Procuraduría sanciona a excanciller Leyva: 10 años sin ejercer cargos públicos
El excanciller Álvaro Leyva fue declarado responsable disciplinariamente por tumbar la licitación de pasaportes de manera irregular, cuando estaba a punto de queda en menos de la empresa Thomas Greg & Sons. Estas fueron las razones de la Procuraduría, que lo señaló de cometer un “grave daño a la sociedad” y que le impidió ejercer cargos públicos por 10 años.
El expediente más trascendental de la Procuraduría General de la Nación en contra de un funcionario público del gobierno de Gustavo Petro acaba de finalizar en primera instancia. El excanciller Álvaro Leyva Durán, uno de los alfiles del presidente, acaba de ser sancionado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un término de 10 años. De acuerdo con el órgano disciplinario, Leyva no cumplió con sus funciones como Canciller y puso en riesgo la posibilidad de los colombianos a acceder al servicio de pasaportes, cuando tumbó la licitación de 2023 que estaba a punto de ser entregada a la firma Thomas Greg & Sons.
El origen del caso está en septiembre de 2023, cuando por orden del entonces canciller Leyva, el Ministerio de Relaciones Exteriores frenó en seco una licitación pública para la gestión de los pasaportes de los colombianos. Para entonces, la empresa Thomas Greg & Sons había ganado el concurso, el cual iba a tener una inversión de $600.000 millones. Sin embargo, Leyva no otorgó el contrato, el cual había sido gestionado en su mayoría por el secretario José Antonio Salazar, pues encontró que su entidad se lo estaba entregando con comodidad, incumpliendo las reglas de la sana competencia en la contratación estatal.
Sin embargo, para la Procuraduría, Álvaro Leyva no cumplió con una justificación válida para terminar el contrato de pasaportes, sobre todo cuando el mismo comité evaluador de la Cancillería, un equipo técnico especializado, dio vía libre al proceso licitatorio. Para el procurador Ernesto de Jesús Espinosa, el pliego de condiciones de la licitación, reglas para las cuales concursaron las empresas interesadas, no favorecían a Thomas Greg & Sons. Al contrario, lo que hubo, según la Procuraduría, fue una planificación insuficiente por parte de la Cancillería, lo cual es una conducta más omisiva que corrupta.
El procurador Espinosa citó jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, la cual hace las veces de una guía judicial para la resolución de casos, en la que se estableció que, en Colombia, la declaratoria desierta de una licitación solo se puede realizar en casos donde ningún oferente se presente a la fase final de la licitación. O, además, cuando las reglas sean confusas para los posibles contratistas. Y ninguna de ellas pasó, según la Procuraduría. “La declaratoria desierta no puede provenir de la conducta omisiva de la entidad”, concluyó Espinosa.
De otro lado, la Procuraduría se refirió a la cantidad de observaciones de las otras empresas interesadas en el contrato de pasaportes, las cuales, solo al pliego de condiciones, enviaron un total de 194 comentarios. La defensa de Leyva consideró que ese número muestra que el proceso no era justo, sin embargo, el órgano de control le respondió que cada una de las observaciones fueron respondidas por la Cancillería, incluso las de Thomas Greg & Sons. Y que el comité evaluador, con fundamentos técnicos incorporados en el expediente, no consideró pertinente cambiar de manera determinante las reglas de la contratación. Aun así, en el expediente hay registro de adendas con las que la Cancillería modificó puntajes relacionados con la infraestructura del proveedor y a la tecnología que tendrían los pasaportes, a petición de los interesados.
Uno de los puntos de controversia más grande del caso pasaportes es el puntaje otorgado por la Cancillería, durante el proceso de licitación, al oferente que contara con una planta de contingencia para la creación de los documentos en el extranjero. Al final, se diseñó el pliego de condiciones para que se le otorgara mayor puntaje al contratista que tuviera una planta en Norteamérica, como solo la tenía Thomas Greg & Sons. No obstante, para la Procuraduría, nada le impedía a los otros oferentes hacer negocios con privados en Norteamérica que ofrecieran dichos servicios y, así, quedar habilitados para el máximo puntaje en ese rubro.
El recorrido del expediente Leyva en Procuraduría
Álvaro Leyva fue llamado a juicio en enero de 2024, en una decisión del órgano dirigido por Margarita Cabello en la que, por derecha, fue sancionado por tres meses de su cargo. Leyva fue señalado por dos faltas disciplinarias, entre ellas, por haber declarado desierta la licitación de pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, de tal manera que transgredió los principios de la contratación estatal. Además, por haber decretado el proceso de urgencia manifiesta, con el que Colombia contrató de manera agónica con el mismo Thomas Greg para que este 2024 los nacionales siguieran contando con los servicios de pasaportes.
Según la Procuraduría, se suspendió a Álvaro Leyva con el objetivo de “evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”. La suspensión fue confirmada por otros tres meses, en abril pasado, momento en el cual el actual canciller Gilberto Murillo ya había asumido las funciones de encargado. A la final, Leyva renunció a su cargo en mayo pasado, cuando todavía le restaban dos meses de suspensión.
En el camino, a Leyva le negaron una acción de tutela para tumbar el proceso por orden del Tribunal Superior de Bogotá. También intentó sacar al procurador del caso, Ernesto Jesús Espinosa, a quien señaló de sostener una enemistad grave con él y, en general con el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la procuradora Cabello negó la recusación, a pesar de que Espinosa en sus redes sociales tenía registros de opiniones políticas en contra el actual gobierno, pues no encontró “prueba de la existencia de un motivo que permita poner en entredicho la serenidad de ánimo, independencia, autonomía, transparencia e imparcialidad del procurador”.
Durante el juicio se destacó el testimonio de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y quien renunció en diciembre de 2023, tras denunciar maltrato verbal por parte de Leyva. Zamora encabezaba un proceso de conciliación con la firma Thomas Greg, la cual, paralelamente, inició una demanda por $117.000 millones contra Colombia. En el juicio, Zamora argumentó que sus delegados conocieron el proceso contractual y que no hallaron ninguna irregularidad o aviso de corrupción, como para que Leyva hubiese detenido la licitación.
En su defensa
El pasado 18 de junio, Álvaro Leyva acudió a las oficinas de la Procuraduría para ejercer su derecho a la defensa. El alfil de Gustavo Petro reiteró que declaró desierta la licitación, argumentando que se estaba violando el derecho a otros contratistas interesados, ante la consecutiva relación de la Cancillería con esa firma. Además, porque habría encontrado presuntas irregularidades en el proceso de selección para favorecer a la empresa, la cual había manejado el negocio de los años 70.
En audiencia, Álvaro Leyva precisó que decretó “desierta la licitación como acto de buena fe. Pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplicó el principio de interés general, de económica, de transparencia, de responsabilidad. Pareciera que es la única empresa en el universo que históricamente pudiera cumplir con los requisitos de la licitación desde los 70. Eso no desdice de la empresa, desdice del Estado. La pregunta era si Thomas Greg & Sons es sinónimo de perfección absoluta”, agregó.
El Espectador conoció, además, los argumentos de la Cancillería para defenderse en la demanda de Thomas Greg y que van en la línea de la defensa de Leyva. Según se explica, todo parecía indicar que se iba a entregar el contrato a dedo. Durante todo el proceso contractual los oferentes enviaron quejas en centenares de páginas, pues se sentían en condiciones injustas con respecto a Thomas Greg, al punto que, a la final, fue este oferente el único que se presentó a la fase final.
Entre las quejas allegadas al proceso licitatorio está la de la unión temporal Libretas 2023, señalando que la empresa que se ganara la licitación iba a tener un plazo de solo dos meses para la implementación del proyecto. “En este tiempo resulta IMPOSIBLE hacerlo para cualquier oferente distinto del proveedor consuetudinario”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El expediente más trascendental de la Procuraduría General de la Nación en contra de un funcionario público del gobierno de Gustavo Petro acaba de finalizar en primera instancia. El excanciller Álvaro Leyva Durán, uno de los alfiles del presidente, acaba de ser sancionado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un término de 10 años. De acuerdo con el órgano disciplinario, Leyva no cumplió con sus funciones como Canciller y puso en riesgo la posibilidad de los colombianos a acceder al servicio de pasaportes, cuando tumbó la licitación de 2023 que estaba a punto de ser entregada a la firma Thomas Greg & Sons.
El origen del caso está en septiembre de 2023, cuando por orden del entonces canciller Leyva, el Ministerio de Relaciones Exteriores frenó en seco una licitación pública para la gestión de los pasaportes de los colombianos. Para entonces, la empresa Thomas Greg & Sons había ganado el concurso, el cual iba a tener una inversión de $600.000 millones. Sin embargo, Leyva no otorgó el contrato, el cual había sido gestionado en su mayoría por el secretario José Antonio Salazar, pues encontró que su entidad se lo estaba entregando con comodidad, incumpliendo las reglas de la sana competencia en la contratación estatal.
Sin embargo, para la Procuraduría, Álvaro Leyva no cumplió con una justificación válida para terminar el contrato de pasaportes, sobre todo cuando el mismo comité evaluador de la Cancillería, un equipo técnico especializado, dio vía libre al proceso licitatorio. Para el procurador Ernesto de Jesús Espinosa, el pliego de condiciones de la licitación, reglas para las cuales concursaron las empresas interesadas, no favorecían a Thomas Greg & Sons. Al contrario, lo que hubo, según la Procuraduría, fue una planificación insuficiente por parte de la Cancillería, lo cual es una conducta más omisiva que corrupta.
El procurador Espinosa citó jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, la cual hace las veces de una guía judicial para la resolución de casos, en la que se estableció que, en Colombia, la declaratoria desierta de una licitación solo se puede realizar en casos donde ningún oferente se presente a la fase final de la licitación. O, además, cuando las reglas sean confusas para los posibles contratistas. Y ninguna de ellas pasó, según la Procuraduría. “La declaratoria desierta no puede provenir de la conducta omisiva de la entidad”, concluyó Espinosa.
De otro lado, la Procuraduría se refirió a la cantidad de observaciones de las otras empresas interesadas en el contrato de pasaportes, las cuales, solo al pliego de condiciones, enviaron un total de 194 comentarios. La defensa de Leyva consideró que ese número muestra que el proceso no era justo, sin embargo, el órgano de control le respondió que cada una de las observaciones fueron respondidas por la Cancillería, incluso las de Thomas Greg & Sons. Y que el comité evaluador, con fundamentos técnicos incorporados en el expediente, no consideró pertinente cambiar de manera determinante las reglas de la contratación. Aun así, en el expediente hay registro de adendas con las que la Cancillería modificó puntajes relacionados con la infraestructura del proveedor y a la tecnología que tendrían los pasaportes, a petición de los interesados.
Uno de los puntos de controversia más grande del caso pasaportes es el puntaje otorgado por la Cancillería, durante el proceso de licitación, al oferente que contara con una planta de contingencia para la creación de los documentos en el extranjero. Al final, se diseñó el pliego de condiciones para que se le otorgara mayor puntaje al contratista que tuviera una planta en Norteamérica, como solo la tenía Thomas Greg & Sons. No obstante, para la Procuraduría, nada le impedía a los otros oferentes hacer negocios con privados en Norteamérica que ofrecieran dichos servicios y, así, quedar habilitados para el máximo puntaje en ese rubro.
El recorrido del expediente Leyva en Procuraduría
Álvaro Leyva fue llamado a juicio en enero de 2024, en una decisión del órgano dirigido por Margarita Cabello en la que, por derecha, fue sancionado por tres meses de su cargo. Leyva fue señalado por dos faltas disciplinarias, entre ellas, por haber declarado desierta la licitación de pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, de tal manera que transgredió los principios de la contratación estatal. Además, por haber decretado el proceso de urgencia manifiesta, con el que Colombia contrató de manera agónica con el mismo Thomas Greg para que este 2024 los nacionales siguieran contando con los servicios de pasaportes.
Según la Procuraduría, se suspendió a Álvaro Leyva con el objetivo de “evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”. La suspensión fue confirmada por otros tres meses, en abril pasado, momento en el cual el actual canciller Gilberto Murillo ya había asumido las funciones de encargado. A la final, Leyva renunció a su cargo en mayo pasado, cuando todavía le restaban dos meses de suspensión.
En el camino, a Leyva le negaron una acción de tutela para tumbar el proceso por orden del Tribunal Superior de Bogotá. También intentó sacar al procurador del caso, Ernesto Jesús Espinosa, a quien señaló de sostener una enemistad grave con él y, en general con el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la procuradora Cabello negó la recusación, a pesar de que Espinosa en sus redes sociales tenía registros de opiniones políticas en contra el actual gobierno, pues no encontró “prueba de la existencia de un motivo que permita poner en entredicho la serenidad de ánimo, independencia, autonomía, transparencia e imparcialidad del procurador”.
Durante el juicio se destacó el testimonio de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y quien renunció en diciembre de 2023, tras denunciar maltrato verbal por parte de Leyva. Zamora encabezaba un proceso de conciliación con la firma Thomas Greg, la cual, paralelamente, inició una demanda por $117.000 millones contra Colombia. En el juicio, Zamora argumentó que sus delegados conocieron el proceso contractual y que no hallaron ninguna irregularidad o aviso de corrupción, como para que Leyva hubiese detenido la licitación.
En su defensa
El pasado 18 de junio, Álvaro Leyva acudió a las oficinas de la Procuraduría para ejercer su derecho a la defensa. El alfil de Gustavo Petro reiteró que declaró desierta la licitación, argumentando que se estaba violando el derecho a otros contratistas interesados, ante la consecutiva relación de la Cancillería con esa firma. Además, porque habría encontrado presuntas irregularidades en el proceso de selección para favorecer a la empresa, la cual había manejado el negocio de los años 70.
En audiencia, Álvaro Leyva precisó que decretó “desierta la licitación como acto de buena fe. Pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se aplicó el principio de interés general, de económica, de transparencia, de responsabilidad. Pareciera que es la única empresa en el universo que históricamente pudiera cumplir con los requisitos de la licitación desde los 70. Eso no desdice de la empresa, desdice del Estado. La pregunta era si Thomas Greg & Sons es sinónimo de perfección absoluta”, agregó.
El Espectador conoció, además, los argumentos de la Cancillería para defenderse en la demanda de Thomas Greg y que van en la línea de la defensa de Leyva. Según se explica, todo parecía indicar que se iba a entregar el contrato a dedo. Durante todo el proceso contractual los oferentes enviaron quejas en centenares de páginas, pues se sentían en condiciones injustas con respecto a Thomas Greg, al punto que, a la final, fue este oferente el único que se presentó a la fase final.
Entre las quejas allegadas al proceso licitatorio está la de la unión temporal Libretas 2023, señalando que la empresa que se ganara la licitación iba a tener un plazo de solo dos meses para la implementación del proyecto. “En este tiempo resulta IMPOSIBLE hacerlo para cualquier oferente distinto del proveedor consuetudinario”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.