Una noticia desesperanzadora se llevaron las víctimas del conflicto en Colombia, en vísperas del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, hoy 9 de abril. Durante de la tarde de ayer, la procuradora general Margarita Cabello envió concepto negativo a la Corte Constitucional, la cual estudia una tutela con la que se pretende revivir el debate de las “curules de paz”, que permitirían a los afectados por la guerra tener 16 puestos transitorios en la Cámara de Representantes.
En contexto: Procuraduría pide a la Corte Constitucional no revivir proyecto de las curules de paz.
Uno de los acuerdos a los que se llegó en La Habana (Cuba) en 2016, entre el Gobierno y las antiguas Farc, fue promover la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono. Sin embargo, las 16 curules transitorias se quedaron entre las líneas del documento, porque tal acuerdo no se ha cumplido hasta el momento. El proyecto se votó en el Congreso pero hay una ardua discusión sobre si se aprobó o no con los 50 votos que alcanzó (teniendo en cuenta que había congresistas impedidos y ausentes).
El 30 de noviembre de 2017, cuando la Cámara ya había dado su “sí”, la plenaria del Senado tumbó las “curules de paz”, sesión en la que los senadores José Obdulio Gaviria, Sofía Alejandra Gaviria, Germán Varón y el expresidente Álvaro Uribe, señalaron que el proyecto no buscaba reparar las víctimas. Al contrario, dijeron que quienes sufrieron la guerra interna en Colombia, que ya va para sus setenta años, serían instrumentalizados por los victimarios.
“En total somo nueve millones de víctimas, de diferentes actores del conflicto. El exsenador Uribe no puede víctimas de primera o de segunda, calificando a las que a él no le gustan como proclives o aliadas de lo que él denomina terrorismo o grupos ilegales. Aquí estamos hablando de resarcir nuestros derechos, sería un proceso abierto, que permitiría la participación de todos y todas. La posición política del presidente Uribe es la suya, de oposición a la paz del país y a la implementación plena del Acuerdo de Paz”, explicó Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Lea también: “Queremos las circunscripciones especiales de paz”: Víctima a presidente Duque.
Luego de ese debate en el Senado, el proyecto quedó con 50 votos a favor y siete en contra. De acuerdo con el entonces secretario del Senado, “no se cumplieron los requisitos que señala la Constitución”, pues faltaron dos votos positivos. En 2018, la iniciativa se retomó pero nuevamente fue archivada en el Congreso. Sin embargo, el senador Roy Barreras interpuso una tutela en contra de la Mesa Directiva del Senado, la cual ha sido negada en dos rondas por el Juzgado 16 administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Los despachos argumentaban, en uno de los casos, que Roy Barreras no era víctima directa del conflicto. Yo he alegado que como co-ayudante estoy legitimado. También dijeron que no era el medio idóneo para el tema de exigir el derecho. Nosotros consideramos que sí. Por otro lado, Guillermo Rivera -exministro del Interior 2017-2018- interpuso una acción de nulidad contra la Mesa del Senado y el Consejo de Estado lleva cuatro años sin resolverlo. Pero, además, en 2018 y 2019 se radicaron dos propuestas de iniciativa ante el Congreso para darle vida jurídica a las ‘curules de paz’, pero el Congreso no las priorizó”, agregó Quintero.
Le puede interesar: ¿Una estrategia dilatoria contra las curules de paz?
A pesar de perder una y otra vez ante el legislativo y la Rama Judicial, el proyecto de las “curules de paz” todavía pende de un hilo. El 9 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional seleccionó la tutela interpuesta por Barreras y las víctimas del conflicto armado, caso que está en estudio por el magistrado Alejandro Linares. Desde entonces, la alta corte ha solicitado el pronunciamiento de las partes involucradas y de los órganos de control como la Procuraduría. Sin embargo, Margarita Cabello allegó una opinión opuesta a las pretensiones de las víctimas.
La máxima cabeza de la entidad dijo que la acción de tutela no tenía validez, pues no cumple con el requisito de inmediatez, dado que transcurrió más de un año y medio desde la fecha de la sesión en el Senado y la presunta vulneración a los derechos fundamentales. “Resulta desproporcionado cuestionar 18 meses después de su adopción una determinación de la Mesa Directiva del Senado de la República relacionada con la aprobación de una reforma a la Constitución”, dijo Cabello.
Asimismo, Margarita Cabello adhirió a los comentarios expuestos por los siete senadores que se negaron al proyecto, indicando que sus argumentos no son arbitrarios, “ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el derecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de los victimarios. Para el Ministerio Público una intervención de la juez constitucional encaminada a modificar dicha decisión de la Mesa Directiva del Senado de la República, resultaría sumamente lesiva de la autonomía e independencia del poder legislativo”.
Antecedentes: Corte Constitucional pide más pruebas en estudio de tutela sobre curules de paz.
Para Juan Carlos Quintero, quien ha trabajado durante 15 años por las comunidades del Catatumbo, fue un concepto difícil de digerir: “el pronunciamiento es desafortunado. Es desatinado precisamente hacerse, incluso, en coincidencia con el Día Nacional de la Memoria y la Dignidad de nosotros, las víctimas. Esto se vuelve un mandado de Margarita Cabello, quien ha sido una representante del uribismo. Lo que se está haciendo acá es un ejercicio de saboteo a la posibilidad de que las víctimas tengamos participación plena y directa en el Congreso. Está recurriendo a ‘leguleyadas’ jurídicas”.
De acuerdo con el representante de Ascamcat, de los nueve millones de víctimas de la guerra, 419.000 viven en el Catatumbo (Norte de Santander) y, en la región, se resiste una pobreza multidimensional del 75%, que está marcada por una violencia generalizada. “Esa acción, si la dijo en su concepto la Procuraduría, es revictimización, de una alta funcionaria que constitucionalmente tiene que velar por los derechos de las víctimas y lo que está haciendo es violar su misionalidad y estigmatizando a quienes vivimos en unos territorios que, por culpa del Estado hoy están sumergidos en la violencia”, concluyó Quintero.