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La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia, impulsado por el Gobierno y liderado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, junto al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y el senador Carlos Fernando Motoa. Con 15 votos a favor y dos en contra, el proyecto pasará a la plenaria del Senado para su segundo debate. Antes de la discusión, se eliminó el polémico artículo 7, que contemplaba rebajas para delitos graves contra menores de edad.
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Durante la sesión, los parlamentarios discutieron la propuesta destacando que busca descongestionar el sistema judicial y reducir la impunidad. Sin embargo, algunos puntos, como los artículos 2 y 3 sobre la extinción de la acción penal en delitos de derechos de autor y patrimonio económico, generaron inquietud.
En el debate, la ministra Buitrago y el presidente Chaverra respondieron preguntas de los congresistas. Chaverra subrayó el impacto positivo del proyecto en la reducción de la congestión judicial, mientras que la ministra defendió el uso de mecanismos como el principio de oportunidad y el preacuerdo, aclarando que estos no implican impunidad. Además, explicó que la indemnización integral en Colombia abarca verdad, justicia y reparación.
Un aspecto clave de la propuesta es la introducción de un mecanismo de reparación integral, el cual permitiría a los procesados obtener rebajas de penas a cambio de indemnizar a las víctimas. Según el artículo 3 del proyecto, esta reparación podría ser una causa para extinguir la pena, de modo que el procesado quede exonerado del delito mediante un acuerdo con las víctimas o con un perito judicial que establezca el monto de la indemnización.
Esta reforma plantea una reflexión sobre la justicia en Colombia: “¿Qué justicia nos sirve más?, la restaurativa para las víctimas en un estado de conflicto que llevamos 70 años, o la punitivista que tiene la impunidad del 90%”, señaló la ministra de Justicia, Buitrago. En su intervención, sugirió que un enfoque restaurativo podría aliviar la sobrecarga judicial y responder mejor a las necesidades de las víctimas.
La ministra también destacó la crisis del sistema judicial, con cárceles al 120% de ocupación y grandes retrasos en los juzgados. Este proyecto pretende aliviar la saturación judicial y carcelaria mediante alternativas como la reparación económica, disminuyendo la prisión para delitos menores y asegurando justicia para las víctimas sin sobrecargar el sistema.
Durante un debate de más de cuatro horas, la Comisión aprobó el primer bloque de 10 artículos (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) con 14 votos a favor y uno en contra. El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde, votó en contra, justificando su posición por considerar que la propuesta podría beneficiar a quienes él considera “bandidos”.
El artículo 11, que permite “principios de oportunidad y preacuerdos” en delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, fue aprobado sin cambios. Este artículo ofrece beneficios judiciales a quienes colaboren en el desmantelamiento de las organizaciones criminales a las que pertenecían. Aunque algunos miembros de la Comisión y sectores públicos respaldaron esta estrategia para fomentar la cooperación con la justicia, otros la consideran una concesión para individuos involucrados en delitos graves.
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Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, defendió la medida, argumentando que su objetivo es acelerar los procesos judiciales sin otorgar “demasiados beneficios a los delincuentes.” Afirmó que esta iniciativa ayudaría a aliviar el colapso actual del sistema judicial, dando al sistema un necesario respiro. Por último, el presidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa, indicó que los ponentes tienen ocho días para presentar el informe de ponencia.
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