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En fallo de primera instancia, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a a Jhenifer María Sindei Mojica Flórez, quien se desempeñaba como subgerente de Tierras Rurales del Instituto Colombia de Desarrollo Rural (Incoder).
Para el Ministerio Público, la funcionaria incurrió en una falsedad en documento público puesto que suministró datos inexactos de su hoja de vida para poder acceder a dicho cargo.
En la investigación adelantada por el organismo de control disciplinario Mójica no contaba con los 68 meses que eran exigidos para ese puesto, situación que en primer momento le fue presentada al entonces gerente del Instituto, Juan Manuel Ospina.
Poco tiempo después, adicionó en su hoja de vida un contrato de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, sin embargo se pudo demostrar que este documento era falso.
La falta cometida fue catalogada por la Procuraduría General como gravísima y a título de dolo. En contra de esta decisión existe los recursos de resposición y apelación.