Procuraduría pidió a la JEP rechazar sometimiento de “La Gata”
Para el Ministerio Público la empresaria del chance, que tuvo vínculos probados con los paramilitares, no fue solo una financiadora del conflicto, sino un miembro activo de la organización de Autodefensas.
La Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace de tajo la solicitud de sometimiento de Enilce López, conocida como La Gata. “En concepto enviado a la Sala Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que López Romero fue integrante orgánica de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, y los miembros de ese grupo armado ilegal no son sujetos de la competencia de la JEP”, explicó la entidad en un comunicado.
(Lea también: El grupo ilegal que habrían liderado la “Gata” y Salvatore Mancuso)
Es decir que, para el Ministerio Público, La Gata fue integrante activa de grupos paramilitares, y no solo financiadora, por lo cual la JEP no podría juzgarla. López fue condenada por homicidio agravado y concierto para delinquir, pues, según explicó la Procuraduría, la justicia ordinaria concluyó que la mujer “había dirigido la estructura paramilitar del norte y el sur de Bolívar, y por lo tanto resulta evidente que su intervención no correspondió a la de una simple colaboradora de dicha organización”.
Quienes deseen ingresar a la JEP, jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz, deben aportar un plan de verdad y reparación. Y, para la Procuraduría, La Gata, quien tuvo probados nexos con los paramilitares del norte del país, amasó su fortuna a punta del negocio del chance y apoyos a campañas políticas de la región, presentó un plan de aportes a la justicia transicional con “serias deficiencias”, por lo que no cumpliría los estándares mínimos para ser aceptada en el tribunal de cierre del conflicto armado interno.
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En palabras de la Procuraduría, “no contenía propuestas para el esclarecimiento de los delitos que se le atribuyen a la estructura ilegal a la que pertenecía y sus ofertas en materia de reparación consistían en propuestas de emprendimiento financieramente inviables o recaían sobre bienes en proceso de extinción de dominio que por su situación jurídica carecían de vocación reparadora”. La última palabra la tendrá la JEP, pero mientras tanto López sigue privada de su libertad en casa por cárcel, dado su delicado estado de salud.
La Gata está condenada a 37 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del vigilante Amaury Fabián Ochoa. Por este homicidio, ocurrido en el 2000, el Tribunal de Bogotá constató sus nexos con los ejércitos privados del paramilitarismo. En su momento, Luis Fernando Caro Solano, alias Magencio, declaró que La Gata le dio una fotografía del celador Ochoa con la orden de asesinarlo porque, supuestamente, era miliciano de las Farc.
La Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace de tajo la solicitud de sometimiento de Enilce López, conocida como La Gata. “En concepto enviado a la Sala Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que López Romero fue integrante orgánica de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, y los miembros de ese grupo armado ilegal no son sujetos de la competencia de la JEP”, explicó la entidad en un comunicado.
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Es decir que, para el Ministerio Público, La Gata fue integrante activa de grupos paramilitares, y no solo financiadora, por lo cual la JEP no podría juzgarla. López fue condenada por homicidio agravado y concierto para delinquir, pues, según explicó la Procuraduría, la justicia ordinaria concluyó que la mujer “había dirigido la estructura paramilitar del norte y el sur de Bolívar, y por lo tanto resulta evidente que su intervención no correspondió a la de una simple colaboradora de dicha organización”.
Quienes deseen ingresar a la JEP, jurisdicción creada con el Acuerdo de Paz, deben aportar un plan de verdad y reparación. Y, para la Procuraduría, La Gata, quien tuvo probados nexos con los paramilitares del norte del país, amasó su fortuna a punta del negocio del chance y apoyos a campañas políticas de la región, presentó un plan de aportes a la justicia transicional con “serias deficiencias”, por lo que no cumpliría los estándares mínimos para ser aceptada en el tribunal de cierre del conflicto armado interno.
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En palabras de la Procuraduría, “no contenía propuestas para el esclarecimiento de los delitos que se le atribuyen a la estructura ilegal a la que pertenecía y sus ofertas en materia de reparación consistían en propuestas de emprendimiento financieramente inviables o recaían sobre bienes en proceso de extinción de dominio que por su situación jurídica carecían de vocación reparadora”. La última palabra la tendrá la JEP, pero mientras tanto López sigue privada de su libertad en casa por cárcel, dado su delicado estado de salud.
La Gata está condenada a 37 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del vigilante Amaury Fabián Ochoa. Por este homicidio, ocurrido en el 2000, el Tribunal de Bogotá constató sus nexos con los ejércitos privados del paramilitarismo. En su momento, Luis Fernando Caro Solano, alias Magencio, declaró que La Gata le dio una fotografía del celador Ochoa con la orden de asesinarlo porque, supuestamente, era miliciano de las Farc.