Promoverán la ley Rosa Elvira

Un descarnado ataque cometido contra una madre soltera, ocurrido en la madrugada de un jueves de mayo pasado, sobresalió entre tantos otros por haber ocurrido en pleno corazón de Bogotá y por la crueldad extrema de la que la víctima, Rosa Elvira Cely, fue blanco. El atroz crimen de la vendedora ambulante marcó al país. Ahora que su caso se conoce en Colombia de rincón a rincón, un grupo de abogadas busca dar su nombre a una iniciativa para que en el país la violencia contra la mujer sea un delito con nombre y apellidos: el feminicidio.

Dentro de nueve días, cuando los 102 senadores regresen al Congreso para iniciar un nuevo período legislativo, la discusión alrededor del feminicidio se pondrá sobre la mesa. Las abogadas Isabel Agatón y Blanca Lidia González, del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cijusticia), se pusieron manos a la obra en la formulación de la propuesta. Y fue Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, la senadora que acogió sus inquietudes. En días pasados estas tres mujeres se reunieron para acordar que, llegado el 20 de julio, se radicará un proyecto de ley llamado Rosa Elvira.

“Hablar de feminicidio es hacerle entender a la sociedad que matar mujeres es gravísimo, que no se trata de un simple homicidio más. Hacer del feminicidio una categoría en el Código Penal es decirles a los hombres que no se pueden salir con la suya, que agredir a una mujer sí es muy grave”, resalta Isabel Agatón. “En Latinoamérica la discusión ya empezó. Es justo que en Colombia, donde hay tanta violencia de género, también se dé”, asevera Blanca Lidia González.

Con la afirmación de Blanca Lidia coinciden integrantes de la bancada de mujeres del Congreso, como la representante del MIRA Gloria Stella Díaz. “Estamos en mora de discutir el tema —señala Díaz—. Me encantaría ver la discusión parlamentaria porque acá se ha rezagado en comparación con el resto del continente, a pesar de ser un país donde una de las mayores cifras de mortalidad de las mujeres corresponde a las agresiones de sus compañeros. Bajo el pretexto del amor las están matando”. En diálogo con este diario, la representante manifestó su apoyo para lograr que se tipifiquen los feminicidios, aunque admitió que “no será un proceso fácil, porque se trata de la concientización sobre un serio problema”.

Ángela María Robledo, otra de las principales defensoras de los derechos de la mujer en el Congreso, expresó también su apoyo a la iniciativa. Según ella, es un granito de arena más para hacer del Código Penal un conjunto de normas que también tengan rostro femenino. “Colombia, en un estudio del centro Reina Sofía, aparece como el país con más alto número de mujeres asesinadas después de México”, indica Robledo. Aunque algunos aspectos es necesario cogerlos con pinzas, dice: “Habría que definir qué es un feminicidio concretamente, quién lo comete y en qué circunstancias”.

Pero, más importante aún, expone Robledo, “habría que mirar el tema de los castigos. De nada sirve crear y crear leyes si se van a volver simbólicas, de papel. Más que penas amplias se necesitan penas efectivas y pertinentes”. Robledo asegura que apoyará el proyecto de ley Rosa Elvira siempre y cuando “incluya un cambio cultural”. De nada sirve que en Colombia existan leyes si, por ejemplo, un fiscal elige acusar a un hombre que arrojó a su esposa desde un cuarto piso y la dejó parapléjica de violencia intrafamiliar y no de intento de homicidio.

Las promotoras de la ley Rosa Elvira también lo saben, pero insisten en que hablar de feminicidios en el país le daría más relevancia a la violencia de género. Insisten también en que quienes cometan feminicidios, como lo plantean en el proyecto de ley, no deben recibir beneficios penales, tal como se determinó para los abusadores de niños. Pero no todos los sectores del país están de acuerdo con seguir aumentando las penas. Precisamente la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado acaba de divulgar un informe en el que critica que el “populismo punitivo” está generando sólo más hacinamiento carcelario (ver artículo de la página 12).

En otros países del continente el debate sobre el feminicidio empezó hace un buen rato. En México, en 2007, se aprobó la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias”. A pesar de que Ciudad Juárez se ha convertido en el símbolo de la violencia contra las latinoamericanas, a pesar de que más del 60% de las mexicanas admiten haber sido agredidas de alguna forma (según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares), México le dijo que no a la tipificación del feminicidio.

Sin embargo, con la norma mencionada se incluyeron las categorías “violencia feminicida” y “alerta de violencia de género” para proteger a las mujeres de “conductas misóginas”. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México documentó el asesinato de 1.221 mujeres en 13 estados de la República y comentó que “la lucha contra el narcotráfico, la violencia en extremo y el ambiente generalizado de inseguridad han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres”. Una realidad nada alejada de la que atraviesa Colombia.

Tres países centroamericanos los llevan la delantera en la clasificación de este delito: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En ellos, ha advertido la ONU, la violencia en contra de las mujeres es brutal y sistemática. En Guatemala, un feminicida no puede recibir rebaja de pena; en Nicaragua es un agravante que el crimen se cometa en presencia de los hijos de la víctima; en El Salvador incluso está penalizado que una persona, a través de maltratos o aprovechándose de la vulnerabilidad de su víctima, lleve a una mujer hasta el borde del abismo y ella termine suicidándose.

Estudios en Medicina Legal
Las cifras de asesinatos de mujeres en Colombia son alarmantes. Entre 2002 y 2009, registró Medicina Legal, 11.976 mujeres fueron asesinadas, lo que se traduce a un promedio anual de 1.497 víctimas, nada lejos de lo que ocurre en México. Reconociendo la problemática, el Instituto ha empezado a hacer estudios de violencia a partir del género. Según su director, Carlos Valdés, “consiste en que cada caso de violencia contra la mujer se va a estudiar en su contexto: tipo de agresión, antecedentes de violencia intrafamiliar. Esta metodología nueva nos va a permitir en corto tiempo identificar el comportamiento social de la violencia contra la mujer y prevenirla, como se ha hecho con los accidentes de tránsito: la información epidemiológica llevó a la creación de zonas verdes y caminos peatonales y de bicicletas.

Cronología de la tipificación del feminicidio en Latinoamérica

Febrero de 2007

México

La violencia feminicida se admite como delito: es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres”, y la alerta de violencia de género. Se reconoce además que el Estado debe enfrentarla y erradicarla.

Abril de 2007

Costa Rica

Se tipifica el castigo para el  “feminicidio”: 20 a 30 años de prisión a quien asesine a su esposa o compañera en unión marital de hecho. En ese país, entre 1999 y 2009 fueron asesinadas 111 mujeres.

Mayo de 2008

Guatemala

Se reconoce como “feminicidio” la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres.

Noviembre de 2010

El Salvador

Se incluyeron los conceptos de violencia feminicida, feminicidio y suicidio feminicida. Organizaciones defensoras de mujeres afirman, sin embargo, que las normas poco se están aplicando.

Diciembre de 2010

Chile

Con la Ley 20.480 se introdujo una modificación para determinar que “feminicidio” es el homicidio de quien es o ha sido “cónyuge o conviviente”.

Diciembre de 2011

Perú

“Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio”: Ley 29819 que modifica el Código Penal.

Enero de 2012

Nicaragua

“Comete feminicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”. El delito se agrava si se comete, por ejemplo, en ritos grupales.

Un descarnado ataque cometido contra una madre soltera, ocurrido en la madrugada de un jueves de mayo pasado, sobresalió entre tantos otros por haber ocurrido en pleno corazón de Bogotá y por la crueldad extrema de la que la víctima, Rosa Elvira Cely, fue blanco. El atroz crimen de la vendedora ambulante marcó al país. Ahora que su caso se conoce en Colombia de rincón a rincón, un grupo de abogadas busca dar su nombre a una iniciativa para que en el país la violencia contra la mujer sea un delito con nombre y apellidos: el feminicidio.

Dentro de nueve días, cuando los 102 senadores regresen al Congreso para iniciar un nuevo período legislativo, la discusión alrededor del feminicidio se pondrá sobre la mesa. Las abogadas Isabel Agatón y Blanca Lidia González, del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cijusticia), se pusieron manos a la obra en la formulación de la propuesta. Y fue Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, la senadora que acogió sus inquietudes. En días pasados estas tres mujeres se reunieron para acordar que, llegado el 20 de julio, se radicará un proyecto de ley llamado Rosa Elvira.

“Hablar de feminicidio es hacerle entender a la sociedad que matar mujeres es gravísimo, que no se trata de un simple homicidio más. Hacer del feminicidio una categoría en el Código Penal es decirles a los hombres que no se pueden salir con la suya, que agredir a una mujer sí es muy grave”, resalta Isabel Agatón. “En Latinoamérica la discusión ya empezó. Es justo que en Colombia, donde hay tanta violencia de género, también se dé”, asevera Blanca Lidia González.

Con la afirmación de Blanca Lidia coinciden integrantes de la bancada de mujeres del Congreso, como la representante del MIRA Gloria Stella Díaz. “Estamos en mora de discutir el tema —señala Díaz—. Me encantaría ver la discusión parlamentaria porque acá se ha rezagado en comparación con el resto del continente, a pesar de ser un país donde una de las mayores cifras de mortalidad de las mujeres corresponde a las agresiones de sus compañeros. Bajo el pretexto del amor las están matando”. En diálogo con este diario, la representante manifestó su apoyo para lograr que se tipifiquen los feminicidios, aunque admitió que “no será un proceso fácil, porque se trata de la concientización sobre un serio problema”.

Ángela María Robledo, otra de las principales defensoras de los derechos de la mujer en el Congreso, expresó también su apoyo a la iniciativa. Según ella, es un granito de arena más para hacer del Código Penal un conjunto de normas que también tengan rostro femenino. “Colombia, en un estudio del centro Reina Sofía, aparece como el país con más alto número de mujeres asesinadas después de México”, indica Robledo. Aunque algunos aspectos es necesario cogerlos con pinzas, dice: “Habría que definir qué es un feminicidio concretamente, quién lo comete y en qué circunstancias”.

Pero, más importante aún, expone Robledo, “habría que mirar el tema de los castigos. De nada sirve crear y crear leyes si se van a volver simbólicas, de papel. Más que penas amplias se necesitan penas efectivas y pertinentes”. Robledo asegura que apoyará el proyecto de ley Rosa Elvira siempre y cuando “incluya un cambio cultural”. De nada sirve que en Colombia existan leyes si, por ejemplo, un fiscal elige acusar a un hombre que arrojó a su esposa desde un cuarto piso y la dejó parapléjica de violencia intrafamiliar y no de intento de homicidio.

Las promotoras de la ley Rosa Elvira también lo saben, pero insisten en que hablar de feminicidios en el país le daría más relevancia a la violencia de género. Insisten también en que quienes cometan feminicidios, como lo plantean en el proyecto de ley, no deben recibir beneficios penales, tal como se determinó para los abusadores de niños. Pero no todos los sectores del país están de acuerdo con seguir aumentando las penas. Precisamente la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado acaba de divulgar un informe en el que critica que el “populismo punitivo” está generando sólo más hacinamiento carcelario (ver artículo de la página 12).

En otros países del continente el debate sobre el feminicidio empezó hace un buen rato. En México, en 2007, se aprobó la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias”. A pesar de que Ciudad Juárez se ha convertido en el símbolo de la violencia contra las latinoamericanas, a pesar de que más del 60% de las mexicanas admiten haber sido agredidas de alguna forma (según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares), México le dijo que no a la tipificación del feminicidio.

Sin embargo, con la norma mencionada se incluyeron las categorías “violencia feminicida” y “alerta de violencia de género” para proteger a las mujeres de “conductas misóginas”. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México documentó el asesinato de 1.221 mujeres en 13 estados de la República y comentó que “la lucha contra el narcotráfico, la violencia en extremo y el ambiente generalizado de inseguridad han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres”. Una realidad nada alejada de la que atraviesa Colombia.

Tres países centroamericanos los llevan la delantera en la clasificación de este delito: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En ellos, ha advertido la ONU, la violencia en contra de las mujeres es brutal y sistemática. En Guatemala, un feminicida no puede recibir rebaja de pena; en Nicaragua es un agravante que el crimen se cometa en presencia de los hijos de la víctima; en El Salvador incluso está penalizado que una persona, a través de maltratos o aprovechándose de la vulnerabilidad de su víctima, lleve a una mujer hasta el borde del abismo y ella termine suicidándose.

Estudios en Medicina Legal
Las cifras de asesinatos de mujeres en Colombia son alarmantes. Entre 2002 y 2009, registró Medicina Legal, 11.976 mujeres fueron asesinadas, lo que se traduce a un promedio anual de 1.497 víctimas, nada lejos de lo que ocurre en México. Reconociendo la problemática, el Instituto ha empezado a hacer estudios de violencia a partir del género. Según su director, Carlos Valdés, “consiste en que cada caso de violencia contra la mujer se va a estudiar en su contexto: tipo de agresión, antecedentes de violencia intrafamiliar. Esta metodología nueva nos va a permitir en corto tiempo identificar el comportamiento social de la violencia contra la mujer y prevenirla, como se ha hecho con los accidentes de tránsito: la información epidemiológica llevó a la creación de zonas verdes y caminos peatonales y de bicicletas.

Cronología de la tipificación del feminicidio en Latinoamérica

Febrero de 2007

México

La violencia feminicida se admite como delito: es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres”, y la alerta de violencia de género. Se reconoce además que el Estado debe enfrentarla y erradicarla.

Abril de 2007

Costa Rica

Se tipifica el castigo para el  “feminicidio”: 20 a 30 años de prisión a quien asesine a su esposa o compañera en unión marital de hecho. En ese país, entre 1999 y 2009 fueron asesinadas 111 mujeres.

Mayo de 2008

Guatemala

Se reconoce como “feminicidio” la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres.

Noviembre de 2010

El Salvador

Se incluyeron los conceptos de violencia feminicida, feminicidio y suicidio feminicida. Organizaciones defensoras de mujeres afirman, sin embargo, que las normas poco se están aplicando.

Diciembre de 2010

Chile

Con la Ley 20.480 se introdujo una modificación para determinar que “feminicidio” es el homicidio de quien es o ha sido “cónyuge o conviviente”.

Diciembre de 2011

Perú

“Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio”: Ley 29819 que modifica el Código Penal.

Enero de 2012

Nicaragua

“Comete feminicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado”. El delito se agrava si se comete, por ejemplo, en ritos grupales.