El ABC de la decisión del Consejo de Estado sobre los poderes de la Procuraduría

La Sala Plena del Consejo de Estado finalmente resolvió un lío que atendía hace más de un año, relacionado con el poder que podría tener o no la Procuraduría para sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular como alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y congresistas. El alto tribunal se mantenía con diferencias entre los integrantes de sus secciones, pues unos consideraban que el Ministerio Público sí podía sancionar tal cual lo señala la Constitución Política y la Corte Constitucional, mientras que otros se mantenían en que esos funcionarios solo podían ser sancionados por jueces.

La Sala Plena del Consejo de Estado finalmente resolvió un lío que atendía hace más de un año, relacionado con el poder que podría tener o no la Procuraduría para sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios de elección popular como alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y congresistas. El alto tribunal se mantenía con diferencias entre los integrantes de sus secciones, pues unos consideraban que el Ministerio Público sí podía sancionar tal cual lo señala la Constitución Política y la Corte Constitucional, mientras que otros se mantenían en que esos funcionarios solo podían ser sancionados por jueces.

En contexto: Procuraduría sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular

Finalmente, el Consejo de Estado decidió partir la diferencia y concederle a la Procuraduría la razón de que sí puede sancionar con suspensión, inhabilidad y destitución de sus cargos a los funcionarios de elección popular que incurran en faltas disciplinarias, pero también dijo que tendrán una revisión automática esas decisiones. Dicho control lo hará el propio Consejo de Estado, de quien dependerá que queden en firme o no las determinaciones del Ministerio Público en esos casos. Sin embargo, la decisión de la alta corte tiene sus particularidades.

¿Qué puede hacer la Procuraduría?

De acuerdo con lo dicho por el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves, la Procuraduría sí tiene la facultad de investigar y sancionar a funcionarios de elección popular como alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y congresistas.

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El debate que se tuvo al interior del Consejo de Estado no fue menor. Los 24 magistrados que en este momento conforman la Sala Plena del alto tribunal tuvieron que analizar dos importantes precedentes que se tenían en relación con las sanciones que imponía la Procuraduría a políticos. Por un lado, estaba lo dicho por la Corte Constitucional, que en más de una oportunidad reiteró que el Ministerio Público sí tiene la competencia para investigar y sancionar a esos funcionarios con destitución e inhabilidad. Por otra, estaba lo dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Petro Urrego vs. Colombia, (cuando el hoy presidente demandó a la Nación por su destitución como alcalde de Bogotá) dijo que ese ente de control no era competente para tomar esas decisiones.

¿Quién tiene la última palabra en esas sanciones?

Aunque quedó claro que la Procuraduría sí puede investigar y sancionar con suspensiones, inhabilidades y destituciones a los políticos, no será el Ministerio Público el que tenga la última palabra en estos casos. El presidente del Consejo de Estado enfatizó en que para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro vs. Colombia (batalla judicial que ganó el hoy presidente cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría), las sanciones quedarán suspendidas hasta que sean revisadas por un juez. Ese juez será precisamente el Consejo de Estado.

Con esto, según el magistrado Chaves, “nosotros (consejeros de Estado) entendemos que con esta decisión y la de la Corte Constitucional se le está dando cumplimiento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estamos seguros de que estamos acatando los criterios de convencionalidad y estamos acatando también los criterios de constitucionalidad en Colombia”.

¿Cambiará esa decisión en algún momento?

Aunque la decisión es trascendental y sienta jurisprudencia sobre los poderes sancionatorios de la Procuraduría, la Corte Constitucional y ahora el Consejo de Estado le han pedido al Congreso que cree las leyes para que, de fondo, se establezcan los límites que tiene el ente de control para investigar y castigar disciplinariamente a los políticos.

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El presidente del alto tribunal dijo que “estas reglas tienen el carácter transitorio, lo que pretenden es darles eficacia y aplicabilidad a estas normas. Pero se insiste que el Congreso, como ya lo había dicho la Corte Constitucional, es el que debe expedir el estatuto legal que defina el principio de reserva judicial. La aclaración que subrayo es que esta decisión es transitoria y depende de la decisión del Congreso en este sentido”.

¿Qué hará Margarita Cabello con esta decisión?

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, celebró la determinación que tomó el Consejo de Estado. Según ella, la decisión del alto tribunal “reafirma nuestra facultad de sancionar a los funcionarios de elección popular. Este respaldo fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción en el país”. Igualmente, la jefa del ente de control manifestó que “la revisión de las medidas de destitución e inhabilidad por parte del Consejo de Estado es garantía del debido proceso y el equilibrio institucional. Seguiremos trabajando con rigor y transparencia en defensa del interés público y la legalidad”.

Por ahora, lo que puede hacer Cabello con la nueva decisión es poco y quien tendrá que liderar las nuevas investigaciones y sanciones bajo lo dictado por el Consejo de Estado será Gregorio Eljach, procurador general electo, quien tomará las riendas del Ministerio Público en enero del próximo año. En entrevista con El Espectador, el propio Eljach manifestó que una de sus misiones al frente de la entidad será llevar hasta el Congreso —en donde trabajó por más de una década como secretario general del Senado— un proyecto de ley para que, como lo dice el alto tribunal, sea el poder Legislativo el que marque los límites y determine con normas los poderes sancionatorios de la Procuraduría en los casos contra políticos.

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