Procuraduría pone la lupa en la crisis en la Unidad Nacional de Protección

Hace unos días, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, fue agredido en toda la entrada de la entidad que dirige por sindicalistas, mientras a la par le gritaban “mentiroso” y que diera “la cara”. En una protesta impulsada por dos de los 19 sindicatos, que agrupa más de 4.000 escoltas, se reclaman mejores condiciones laborales. Rodríguez, quien lleva cinco meses, por su parte, los denuncia por presunta corrupción. La Procuraduría entró a conocer el caso.

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Tal es la crisis en la UNP, que los dos sindicatos entraron a paro desde el pasado 30 de septiembre y dejaron desprotegidos a sus respectivas víctimas, quienes, por solicitud y para garantizar su vida, deben estar acompañadas de personal de protección. Aunque se supone que el paro termina este fin de semana, la Procuraduría alertó al director Rodríguez y al ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre el alto riesgo en que se encuentran las personas protegidas por los miembros de ambos sindicatos.

“Mediante oficios dirigidos a sus despachos, el Ministerio Público les recordó que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley, la prestación del servicio de protección a sus beneficiarios no puede ser desmejorada ni interrumpida y solicitó se le informen las medidas de contingencia adoptadas frente a esta crisis”, señaló la Procuraduría. En una comunicación dirigida a la UNP, se reiteró de que debe contar con planes de choque para reaccionar de la manera inmediata ante las circunstancias que puedan poner en riesgo la prestación del servicio.

Lea también: Por corrupción, Procuraduría abre tres investigaciones a funcionarios de la UNP

“De presentarse una situación que afecte los derechos fundamentales, a la vida y a la integridad física de algún protegido por causa de la desmejora o interrupción en la prestación del servicio de protección, se adelantarán las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar”, agregó la Procuraduría. La UNP tiene a su cargo más de 7.000 personas en latente riesgo y maneja un presupuesto de más de un billón de pesos. La nueva dirección de Rodríguez promete cambios, pero decenas de sindicalistas no están de acuerdo.

El vocero del paro, Giovanny Gallo, de la Asociación Nacional de Trabajadores de Seguridad, explicó que habría más de 5.000 estudios de seguridad represados, porque al parecer el director Rodríguez retiró a los funcionarios de la Policía encargados y no nombró personal de reemplazo. “Al personal que estaba por prestación de servicios no se le ha renovado, por lo tanto, hay personas esperando en este momento que se le haga unos estudios de seguridad, colocando en riesgo la vida de los mismos”, explicó Bello según Infobae.

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Además, la Asociación explico que con la próxima liquidación habrá una serie de descuentos contra los escoltas. De hecho, denunció que los viáticos y el subsidio de transporte le sería retirado de las prestaciones sociales. Por otro lado, el sindicato aseguró que hay personal que apenas lleva un año y medio de haberse graduado de la universidad y estaría ejerciendo cargos para un contratista, por un sueldo de entre seis y ocho millones de pesos mensuales. Y, por último, que la entidad estaría planeando dotarlos con armamento viejo en la nueva licitación.

El director Rodríguez, en entrevista a medios de comunicación, ha señalado públicamente a Wilson Devia, representante de uno de los sindicatos, como una de las personas que quiere entorpecer el trabajo de la Unidad. Todo porque una fuente anónima lo habría señalado de diversas situaciones irregulares, que Rodríguez trasladó a la Fiscalía a través de una denuncia. Según el director, Devia arrendaría esquemas de protección de manera ilegal a un funcionario de nombre Manuel Castañeda, quien hace unos días resultó detenido en un vehículo de a UNP con un alijo de droga.

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“También, porque me he opuesto a que los llamados carteles de los vehículos blindados y de las empresas tercerizadoras de personal sigan esa política que traían desde las anteriores administraciones de negociar con los vehículos, de presentar carros viejos, de presentar personas tercerizadas sin llenar el pleno de las garantías laborales para ellos. En eso estoy, estoy pisando callos muy fuertes”, le dijo Rodríguez a Semana. Según conoció El País, entre 2021 y 2022 se incrementó la solicitud de protección en un 38%. La Procuraduría anunció acciones disciplinarias si la crisis no mejora en los próximos días.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Hace unos días, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, fue agredido en toda la entrada de la entidad que dirige por sindicalistas, mientras a la par le gritaban “mentiroso” y que diera “la cara”. En una protesta impulsada por dos de los 19 sindicatos, que agrupa más de 4.000 escoltas, se reclaman mejores condiciones laborales. Rodríguez, quien lleva cinco meses, por su parte, los denuncia por presunta corrupción. La Procuraduría entró a conocer el caso.

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Tal es la crisis en la UNP, que los dos sindicatos entraron a paro desde el pasado 30 de septiembre y dejaron desprotegidos a sus respectivas víctimas, quienes, por solicitud y para garantizar su vida, deben estar acompañadas de personal de protección. Aunque se supone que el paro termina este fin de semana, la Procuraduría alertó al director Rodríguez y al ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre el alto riesgo en que se encuentran las personas protegidas por los miembros de ambos sindicatos.

“Mediante oficios dirigidos a sus despachos, el Ministerio Público les recordó que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley, la prestación del servicio de protección a sus beneficiarios no puede ser desmejorada ni interrumpida y solicitó se le informen las medidas de contingencia adoptadas frente a esta crisis”, señaló la Procuraduría. En una comunicación dirigida a la UNP, se reiteró de que debe contar con planes de choque para reaccionar de la manera inmediata ante las circunstancias que puedan poner en riesgo la prestación del servicio.

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“De presentarse una situación que afecte los derechos fundamentales, a la vida y a la integridad física de algún protegido por causa de la desmejora o interrupción en la prestación del servicio de protección, se adelantarán las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar”, agregó la Procuraduría. La UNP tiene a su cargo más de 7.000 personas en latente riesgo y maneja un presupuesto de más de un billón de pesos. La nueva dirección de Rodríguez promete cambios, pero decenas de sindicalistas no están de acuerdo.

El vocero del paro, Giovanny Gallo, de la Asociación Nacional de Trabajadores de Seguridad, explicó que habría más de 5.000 estudios de seguridad represados, porque al parecer el director Rodríguez retiró a los funcionarios de la Policía encargados y no nombró personal de reemplazo. “Al personal que estaba por prestación de servicios no se le ha renovado, por lo tanto, hay personas esperando en este momento que se le haga unos estudios de seguridad, colocando en riesgo la vida de los mismos”, explicó Bello según Infobae.

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Además, la Asociación explico que con la próxima liquidación habrá una serie de descuentos contra los escoltas. De hecho, denunció que los viáticos y el subsidio de transporte le sería retirado de las prestaciones sociales. Por otro lado, el sindicato aseguró que hay personal que apenas lleva un año y medio de haberse graduado de la universidad y estaría ejerciendo cargos para un contratista, por un sueldo de entre seis y ocho millones de pesos mensuales. Y, por último, que la entidad estaría planeando dotarlos con armamento viejo en la nueva licitación.

El director Rodríguez, en entrevista a medios de comunicación, ha señalado públicamente a Wilson Devia, representante de uno de los sindicatos, como una de las personas que quiere entorpecer el trabajo de la Unidad. Todo porque una fuente anónima lo habría señalado de diversas situaciones irregulares, que Rodríguez trasladó a la Fiscalía a través de una denuncia. Según el director, Devia arrendaría esquemas de protección de manera ilegal a un funcionario de nombre Manuel Castañeda, quien hace unos días resultó detenido en un vehículo de a UNP con un alijo de droga.

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“También, porque me he opuesto a que los llamados carteles de los vehículos blindados y de las empresas tercerizadoras de personal sigan esa política que traían desde las anteriores administraciones de negociar con los vehículos, de presentar carros viejos, de presentar personas tercerizadas sin llenar el pleno de las garantías laborales para ellos. En eso estoy, estoy pisando callos muy fuertes”, le dijo Rodríguez a Semana. Según conoció El País, entre 2021 y 2022 se incrementó la solicitud de protección en un 38%. La Procuraduría anunció acciones disciplinarias si la crisis no mejora en los próximos días.

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