Procuraduría pidió pérdida de investidura de Musa Besaile

Por la indebida utilización de recursos públicos, que destinó para pagar sobornos millonarios para manipular decisiones judiciales que se adelantaban en su contra por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado acoger la solicitud de pérdida de investidura contra el exsenador Musa Besaile. 

Para el Ministerio Público, es claro que los dineros públicos que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba fueron utilizados en actos de corrupción en los cuales, según la entidad, también participó el exgobernador de Córdoba, José Alejandro Lyons Muskus. El caso es conocido como el cartel de la toga.

"A través de esta actuación cuantiosos recursos provenientes del erario fueron entregados al abogado de confianza del (entonces) senador, Luis Ignacio Lyons España, con el propósito de sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la efectividad de una orden de captura en contra del senador", precisó el organismo de control disciplinario. 

(Lea aquí: Exsenador Musa Besaile pide pista en la JEP).

De acuerdo con el Ministerio Público, Besaile incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, comportamiento que desplegó de manera libre y consciente. "Su objetivo no fue otro que atentar contra la majestad de la justicia, conducta que resulta reprochable y seriamente cuestionada en tanto resulta abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales que deben primar en una sociedad justa en donde la garantía por el respeto a la administración de justicia", concluyó la Procuraduría. 

En un interrogatorio en la Corte Suprema en agosto de 2017, Musa Besaile admitió un pago irregular de $2.000 millones y dijo que tenía pruebas de esa entrega de dinero. Los recursos, según dijo, fueron destinados para exmagistrados y abogados, quienes habrían participado en estos hechos de corrupción. En su momento, Besaile dijo que se trataba de una extorsión, pero que no denunció por supuesto temor y falta de garantías.

En relación con el expediente de parapolítica, Musa Besaile pidió que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que estudie su caso. Y la Corte Suprema, al considerar que existen evidencias suficientes de que los procesos por los cuales está siendo enjuiciado tienen relación con el conflicto armado colombiano, decidió remitir el caso a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP para que defina si acepta o no a Besaile en esa jurisdicción. 

Por la indebida utilización de recursos públicos, que destinó para pagar sobornos millonarios para manipular decisiones judiciales que se adelantaban en su contra por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado acoger la solicitud de pérdida de investidura contra el exsenador Musa Besaile. 

Para el Ministerio Público, es claro que los dineros públicos que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba fueron utilizados en actos de corrupción en los cuales, según la entidad, también participó el exgobernador de Córdoba, José Alejandro Lyons Muskus. El caso es conocido como el cartel de la toga.

"A través de esta actuación cuantiosos recursos provenientes del erario fueron entregados al abogado de confianza del (entonces) senador, Luis Ignacio Lyons España, con el propósito de sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la efectividad de una orden de captura en contra del senador", precisó el organismo de control disciplinario. 

(Lea aquí: Exsenador Musa Besaile pide pista en la JEP).

De acuerdo con el Ministerio Público, Besaile incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, comportamiento que desplegó de manera libre y consciente. "Su objetivo no fue otro que atentar contra la majestad de la justicia, conducta que resulta reprochable y seriamente cuestionada en tanto resulta abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales que deben primar en una sociedad justa en donde la garantía por el respeto a la administración de justicia", concluyó la Procuraduría. 

En un interrogatorio en la Corte Suprema en agosto de 2017, Musa Besaile admitió un pago irregular de $2.000 millones y dijo que tenía pruebas de esa entrega de dinero. Los recursos, según dijo, fueron destinados para exmagistrados y abogados, quienes habrían participado en estos hechos de corrupción. En su momento, Besaile dijo que se trataba de una extorsión, pero que no denunció por supuesto temor y falta de garantías.

En relación con el expediente de parapolítica, Musa Besaile pidió que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que estudie su caso. Y la Corte Suprema, al considerar que existen evidencias suficientes de que los procesos por los cuales está siendo enjuiciado tienen relación con el conflicto armado colombiano, decidió remitir el caso a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP para que defina si acepta o no a Besaile en esa jurisdicción.