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El escándalo de los bonos de agua que enreda al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sigue generando reacciones. Tras el debate de control político ayer en el Congreso, este miércoles el procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que se trata de un episodio del que se debe aprender para regular el conflicto de interés. Además, anunció que “nosotros estamos acabando a recoger la evidencia”.
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“Lo que pasa es que no puede haber confusión entre interés privado y el interés público. Aquí hay que regular el conflicto de interés. Aquí un funcionario que tenga una investidura pública, de ninguna manera puede confundir esa investidura con la persecución de intereses particulares. Con esto es lo que quiero decir es que eso no configura necesariamente un delito, o un acto de corrupción, pero donde haya conflicto de interés hay una obligación para los funcionarios públicos de hacer manifiesto y de hacer público ese conflicto”, dijo Carrillo.
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Lo propio hizo la Contraloría General de la República que reveló esta mañana que abrió actuaciones especiales sobre los “bonos agua”. “Estamos revisando qué es lo que ha sucedido con los recursos que se debían invertir”, indicó el contralor Carlos Felipe Córdoba, aunque no entregó mayor información, pues planean anunciar los resultados "próximamente".
Esta polémica comenzó a partir de la columna del periodista Daniel Coronell en la que se denuncia que Carrasquilla, junto a otros socios, se habría beneficiado de la gestación de los $440.000 millones en bonos de agua que se emitieron entre 2009 y el 2011. Hay que tener en cuenta, primero, que en 2007 Carrasquilla ayudó a impulsar la Ley 1176 (de 2007), que le dio vida a este mecanismo de financiación con el que los municipios pueden comprometer recursos del Sistema General de Participación para proyectos de agua potable y saneamiento.
Después, Coronell también denuncia que, en 2008, cuando Carrasquilla ya estaba fuera del Gobierno, creó Konfigura, la empresa que gestionó los bonos de agua. Según el senador Jorge Enrique Robledo, a quien se cita la columna, a los prestamistas les pagaron “la atractiva tasa de UVR+8 %, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta de UVR+11 %, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3 %, unos $14.000 millones anuales durante cinco años”.
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El Procurador anunció que hará un pronunciamiento sobre este este caso. “Aquí hay que aprender mucho de este episodio. En este país lamentablemente funciona una puerta giratoria en donde se pasa el sector público al sector privado y del sector privado el sector público sin ninguna restricción, cuando a nivel por ejemplo el club de las buenas prácticas que es la OCDE pues ya hay parámetros que Colombia tiene que respetar”, agregó.
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