La Procuraduría anunció este miércoles 4 de agosto que adelantó una una solicitud de información a los ministerios de Interior, Transporte, Agricultura y Minas y Energía sobre las medidas que vienen cumpliendo esas carteras para enfrentar las afectaciones que se han generado por cuenta del paro camionero, que ya cumple tres días en firme.
El ente de control disciplinario, además, apuntó mediante un comunicado que desde que el Ministerio de Hacienda anunció el aumento del precio del diésel en $1.904 por galón como una medida para hacerle frente al déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), se preguntó a las instituciones sobre las acciones de coordinación a nivel nacional y territorial, “para abordar posibles expresiones de movilización y protesta social por este asunto”.
“La consulta la hizo el Ministerio Público en el ámbito del control preventivo ante las posibles afectaciones que se pueden generar en el abastecimiento de alimentos, la movilidad, el tránsito y desplazamiento de viajeros además de poner en riesgo no solo la seguridad alimentaria sino también la salud pública y hasta la seguridad energética, entre otros sectores”, añadió la Procuraduría.
Para Tatiana Oñate, procuradora delegada para la gestión y gobernanza territorial, es “fundamental que las autoridades a nivel nacional actúen de manera coordinada y armónica entre sí para abordar de manera efectiva y oportuna las problemáticas sociales que se pueden desencadenar en este contexto”.
La funcionaria aseguró que desde el Ministerio Público se seguirá haciendo un seguimiento al panorama y que, en caso de que los bloqueos continúen, se convocará a mesas de trabajo al gobierno para buscar solventar la crisis.
El pasado martes 3 de septiembre, la Fiscalía también se pronunció frente a la situación del paro camionero, pues anunció la apertura de una indagación a 36 bloqueos en diferentes carreteras del país, con un enfoque vías públicas en Bogotá y algunos corredores viales en la región del Magdalena Medio, así como en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta.
El ente investigador señaló que “actuará en el marco de sus competencias constitucionales y legales en los eventos en los cuales las manifestaciones sociales pierdan su naturaleza pacífica y entren a revestir la característica de delitos”.
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