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El contratista Edgar Mauricio Hernández González no podría firmar ningún acuerdo público con el Estado durante ocho años. La Procuraduría lo inhabilitó por ese término, tras incurrir en una falta gravísima cuando trabajó como supervisor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en 2013.
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Hernández González, como concluyó la Procuraduría, autorizó el pago de varias facturas en las cuales no se especificaron las fechas en las que se prestaron servicios por concepto de suministro de esquemas de seguridad. Un total de cinco pagos por $10.000 millones, que no estarían justificados.
“En varios contratos no se reflejó la supervisión en la ejecución y solo traslada (el sancionado) la información (presuntamente de los anexos a las facturas) al informe, sin objeción alguna, con lo que no es clara la manera en la que se dio cumplimiento a lo establecido en cada uno de ellos”, señaló el órgano de control.
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Hernández González pudo ser investigado dado que cumplió funciones públicas. Se le recrimina haber omitido dar a conocer a la UNP, como supervisor, las circunstancias que pudieran poner en riesgo el cumplimiento de los contratos. No verificó lo que se autorizaba pagar y no registró las irregularidades como era su deber.
Además de resultar inhabilitado por ocho años, Hernández González tendrá que pagar una multa de 80 salarios mínimos mensuales vigentes para 2013, que corresponden a $47 millones. El dinero deberá ser cancelado a favor del Tesoro Nacional.
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