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Ante el magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, Jorge Caldas, el delegado de la Procuraduría le solicitó condenar a la excongresista conservadora, Aida Merlano, por el delito de violación de topes electorales. Además, instó a que el alto tribunal inicie los trámites para su extradición desde Venezuela donde se encuentra prófuga de la justicia desde octubre de 2019. Aunque la exsenadora ya tiene un proceso judicial en firme con una condena superior a los 11 años por compra de votos en Barranquilla, tiene una cuenta pendiente que se deriva de los mismos hechos.
En medio de la diligencia que se adelantó de manera virtual este martes, el delegado del Ministerio Público argumentó que Merlano al superar el límite de recursos para usar en una campaña política “afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática, puesto que desbalanceó injustificadamente la contienda electoral, haciendo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”.
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En la audiencia que presidió el magistrado Caldas también hizo presencia la defensa de Merlano quien le solicitó al alto tribunal abstenerse de imponer una pena con el fin de garantizar el debido proceso. El meollo del asunto con la excongresista que, se fugó en octubre de 2019 luego de asistir a una cita médica, data de los hechos por los que fue condenada por la Corte Suprema. La política conservadora empezó hacer carrera para llegar a ocupar una curul en el Senado, pero una compra ilícita de votos cambió sus planes.
Inicialmente, la Corte la condenó por pertenecer a un red de corrupción electoral en la costa atlántica. Con base en esa investigación el alto tribunal indagó sobre múltiples movimientos financieros que realizó, al parecer irregulares, durante el período en el que buscaba llegar al Congreso por el Partido Conservador. Por estos hechos, en julio del año pasado, la Sala de Instrucción la acusó y la llamó a juicio.
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El magistrado Caldas empezó a recabar información y testimonios para identificar la posible responsabilidad de Merlano. Por lo pronto, lo que reposa en la investigación es que la excongresista habría buscado darle apariencia de legalidad, sin que los tuviera, a los movimientos financieros que realizó durante su campaña. Según las pesquisas, el dinero que terminó en sus bolsillos superó ampliamente los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en esa la época, imponía un límite de $884 millones.
El segundo expediente contra Merlano en la Corte relaciona el escándalo que se desató a principio de año con la reaparición de la excongresista cuando rindió testimonio en el proceso de Arturo Char que lleva el alto tribunal por delitos electorales. La exsenadora, en ese entonces, salpicó a los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Dijo que habrían recibido dinero ilegal para sus campañas y que Duque y Martínez fueron partícipes de un “montaje judicial” en su contra.
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Sus declaraciones se suman a las investigaciones que tiene la Fiscalía contra el empresario Julio Gerlein sobre la entrega de millonarios cheques a su campaña. La Fiscalía ha dicho que Gerlein usó su cuenta en Bancolombia para girar dinero a personas ajenas a la excongresista y, tras un endoso, las sumas llegaban a los vinculados en la organización de compra votos.
El magistrado Caldas cuenta con testimonios como el de la hermana de la excongresista que dio luces de lo que pudo ser su actuar mientras hacia carrera por llegar al Congreso. Vanessa Merlano Rebolledo, hermana mayor de Aida, por ejemplo, dijo bajo juramento que el manejo financiero de la campaña estaba en manos de Julio Gerlein. “Él mismo iba al comando, movía a la gente. Él era el que giraba el dinero para que ella hiciera lo necesario”, resaltó. La testigo añadió que tenía conocimiento de esos movimientos porque trabajaba de la mano con Gerlein en una concesión del aeropuerto.
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Otro de los testimonios que también reposa en el expediente es el de Rafael Rocha, un comerciante que firmó un proceso de colaboración con la Fiscalía a cambio de revelar información útil en el expediente. El hombre también reveló el nombre del político Álex Char y del empresario Julio Gerlein. No obstante, resaltó que solo tiene conocimiento de que este último fue quien hizo los aportes a la campaña de Merlano.
“No me consta a mí que alguno de los Char entregó dinero. Las personas que yo vi llevando dinero allá fue a Julio Gerlein. El chofer de él se lo entregaba a Edwin Martínez y, a su vez, este se lo entregaba a José Manzaneda, quien es el papá de los hijos de Aida y era el tesorero de la campaña. Y él la entregaba a los coordinadores”, explicó en su declaración hace unos meses.
Los testimonios, las pruebas documentales y extractos de las cuentas financieras reposan en el despacho del magistrado Caldas quien deberá proyectar una ponencia para llevarla ante la Sala, y en consenso, decidir si le imponen una segunda condena a la excongresista, o si por el contrario, acoge los argumentos del abogado que considera que no hubo responsabilidad por parte de Merlano.
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