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El exgobernador de Nariño (2016-2019) y hoy embajador en Argentina, Camilo Romero, por la Procuraduría con una multa de $31 millones de pesos, al encontrarlo responsable de irregularidades en la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño, por más de $18.000 millones en 2016. La entidad le recrimina presuntas omisiones, pues ante un periodo de ausencia, su secretario de Hacienda habría manipulado los precios de la venta del licor.
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La decisión de la Procuraduría también acoge al exsecretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides Jiménez, quien deberá pagar una multa de 28 millones de pesos y a la exsubsecretaria de Rentas, Adriana Milena Amaya Buitrago, con una multa superior a los nueve millones de pesos. Es importante aclarar que las sanciones del Ministerio Público en este caso son económicas porque los funcionarios ya no se encuentran al frente de sus cargos.
Según la investigación, entre el 24 y 26 de agosto de 2016, el entonces secretario de Hacienda de Nariño, Mario Fernando Benavides, tenía el puesto de gobernador encargado. En tal calidad, acusó la Procuraduría, habría fijado precios y escalas de venta de Aguardiente Nariño Tradicional y Aguardiente Nariño sin Azúcar. Además, al parecer autorizó el proceso de compraventa de los licores con la Organización de Licores de Nariño, cuando otras empresas estaban en la puja por comercializar el licor.
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En este sentido, el Ministerio Público encontró que el proceso de negociación presentó una serie de anomalías, por lo que no aparecía justificado que el exgobernador omitiera el deber de dirigir la actividad administrativa, dada la importancia y las repercusiones en las finanzas del departamento.
“El despacho observa que no se trató de una equivocación normal de un servidor público a quien se le confió una labor muy importante o que podría excusar a cualquier persona bajo el supuesto de que nadie es infalible, sino que nos encontramos frente a una falta de diligencia y cuidado que una persona diligente en las mismas condiciones no hubiera cometido, es decir, un servidor que con su misma condición, como Gobernador habría mínimamente actuado como parte de su diligencia y prudencia”, dice el fallo de la Procuraduría.
La denuncia disciplinaria contra Romero fue allegada por el ciudadano Jairo Cortés Forero, en noviembre de 2016. En representación de la empresa Licoristas del Sur, señaló que el entonces gobernador encargado, al parecer, le entregó por medio de una resolución un contrato para venta de licores directamente a la Organización de Licores de Nariño. Señala el denunciante que, en su concepto, argumento que avaló la Procuraduría, el proceso que debía seguir la Gobernación era la licitación pública, dado que es titular del monopolio de producción e introducción de licores al mercado.
Al conocer la decisión y a través de su cuenta de Twitter, Camilo Romero, dijo que apelará la decisión.
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