Procuraduría rechaza rebaja de penas para agresores de menores en delitos sexuales
Tras el feminicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años, el Ministerio Público señaló que la reducción de penas que se plantea en la reforma a la justicia no acelerará los procesos judiciales por estos delitos. Estos son sus argumentos.
La Procuraduría ha manifestado su firme oposición a la propuesta de reducción de penas por delitos sexuales, incluida en el proyecto de reforma a la justicia (281 de 2024), que actualmente se discute en el Congreso de la República. Durante una audiencia pública sobre la iniciativa, el Procurador Delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Christian Wolffhügel, destacó las posibles repercusiones de esta medida en la protección de las víctimas de violencia sexual y en el correcto funcionamiento del sistema penal.
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Wolffhügel subrayó que los problemas de dilación en los procesos penales pueden abordarse mediante medidas existentes, y que la solución no radica en reducir las penas para los agresores de niños y niñas. Afirmó que investigaciones sólidas son cruciales para garantizar justicia a las víctimas, y que la reducción de penas no acelerará los procesos judiciales ni evitará la presentación de recursos.
El delegado también mencionó que ya existen herramientas que permiten a los jueces acelerar los trámites judiciales y que el sistema de justicia incluye mecanismos de “justicia premiada” al aceptar cargos, lo que evita la prolongada exposición al estigma del juicio penal. A su vez, advirtió que una reducción de penas podría interpretarse como una minimización de la gravedad de delitos tan serios como el abuso sexual, lo que socavaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas.
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La Procuraduría reafirmó su postura de que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos, sin menoscabar los derechos de las víctimas. Esta discusión ha cobrado principal relevancia tras el reciente femicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años hallada muerta el 17 de octubre en un cañaduzal sobre la vía Candelaria - La Florida (Valle del Cauca), cerca del corregimiento de Villagorgona, donde había desaparecido el pasado 29 de septiembre.
El confeso feminicida, Brayan Campo Pillimué, de 32 años, admitió el pasado 18 de octubre ante un juez en Palmira (Valle del Cauca) su culpabilidad en el crimen de Sofía Delgado. También se declaró responsable del secuestro de la menor, quien había desaparecido 20 días tras salir de su casa para comprar un champú para su mascota, e intentó deshacerse de pruebas que podrían incriminarlo.
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Con base en las evidencias reunidas, la Fiscalía le imputó a Campo Pillimué —quien se encuentra en prisión preventiva— cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, así como tentativa de secuestro simple agravado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría ha manifestado su firme oposición a la propuesta de reducción de penas por delitos sexuales, incluida en el proyecto de reforma a la justicia (281 de 2024), que actualmente se discute en el Congreso de la República. Durante una audiencia pública sobre la iniciativa, el Procurador Delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Christian Wolffhügel, destacó las posibles repercusiones de esta medida en la protección de las víctimas de violencia sexual y en el correcto funcionamiento del sistema penal.
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Wolffhügel subrayó que los problemas de dilación en los procesos penales pueden abordarse mediante medidas existentes, y que la solución no radica en reducir las penas para los agresores de niños y niñas. Afirmó que investigaciones sólidas son cruciales para garantizar justicia a las víctimas, y que la reducción de penas no acelerará los procesos judiciales ni evitará la presentación de recursos.
El delegado también mencionó que ya existen herramientas que permiten a los jueces acelerar los trámites judiciales y que el sistema de justicia incluye mecanismos de “justicia premiada” al aceptar cargos, lo que evita la prolongada exposición al estigma del juicio penal. A su vez, advirtió que una reducción de penas podría interpretarse como una minimización de la gravedad de delitos tan serios como el abuso sexual, lo que socavaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas.
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La Procuraduría reafirmó su postura de que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos, sin menoscabar los derechos de las víctimas. Esta discusión ha cobrado principal relevancia tras el reciente femicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años hallada muerta el 17 de octubre en un cañaduzal sobre la vía Candelaria - La Florida (Valle del Cauca), cerca del corregimiento de Villagorgona, donde había desaparecido el pasado 29 de septiembre.
El confeso feminicida, Brayan Campo Pillimué, de 32 años, admitió el pasado 18 de octubre ante un juez en Palmira (Valle del Cauca) su culpabilidad en el crimen de Sofía Delgado. También se declaró responsable del secuestro de la menor, quien había desaparecido 20 días tras salir de su casa para comprar un champú para su mascota, e intentó deshacerse de pruebas que podrían incriminarlo.
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Con base en las evidencias reunidas, la Fiscalía le imputó a Campo Pillimué —quien se encuentra en prisión preventiva— cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, así como tentativa de secuestro simple agravado.
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