¿Qué es la fitorremediación y por qué es esperanza en tierras de minería ilegal?

Norelys Arias, campesina del corregimiento Margento de Caucasia (Antioquia), carga una semilla de yarumo en la mano y con orgullo mira hacia un espejo de agua ubicado a pocos metros de una finca en el Bajo Cauca. “Ese espejo de agua que ven lo cogieron para minería. Hace unos años era un lago con agua roja. Cuando entraron con la maquinaria, para sacar el oro, lo dañaron. Pero desde que entró el proyecto de fitorremediación, nos dieron la oportunidad de recuperarlo y, ahora, después de meses de trabajo, ya nos estamos dedicando a pescar como en el pasado. Y lo hicimos madres solteras cabeza de hogar”, cuenta Arias. Ese espejo de agua, de unos cien metros visto al horizonte, por pequeño que parezca en la inmensidad del Bajo Cauca, es también una esperanza, pues lo que fue tierra muerta y agua envenenada, volvió a su estado natural.

En contexto: Las imágenes desoladoras de la minería ilegal en el noroccidente colombiano

El Espectador conoció el primer resultado del proyecto de fitorremediación impulsado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en asociación con la Universidad de Córdoba y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Se trata de la recuperación completa de 25 hectáreas de tierra y espejos de agua que habían sido degradados producto de la minería ilegal. Un trabajo que pudo lograrse con la plantación de semillas de yarumo y piñón. Estas últimas crecieron y, en el proceso, estabilizaron los contaminantes presentes en el suelo y el agua producto de la utilización del mercurio y el ACPM que se utiliza para distinguir el oro, una técnica históricamente utilizada por los pobladores y mineros artesanales, que ha sido potenciada por décadas por los grupos criminales que sacan su enorme tajada de las rentas de la minería ilegal.

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Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia se extrae oro ilícitamente en cuencas de ríos y tierras descubiertas en más de 66.000 hectáreas, siendo Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba los departamentos más afectados, en ese orden. De hecho, Norelys Arias vive en uno de los núcleos más grandes de minería ilegal identificados por la Policía, el corregimiento de Margento, cuya área afectada es de 120 kilómetros cuadrados. “La minería ilegal y artesanal afecta mucho la alimentación. Nosotros cogíamos arroz y yuca de estas tierras, pero como se daña el agua, el cultivo se contamina y ya no sirve. Creo que podemos convencer a la comunidad mostrándoles que sí se puede recuperar. No todo en esta vida tiene que ser dinero y lo que queremos hacer es un corredor ecológico. Que lleguen las aves y los animales”, agrega.

La fitorremediación es una tarea titánica si se tiene en cuenta que la zona es, literalmente, una mina de oro para los Bloques Central Urabá y Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. De acuerdo con información de inteligencia conocida por este diario, el Clan actúa como comprador primario del oro, para luego insertar el mineral en el mercado legal por medio de compraventas y mercados internacionales. Las autoridades tienen mapeado que la venta de oro es más rentable que el narcotráfico y que los resultados de la minería ilícita son diarios, a diferencia de la producción de cocaína que es semanal. Además, mientras que para el narcotráfico hay constantes operativos, controles y sanciones penales, para el transporte y comercialización de oro no existe, en Colombia, un marco jurídico que permita judicializar al poseedor del mineral cuando su procedencia es ilícita.

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En medio de ese contexto, 13 grupos comunitarios de los corregimientos de Margento y Río Viejo se unieron en 2018 con la esperanza de recuperar lo suficiente para subsistir y ser ejemplo para más pobladores de la región. Instalaron siete viveros comunitarios, logrando una producción de aproximadamente 29.400 semillas. Según Marisela Villegas, lideresa ambiental, en una hectárea se pueden sembrar mil árboles para la fitorremediación. “En los territorios que son del Bajo Cauca antioqueño todos vivimos del agua, directa o indirectamente. La mayoría somos campesinos, agricultores o pescadores. Lo que siempre hemos querido es conservar el espacio que tenemos, porque es nuestra esperanza y cultura. Nuestras raíces. Espejos de agua como este son el lugar donde no solo se realiza una actividad de pesca, sino donde las especies habitan”, comenzó la lideresa.

Además, corregir los terrenos degradados por minería ilegal es una urgencia. Así lo señala Silvia López Casas, investigadora de Wildlife Conservation Society: “La actividad minera fomenta la propagación de enfermedades como malaria, tuberculosis y VIH, además de los impactos ocasionados por el envenenamiento por metales pesados como el mercurio, el plomo y el arsénico o cadmio. Tanto en organismos terrestres como acuáticos, el envenenamiento por mercurio puede provocar una amplia gama de problemas de salud, como disminución de la fertilidad, daños hepáticos y renales, cáncer, desórdenes neurológicos, y otras enfermedades. Los alimentos como los peces, a veces se consumen en lugares distantes a los sitios de captura o de producción, trasladando los impactos a lugares lejanos”.

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Esta estrategia de fitorremediación ya se enseña en la Universidad de Córdoba, unidades del SENA regionales y en escuelas de los corregimientos. Asimismo, la Sección de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos entregó este año US$700.000 para que la Policía fortaleciera sus labores de incautación y captura de criminales asociados con la minería ilegal, mientras que planea invertir en terrenos y herramientas para implementar este mecanismo en el Chocó el año que viene. La Fuerza Pública, por su parte, reportó en 2024 la incautación de 124 unidades de maquinaria amarilla, 19.109 galones de insumos líquidos y la captura de 108 miembros de grupos criminales, vinculados a minería ilegal. En medio de todo ese contexto, para pobladoras como Arias y Villegas, recuperar un espejo de agua fue como hacer un castillo con un grano de arena. “Ya hay mojarra y bocachico”, confirman.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Norelys Arias, campesina del corregimiento Margento de Caucasia (Antioquia), carga una semilla de yarumo en la mano y con orgullo mira hacia un espejo de agua ubicado a pocos metros de una finca en el Bajo Cauca. “Ese espejo de agua que ven lo cogieron para minería. Hace unos años era un lago con agua roja. Cuando entraron con la maquinaria, para sacar el oro, lo dañaron. Pero desde que entró el proyecto de fitorremediación, nos dieron la oportunidad de recuperarlo y, ahora, después de meses de trabajo, ya nos estamos dedicando a pescar como en el pasado. Y lo hicimos madres solteras cabeza de hogar”, cuenta Arias. Ese espejo de agua, de unos cien metros visto al horizonte, por pequeño que parezca en la inmensidad del Bajo Cauca, es también una esperanza, pues lo que fue tierra muerta y agua envenenada, volvió a su estado natural.

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El Espectador conoció el primer resultado del proyecto de fitorremediación impulsado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en asociación con la Universidad de Córdoba y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Se trata de la recuperación completa de 25 hectáreas de tierra y espejos de agua que habían sido degradados producto de la minería ilegal. Un trabajo que pudo lograrse con la plantación de semillas de yarumo y piñón. Estas últimas crecieron y, en el proceso, estabilizaron los contaminantes presentes en el suelo y el agua producto de la utilización del mercurio y el ACPM que se utiliza para distinguir el oro, una técnica históricamente utilizada por los pobladores y mineros artesanales, que ha sido potenciada por décadas por los grupos criminales que sacan su enorme tajada de las rentas de la minería ilegal.

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Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia se extrae oro ilícitamente en cuencas de ríos y tierras descubiertas en más de 66.000 hectáreas, siendo Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba los departamentos más afectados, en ese orden. De hecho, Norelys Arias vive en uno de los núcleos más grandes de minería ilegal identificados por la Policía, el corregimiento de Margento, cuya área afectada es de 120 kilómetros cuadrados. “La minería ilegal y artesanal afecta mucho la alimentación. Nosotros cogíamos arroz y yuca de estas tierras, pero como se daña el agua, el cultivo se contamina y ya no sirve. Creo que podemos convencer a la comunidad mostrándoles que sí se puede recuperar. No todo en esta vida tiene que ser dinero y lo que queremos hacer es un corredor ecológico. Que lleguen las aves y los animales”, agrega.

La fitorremediación es una tarea titánica si se tiene en cuenta que la zona es, literalmente, una mina de oro para los Bloques Central Urabá y Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. De acuerdo con información de inteligencia conocida por este diario, el Clan actúa como comprador primario del oro, para luego insertar el mineral en el mercado legal por medio de compraventas y mercados internacionales. Las autoridades tienen mapeado que la venta de oro es más rentable que el narcotráfico y que los resultados de la minería ilícita son diarios, a diferencia de la producción de cocaína que es semanal. Además, mientras que para el narcotráfico hay constantes operativos, controles y sanciones penales, para el transporte y comercialización de oro no existe, en Colombia, un marco jurídico que permita judicializar al poseedor del mineral cuando su procedencia es ilícita.

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En medio de ese contexto, 13 grupos comunitarios de los corregimientos de Margento y Río Viejo se unieron en 2018 con la esperanza de recuperar lo suficiente para subsistir y ser ejemplo para más pobladores de la región. Instalaron siete viveros comunitarios, logrando una producción de aproximadamente 29.400 semillas. Según Marisela Villegas, lideresa ambiental, en una hectárea se pueden sembrar mil árboles para la fitorremediación. “En los territorios que son del Bajo Cauca antioqueño todos vivimos del agua, directa o indirectamente. La mayoría somos campesinos, agricultores o pescadores. Lo que siempre hemos querido es conservar el espacio que tenemos, porque es nuestra esperanza y cultura. Nuestras raíces. Espejos de agua como este son el lugar donde no solo se realiza una actividad de pesca, sino donde las especies habitan”, comenzó la lideresa.

Además, corregir los terrenos degradados por minería ilegal es una urgencia. Así lo señala Silvia López Casas, investigadora de Wildlife Conservation Society: “La actividad minera fomenta la propagación de enfermedades como malaria, tuberculosis y VIH, además de los impactos ocasionados por el envenenamiento por metales pesados como el mercurio, el plomo y el arsénico o cadmio. Tanto en organismos terrestres como acuáticos, el envenenamiento por mercurio puede provocar una amplia gama de problemas de salud, como disminución de la fertilidad, daños hepáticos y renales, cáncer, desórdenes neurológicos, y otras enfermedades. Los alimentos como los peces, a veces se consumen en lugares distantes a los sitios de captura o de producción, trasladando los impactos a lugares lejanos”.

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Esta estrategia de fitorremediación ya se enseña en la Universidad de Córdoba, unidades del SENA regionales y en escuelas de los corregimientos. Asimismo, la Sección de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos entregó este año US$700.000 para que la Policía fortaleciera sus labores de incautación y captura de criminales asociados con la minería ilegal, mientras que planea invertir en terrenos y herramientas para implementar este mecanismo en el Chocó el año que viene. La Fuerza Pública, por su parte, reportó en 2024 la incautación de 124 unidades de maquinaria amarilla, 19.109 galones de insumos líquidos y la captura de 108 miembros de grupos criminales, vinculados a minería ilegal. En medio de todo ese contexto, para pobladoras como Arias y Villegas, recuperar un espejo de agua fue como hacer un castillo con un grano de arena. “Ya hay mojarra y bocachico”, confirman.

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