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Como un nuevo patrón macrocriminal. Así pidió la Procuraduría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que sean incluidos los ‘falsos positivos’ ocurridos en la Comuna 13, en Medellín, y en la región del Valle de Aburrá, para que sean investigados en busca de sus máximos responsables.
Para el Ministerio Público, estos crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Militares tuvieron una serie de características especiales en su modalidad de ejecución, contexto y, sobre todo, en las víctimas. Es por eso que, según Jairo Acosta, procurador delegado ante la Jurisdicción, es necesario que se configure una modalidad de patrón única, que tenga sus inicios desde el 2002.
“Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar, y de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad”, explica un documento de observaciones de la Procuraduría.
Entre los motivos para solicitar esta medida, el Ministerio Público tuvo en cuenta por lo menos 26 casos que tuvieron lugar en estas zonas urbanas que, además, no están registradas oficialmente. “Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, reseña la Procuraduría.
De acuerdo con el ente de control, en Medellín, a diferencia de otros municipios, la afectación tiene índices más altos, pues el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 “se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención”, agrega el Ministerio Público en sus observaciones.
Así mismo, la Procuraduría solicitó adoptar medidas urgentes respecto al macrocaso 03 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), en el subcaso Antioquia, para atender con efoque diferencial y de género a las mujeres víctimas “para efectos de constatar posibles hechos relacionados con violencias basadas en género”. También pidió garantizar la participación de víctimas cuya acreditación se realizó de manera tardía y prevenir los traslados fragmentados de información para las versiones voluntarias.
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