de la Procuraduría por tumbar la norma, sino más de 20 documentos que dan cuenta del “daño” que acarrea esa iniciativa.

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