‘Jóvenes en Paz’ aplicará a condición de extrema pobreza, dice Consejo de Estado

A través de un fallo de 54 páginas, el Consejo de Estado limitó el programa “Jóvenes en Paz”, liderado desde el Ministerio de la Igualdad, a la cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. La decisión del alto tribunal responde a una demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien alegó que el decreto que reglamentó el programa amplió de forma irregular el grupo de beneficiarios.

Ahora, con esta determinación del Consejo de Estado, quienes estén en condición de pobreza y vulnerabilidad no podrán verse beneficiados del proyecto que busca pagar $1 millón a los jóvenes que estén en riesgo de caer en escenarios de delincuencia. Solo podrán aplicar los jóvenes que se encuentren en situación de “extrema pobreza”.

“Declarar la medida cautelar de la suspensión provisional de la expresión ‘pobreza’ contenida en el artículo 1 del Decreto 1649 de 2023, así como de las expresiones “pobreza” o “vulnerabilidad en términos monetarios” contenidas en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 1649 de 2023″, resolvió el alto tribunal.

La decisión, con ponencia del magistrado Owsaldo Giraldo López, determinó que se presentó una “extralimitación en la función reglamentaria”, pues el universo de beneficiarios de las transacciones monetarias se amplió a jóvenes entre 14 y 18 años en “extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.

De acuerdo con la demandante, la senadora Valencia, el Congreso aprobó únicamente “la ‘extrema pobreza’ como una de las situaciones de naturaleza económica que deben cumplir los potenciales beneficiarios del programa. Esto se obvió en la redacción del Decreto en discusión, al adicionarse ‘pobreza’ y ‘vulnerabilidad en términos monetarios’”.

El Consejo de Estado respaldó los argumentos de la legisladora, y señaló en su decisión que “en efecto, tal como lo argumentó la parte actora, el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023 previó que el Programa Nacional Jóvenes en Paz está dirigido a la juventud entre los 14 y 18 años de edad que se encuentran en situación de ‘extrema pobreza’, y no de ‘pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios’, por lo que se evidencia la existencia de una infracción manifiesta con la ley reglamentada en tanto que se amplió el grupo de beneficiarios del programa”.

Para el alto tribunal también es de reconocer el presupuesto necesario para la implementación del programa, pues, al ampliarse el universo de beneficiarios, esos costos inicialmente aprobados en el Congreso no estaban autorizados.

El programa contaba, inicialmente, con cálculos de hasta $1,3 billones y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para seleccionar beneficiarios de programas de asistencia se usan indicadores de pobreza y vulnerabilidad, aunque las medidas cautelares ahora limitan el acceso solo a quienes estén en extrema pobreza, lo cual modifica las proyecciones de costos y el alcance social del programa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A través de un fallo de 54 páginas, el Consejo de Estado limitó el programa “Jóvenes en Paz”, liderado desde el Ministerio de la Igualdad, a la cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. La decisión del alto tribunal responde a una demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien alegó que el decreto que reglamentó el programa amplió de forma irregular el grupo de beneficiarios.

Ahora, con esta determinación del Consejo de Estado, quienes estén en condición de pobreza y vulnerabilidad no podrán verse beneficiados del proyecto que busca pagar $1 millón a los jóvenes que estén en riesgo de caer en escenarios de delincuencia. Solo podrán aplicar los jóvenes que se encuentren en situación de “extrema pobreza”.

“Declarar la medida cautelar de la suspensión provisional de la expresión ‘pobreza’ contenida en el artículo 1 del Decreto 1649 de 2023, así como de las expresiones “pobreza” o “vulnerabilidad en términos monetarios” contenidas en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 1649 de 2023″, resolvió el alto tribunal.

La decisión, con ponencia del magistrado Owsaldo Giraldo López, determinó que se presentó una “extralimitación en la función reglamentaria”, pues el universo de beneficiarios de las transacciones monetarias se amplió a jóvenes entre 14 y 18 años en “extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.

De acuerdo con la demandante, la senadora Valencia, el Congreso aprobó únicamente “la ‘extrema pobreza’ como una de las situaciones de naturaleza económica que deben cumplir los potenciales beneficiarios del programa. Esto se obvió en la redacción del Decreto en discusión, al adicionarse ‘pobreza’ y ‘vulnerabilidad en términos monetarios’”.

El Consejo de Estado respaldó los argumentos de la legisladora, y señaló en su decisión que “en efecto, tal como lo argumentó la parte actora, el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023 previó que el Programa Nacional Jóvenes en Paz está dirigido a la juventud entre los 14 y 18 años de edad que se encuentran en situación de ‘extrema pobreza’, y no de ‘pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios’, por lo que se evidencia la existencia de una infracción manifiesta con la ley reglamentada en tanto que se amplió el grupo de beneficiarios del programa”.

Para el alto tribunal también es de reconocer el presupuesto necesario para la implementación del programa, pues, al ampliarse el universo de beneficiarios, esos costos inicialmente aprobados en el Congreso no estaban autorizados.

El programa contaba, inicialmente, con cálculos de hasta $1,3 billones y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para seleccionar beneficiarios de programas de asistencia se usan indicadores de pobreza y vulnerabilidad, aunque las medidas cautelares ahora limitan el acceso solo a quienes estén en extrema pobreza, lo cual modifica las proyecciones de costos y el alcance social del programa.

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