La Procuraduría General Nacional suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva y lo llamó a juicio disciplinario por el caso que se adelanta en su contra que tiene como origen el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons. La noticia la comunicó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo.
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El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons.
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La Procuraduría tomó la decisión de suspender al canciller Leyva “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que funge como nuevo director del nuevo proceso contractual que se adelante para la gestión de pasaportes”.
En esta decisión de la Procuraduría, además, el Ministerio Público archivó la investigación que por estos mismos hechos se adelantaba contra el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.
El origen de la sanción contra Álvaro Leyva
Desde septiembre de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, están bajo la lupa de la Procuraduría por las presuntas irregularidades que se presentaron que llevaron a que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes.
Se trata de un contrato de $600 mil millones para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
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La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años.
En ese contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. Además de que ambos funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
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Con la apertura de investigación, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, con las que buscara establecer si efectivamente se cometió una falta disciplinaria y si ambos funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Desde que se abrió la licitación, el proceso ha sido atropellado. El pasado 5 de septiembre, la Cancillería suspendió la audiencia original, según dijo el ministro Álvaro Leyva, para “garantizar la objetividad”. Antes de eso, la audiencia ya había tenido aplazamientos e incluso un mes entero de suspensión. El mismo presidente Gustavo Pedro habría solicitado condiciones para una participación más plural en el proceso.
Es de recordar también que cerca de siete días después de que fuera declarada desierta esa licitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se abrió un nuevo proceso licitatorio. “El Fondo Rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, se lee en el comunicado que dio a conocer la Cancillería.
Los choques del canciller con Martha Lucía Zamora
El Canciller también protagonizó un enfrentamiento con la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora. Leyva le habría gritado cuando ella le sugirió conciliar en el caso de Thomas Greg & Sons, licitación que se declaró desierta cuando el proceso ya estaba avanzado. La situación desencadenó en el anuncio de su renuncia durante una entrevista del periodista Daniel Coronell. La dimisión habría sido pedida por el presidente Gustavo Petro por medio de un alto funcionario.
Según narró la funcionaria, fue agredida por el canciller de manera verbal, siendo señalada de no querer defender los intereses del presidente Petro. La situación que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República es investigada por el Ministerio Público y con ello se busca determinar si hubo represalias debido a la postura que la exdirectora tomó frente a la licitación de pasaportes en el país. Como parte del proceso, Zamora se presentó en la sede de la Procuraduría para declarar en el caso.
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Zamora también hace parte del proceso que lleva la Fiscalía. Se vinculó como testigo en un caso que investiga presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes en las que estarían involucrados tanto el canciller Álvaro Leyva como a su hijo Jorge Leyva. Entre las declaraciones que entregó Zamora a medios de comunicación está la de una presunta reunión en París entre el hijo del canciller Leyva, Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, y un grupo de empresas que estaban interesadas en la licitación de pasaportes en el país.
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