En un concepto emitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría se sumó a los pedidos de la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, y solicitó que tanto él como su familia sean indemnizados porque, según argumentan, el exmilitar habría sido privado de libertad injustamente durante ocho años.
Según el documento que llegó al tribunal, firmado por la procuradora Ligia Bibiana Guerrero Peñarete, la medida que mantuvo al coronel Plazas Vega en prisión durante ocho años y cinco meses fue “inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria, con lo cual se configura el daño antijurídico”.
El caso del coronel se remonta hasta junio de 2010, cuando fue condenado en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 30 años de prisión por la presunta desaparición forzada de 12 personas en 1989. En 2015, el coronel Plazas Vega fue absuelto de su condena por la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, el Ministerio Público señala que “se cumplen los presupuestos de configuración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad bajo el título de imputación de falla en el servicio”. Es decir, la Procuraduría señala al Estado colombiano como principal responsable de la detención del coronel retirado.
Para el ente de control dirigido por Margarita Cabello, “ha quedado demostrado que las dilaciones y omisiones en la investigación y búsqueda de los desaparecidos, conllevó a que se imputara al demandante el delito de desaparición forzada por la aparente desaparición de quienes no estaban en realidad desaparecidos, y, a su vez, derivó en la imposición de medida de aseguramiento de privación de la libertad que se prolongó más allá del plazo razonable”.
Además, el ente disciplinario, en su argumentación, precisa que ni el coronel ni su familia tenían el deber jurídico de “soportar la imposición de una medida privativa de la libertad desproporcionada e injusta atribuible a la Fiscalía y a la Rama Judicial”.
El pronunciamiento de la Procuraduría se suma al de Jaime Granados, abogado del coronel Plazas Vega, quien también había puesto sobre el escritorio del Tribunal Administrativo de Cundinamarca una solicitud para que su prohijado sea indemnizado. El argumento principal del abogado Granados es que hubo arbitrariedades en el caso, especialmente, en la captura de Plazas Vega en 2007.
De igual manera, Granados señala en su escrito que la Fiscalía, liderada en ese entonces por Mario Iguarán, también habría sido arbitraria con el coronel Plazas Vega. Por eso, la defensa del absuelto militar le pidió al tribunal la reparación por todos los daños causados al exmilitar y su familia.
“Le solicito honorable magistrada declarar la responsabilidad extracontractual de las demandadas Fiscalía General de la Nación y Nación/Rama Judicial por la detención ilegal, injusta, arbitraria y/o desproporcionada que durante 8 años y cinco meses soportó Luis Alfonso Plazas Vega”, reza en el documento presentado por el jurista al tribunal.
Cabe recordar que Luis Alfonso Plazas Vega enfrenta un proceso judicial ante las autoridades de Estados Unidos por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial. Esto, luego de que Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegaín, hijas del magistrado Carlos Urán, asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia, demandaran al coronel ante la justicia norteamericana cuando Plazas Vega se mudó a la ciudad de Weston (Florida).
Esta situación ha desatado una nueva batalla judicial para el coronel retirado, pues su defensa argumenta, entre otras cosas, que la justicia estadounidense no tiene competencia sobre hechos que tuvieron lugar en Colombia, país en el que se debe llevar el proceso.
Entretanto, los demandantes, que cuentan con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, afirman que en Colombia se desgastaron las vías legales en este caso y que todo se puede definir en la justicia internacional. Señalan, además, que Plazas Vega es un residente legal en Estados Unidos y debe responder en ese país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.