Profamilia pide formar a los militares en derechos sexuales y reproductivos

Profamilia, entidad sin ánimo de lucro que lucha por los derechos sexuales, se pronunció este martes sobre los casos de violencia sexual a manos de militares que han sufrido menores de edad de comunidades indígenas y que se han conocido en los últimos días. Además de reprochar los crímenes, pidió que se aplique “un enfoque diferencial de derechos humanos, reconociendo que las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, como lo son las niñas indígenas, están más propensas a la violencia por ocasión de crisis humanitarias como las que se suscitan en el marco del conflicto armado y la pandemia por COVID-19”, y envió recomendaciones de cómo comenzar.

(Lea también: El relato de la niña indígena de Nariño que llevó a la captura de dos soldados)

Todos estos casos, asegura Profamilia, no son aislados, sino que se encuentran enmarcados en un aumento de casos de violencia contra la niñez y las mujeres. “Además de los casos vinculados con los abusos por parte de la Fuerza Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que, en este período de 2020 se han recibido 15.369 solicitudes asociadas a casos de violencias contra la niñez. Esto representa un aumento del 43% frente a las denuncias recibidas en el mismo período de tiempo en 2019”, aseguró Profamilia.

En este contexto, la organización hizo un llamado “para que se articulen acciones en defensa de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres y de las minorías sexuales o étnicas que han sido víctimas a lo largo de sus vidas”. Y, en la misma línea hizo cuatro recomendaciones concretas para que las diferentes autoridades reconozcan las necesidades y circunstancias en las que se presentan estas violencias. La primera de ellas es “asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder de manera oportuna a los casos de violencia contra las mujeres y niñas”.

(Le puede interesar: Así fue la investigación que cercó a militares a aceptar abuso de niña embera)

Asimismo, Profamilia pidió “fortalecer la capacidad de los funcionarios de seguridad y justicia en la asistencia y respuesta a los casos de violencia de género durante la crisis por Covid -19, con especial énfasis en la prevención y atención de la violencia sexual e intrafamiliar”. Este fortalecimiento, dice la entidad, debe incluir la formación de los miembros de la Fuerza Pública en el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Además, sugieren iniciativas como campañas de educación integral contra la violencia de género que aclaren el acceso a servicios de salud sexual y que fomenten la transformación de los roles de género tradicionales.

(Le recomendamos: Los nukaks makús, ¿a un paso de su extinción?)

El llamado llega tras una oleada de crímenes similares: primero, el caso de una niña embera de 12 años que fue violentada por, al menos, siete militares en Pueblo Rico (Risaralda), delito que los uniformados mismos aceptaron en audiencia ante un juez. Luego, el caso de una nukak makú de 15 años que asegura haber sido retenida y abusada sexualmente por una semana por al menos dos soldados en la base militar de San José del Guaviare. Y, más recientemente, dos niñas de la comunidad El Sol de los Pastos de Nariño que aseguran haber sido accedidas por soldados de una base militar de Ipiales.

Profamilia, entidad sin ánimo de lucro que lucha por los derechos sexuales, se pronunció este martes sobre los casos de violencia sexual a manos de militares que han sufrido menores de edad de comunidades indígenas y que se han conocido en los últimos días. Además de reprochar los crímenes, pidió que se aplique “un enfoque diferencial de derechos humanos, reconociendo que las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, como lo son las niñas indígenas, están más propensas a la violencia por ocasión de crisis humanitarias como las que se suscitan en el marco del conflicto armado y la pandemia por COVID-19”, y envió recomendaciones de cómo comenzar.

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Todos estos casos, asegura Profamilia, no son aislados, sino que se encuentran enmarcados en un aumento de casos de violencia contra la niñez y las mujeres. “Además de los casos vinculados con los abusos por parte de la Fuerza Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que, en este período de 2020 se han recibido 15.369 solicitudes asociadas a casos de violencias contra la niñez. Esto representa un aumento del 43% frente a las denuncias recibidas en el mismo período de tiempo en 2019”, aseguró Profamilia.

En este contexto, la organización hizo un llamado “para que se articulen acciones en defensa de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres y de las minorías sexuales o étnicas que han sido víctimas a lo largo de sus vidas”. Y, en la misma línea hizo cuatro recomendaciones concretas para que las diferentes autoridades reconozcan las necesidades y circunstancias en las que se presentan estas violencias. La primera de ellas es “asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder de manera oportuna a los casos de violencia contra las mujeres y niñas”.

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Asimismo, Profamilia pidió “fortalecer la capacidad de los funcionarios de seguridad y justicia en la asistencia y respuesta a los casos de violencia de género durante la crisis por Covid -19, con especial énfasis en la prevención y atención de la violencia sexual e intrafamiliar”. Este fortalecimiento, dice la entidad, debe incluir la formación de los miembros de la Fuerza Pública en el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Además, sugieren iniciativas como campañas de educación integral contra la violencia de género que aclaren el acceso a servicios de salud sexual y que fomenten la transformación de los roles de género tradicionales.

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El llamado llega tras una oleada de crímenes similares: primero, el caso de una niña embera de 12 años que fue violentada por, al menos, siete militares en Pueblo Rico (Risaralda), delito que los uniformados mismos aceptaron en audiencia ante un juez. Luego, el caso de una nukak makú de 15 años que asegura haber sido retenida y abusada sexualmente por una semana por al menos dos soldados en la base militar de San José del Guaviare. Y, más recientemente, dos niñas de la comunidad El Sol de los Pastos de Nariño que aseguran haber sido accedidas por soldados de una base militar de Ipiales.