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Desde que estalló el escándalo del cartel de la toga, a mediados de 2017, la mayoría de sus protagonistas -exmagistrados, excongresistas y exfuncionarios- han sido condenados o procesados por la justicia. Salvo uno, que ni siquiera ha sido llamado a rendir cuentas: el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Desde hace años su nombre se ventila en audiencias de imputación y en juicios públicos como presunto beneficiario de este cartel de corrupción que torcía o engavetaba expedientes en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. En su caso particular, el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno lo ha acusado de pagar $1.000 millones para “arreglar” varios procesos cuando fue gobernador y evitar que fuera detenido. Lo curioso es que los que habrían recibido esos dineros están condenados o enjuiciados, pero el que supuestamente los dio, no.
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Luis Gustavo Moreno, por ejemplo, tras ser capturado, aceptó sus delitos, confesó sus andanzas del pasado, echó al agua a todos los miembros del cartel, fue extraditado a Estados Unidos, terminó condenado en Colombia y hoy es testigo estelar en este expediente. El exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra, quien en su momento investigó a Abadía, también fue sentenciado por haberlo favorecido con el archivo de dos procesos que cursaban en su despacho y por haber retardado, a pesar de las pruebas, su llamado a imputación por presuntos sobrecostos en un contrato de dotación de bibliotecas. Bettín, una vez descubierto, admitió todo y negoció un preacuerdo. El último de los condenados y cabeza de este cartel es el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, a quien el pasado miércoles el Tribunal de Bogotá confirmó su responsabilidad en los hechos, pero el rebajó su pena de cárcel.
En contraste, Juan Carlos Abadía no ha sido ni siquiera llamado a imputación por este escándalo. Desde 2017, la Fiscalía tiene información en su contra, y en los múltiples frentes de investigación que se abrieron por este caso, su nombre ha aparecido dentro del listado de políticos beneficiados por este cartel. Luis Gustavo Moreno, quien ofició como su abogado, declaró en septiembre de 2017 en la Fiscalía: “En el caso de Juan Carlos Abadía de lo que yo recibí para entregarle al doctor Francisco (Ricaurte) fueron $400 millones”. Y añadió: “Por la presión nuevamente de la imputación que se le iba a hacer se le exigen $600 millones, para un total de $1.000 millones, con el propósito de evitar la imputación”. En algún momento, agregó Moreno, Abadía se colgó con esos pagos y Ricaurte le mandó a decir amenazante: “Si no paga la totalidad, lo vamos a imputar”.
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Luis Gustavo Moreno reveló la bitácora de detalles turbios en este proceso. Contó, por ejemplo, que en 2014 Francisco Ricaurte le presentó a Juan Carlos Abadía en San Andrés y que de inmediato este le otorgó poder para que lo representara en distintos procesos que tenía en la Fiscalía. Según Moreno, Ricaurte empezó a darles manejo a los casos contra Abadía, pues el fiscal Alfredo Bettín era cuota del cartel en esa entidad y hacía lo que le ordenaban. El propio Bettín declaró en juicio que en 2015 tuvo varias reuniones en el apartamento de Ricaurte, que allí reveló detalles reservados del proceso que adelantaba contra Abadía al punto de anticiparle que había prueba suficiente para imputarlo. De acuerdo con Bettín, Ricaurte le dijo que era amigo de Abadía, que él era inocente y que revisara bien ese expediente, porque el exgobernador “había actuado de buena fe”.
Siguiendo las peticiones de Ricaurte, Moreno y, posteriormente, del exmagistrado Leonidas Bustos -cuyo juicio en la Corte Suprema por el cartel de la toga empezará en enero de 2022-, el entonces fiscal Bettín accedió a frenar la imputación contra Abadía, recibirle nuevas pruebas y testimonios, y concederle varios aplazamientos. Sin embargo, tras la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el coordinador de fiscales ante la Corte, Fabio Espitia, empezó a pedirle a Bettín que imputara a Abadía, pues había todas las pruebas para ello. Moreno, entonces, ya no era apoderado de Abadía y ahora oficiaba como fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. En su reemplazo, según Moreno y Bettín, Leonidas Bustos había asumido el caso. Al final Bettín tuvo que imputarlo en marzo de 2017, pero no pidió medida de aseguramiento en su contra.
Gustavo Moreno explicó que Bettín no recibió dineros del cartel para favorecer a Abadía, pero que sí siguió instrucciones de las cabezas de esta organización ilegal porque les debía su puesto como fiscal ante la Corte. Aunque en primera instancia un juez había condenado al exmagistrado Francisco Ricaurte por estos hechos de corrupción, incluido el episodio del exgobernador Abadía, en el fallo del Tribunal de Bogotá este episodio se cayó por un asunto de carácter procesal. Según la sentencia, la Fiscalía inicialmente le imputó a Ricaurte el delito de concierto para delinquir en este proceso, pero en la acusación cambió ese delito por cohecho al concluir que el cartel había logrado que el fiscal Bettín congelara los procesos contra Abadía a cambio de mantener su puesto. Por esta razón le rebajaron la pena a Ricaurte de 19 años a 16 años y cinco meses.
El asunto es demasiado técnico, pero, en resumen, el exmagistrado Ricaurte resultó favorecido no porque los hechos de corrupción en el caso de Juan Carlos Abadía no hubieran ocurrido, sino porque la Fiscalía se habría equivocado al haber variado la calificación del delito. Más allá de la controversia procesal, lo cierto es que en este caso tres de sus protagonistas terminaron sentenciados: el exfiscal Luis Gustavo Moreno, el exmagistrado Francisco Ricaurte y el exfiscal Alfredo Bettín. En la otra orilla, el supuesto beneficiado de ese carrusel de corrupción, Juan Carlos Abadía se declaró inocente. En diálogo con El Espectador manifestó que jamás le pagó dinero a nadie para que le archivaran un caso, refutó todas las acusaciones de Luis Gustavo Moreno y aseguró que él no podía responder por las actuaciones de su exapoderado.
De acuerdo con su relato, fue el exgobernador Gustavo Álvarez Gardeazábal quien le presentó a Luis Gustavo Moreno y no Francisco Ricaurte. También señaló que jamás ha coincidido en San Andrés con Moreno y con Ricaurte y que, por tanto, esa versión es falsa. Reconoció que sí le dio poder a Moreno para que fuera su abogado, pero que su gestión no le pareció la mejor porque sus procesos no se archivaban; que tiempo después renunció porque quería ser personero de Bogotá y que luego nombró en su reemplazo al abogado José Saavedra, que pertenecía a la oficina de Leonidas Bustos. Eso sí, explicó, Bustos nunca fue su abogado, ni tampoco Francisco Ricaurte. “Jamás les otorgué un poder”. Y añadió: “El doctor Bettín fue enfático en decir que nunca se reunió conmigo y que el señor Ricaurte le pidió que revisara jurídicamente mi proceso, y eso no es delito”.
Además, Abadía se declaró víctima del cartel de la toga. “Yo con Francisco Ricaurte no tengo ningún vínculo ni le he pedido favores. Antes yo salí perjudicado por ese enfrentamiento entre Gustavo Moreno y ellos. Quienes en algún momento fuimos representados (por ellos) salimos perjudicados”, recalcó. Cuando se le preguntó por qué Ricaurte habría adelantado gestiones para favorecerlo, tal como lo confesó el exfiscal Bettín, Abadía indicó que no podía responder por Ricaurte e insistió en que Bettín lo único que hizo fue respetarle sus derechos como procesado. “La persona que está siendo investigada puede pedir las ampliaciones que sean necesarias a la Fiscalía y eso no es ningún favor, es el derecho a la defensa”. En relación con Gustavo Moreno y sus gestiones ilegales con el cartel de la toga, declaró tajante: “Uno no vive con el abogado y no puedo responder por él”.
Finalmente concluyó Abadía: “No tengo nada que ver con ese cartel, nunca recibí ningún beneficio, al revés, me imputaron. Y lo hicieron sin tener argumentos para imputarme porque en ese contrato nunca hubo un sobrecosto. Pregunto con todo respeto: ‘¿Quién paga para que lo perjudiquen?’”. Juan Carlos Abadía, de 42 años, fue gobernador del Valle entre 2008 y 2010 cuando la Procuraduría lo inhabilitó por participación indebida en política. De acuerdo con el fallo, en febrero de 2010 promovió una reunión del entonces candidato presidencial Andrés Felipe Arias con una veintena de alcaldes del Valle. Desde el inicio de su carrera política ha sido relacionado con dos figuras políticas de peso en esa región: Carlos Herney Abadía, su padre, condenado por recibir dineros del cartel de Cali, y Juan Carlos Martínez, heredero de Abadía y condenado por parapolítica.
Claudia Andrea Hormaza Niño, representante de la Rama Judicial en estas investigaciones, lamentó que la Fiscalía no haya avanzado en sus pesquisas en este caso. “Por temas procesales o por temas internos de la Fiscalía, lo que ha ocurrido en el caso del exgobernador Abadía es que no avanza ese proceso debido al cambio de fiscales y esto ha generado una mora judicial. Su nombre siempre ha salido mencionado por la misma Fiscalía en los distintos escritos de acusación y diligencias de juicio como presunto beneficiario de esta organización criminal. Como representante de las víctimas quisiéramos que no se sigan cambiando los fiscales e investigadores. Ahí, está, por ejemplo, el reciente retiro de la fiscal Claudia Vanegas, quien había venido impulsando todos estos procesos, incluido el del exmagistrado Francisco Ricaurte”, señaló.
Consultado por El Espectador, Luis Gustavo Moreno también resaltó las investigaciones de la exfiscal ClaudiaVanegas. A través de un audio que hizo llegar a este diario, desde su sitio de reclusión, Moreno indicó con vehemencia: “Magistrados, fiscales, abogados, políticos, gobernadores y congresistas se beneficiaron a través de dineros que pagaron o recibieron para que los procesos en su contra no se movieran. Mi llamado es a que la Fiscalía no deje impune el caso del exgobernador Juan Carlos Abadía. Es absurdo que después de lograr la condena del fiscal que lo favoreció, el doctor Bettín, no responda por los actos de corrupción quien se benefició. Nos corrompimos: corruptos y corruptores en la administración de justicia. Y a pesar de que muchos podamos estar arrepentidos, tenemos que responder por nuestros actos”.
Moreno remató así: “Es normal que digan que son inocentes, es un acto de defensa desesperado, nadie quiere ir a la cárcel, mucho menos si pagó para evitar esas consecuencias. Es momento de que la Fiscalía no deje piezas inconclusas y rompecabezas incompletos en este esquema de corrupción”. Por ahora el caso Abadía sigue en etapa de investigación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada. Aunque por el tiempo transcurrido, expertos aseguran que es posible que los últimos dos delitos ya estén prescritos o a punto de hacerlo. Abadía, sin embargo, se jura inocente y dice que así se probará, pese a que en cada expediente sobre el cartel de la toga siempre resulte mencionado como uno de los supuestos beneficiarios de la corrupción de Ricaurte, Bustos, Bettín, Moreno y compañía.
