¿Qué ha pasado en la JEP en sus tres años de existencia?: expertos analizan

En el aniversario de los cinco años del Acuerdo de Paz, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo sobre los avances de este sistema: “Pese a la complejidad, el ritmo de resultados es notorio y sin parangón en la justicia internacional”. Además de los 13.000 comparecientes que tiene bajo su lupa y los miles de víctimas que esperan obtener verdad y justicia, la JEP se ha enfrentado desde su nacimiento a saboteadores, un ambiente de polarización y desinformación y constantes amenazas de que le cambien las reglas de juego. Sin embargo, entre voces autorizadas, nadie desconoce los avances que ha logrado.

(Lea también: ¿Casos de la CIDH a la JEP? Organizaciones de derechos humanos responden: “no”)

“La mera existencia de la Jurisdicción es un avance”, comentó el profesor Egoitz Gago, director de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana. A su juicio, “desde el punto de vista jurídico, es un sistema bastante sólido. Además, en su corta existencia, ha mostrado que el conflicto armado es más amplio de lo que parece”. El profesor Héctor Vargas, conjuez de la JEP y director de la Maestría en Justicia Transicional del Externado, añadió: “En estos tres años, la Jurisdicción definió su competencia, quiénes van a ser sus comparecientes, tiene seguridad jurídica sobre las reglas y su funcionamiento. Todos esos son avances”.

Para Juana Acosta y Cindy Espitia, profesoras de la Universidad de La Sabana y miembros del Observatorio de la JEP, hay otros tres avances. En primer lugar, destacaron que la Jurisdicción “ha concretado su metodología de investigación, que supera el análisis de casos aislados y se dirige a esclarecer estructuras criminales complejas y patrones de macrocriminalidad”. En todas estas discusiones, la JEP tiene que poner a las víctimas en el centro y es allí donde Acosta y Espitia ven otro avance: que en su participación se ha logrado concretar el enfoque diferencial, por ejemplo, en temas de género.

(Lea también: JEP busca que sus investigados dejen de defenderse como en la justicia ordinaria)

Además, aunque los magistrados tienen la tarea de interpretar el conflicto armado bajo cinco lentes ―derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal nacional e internacional y derecho operacional―, han logrado armonizar las interpretaciones, aunque los retos no paran. Las abogadas de La Sabana pusieron de ejemplo el macrocaso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por las Farc. La exguerrilla intentó justificar las aprehensiones de militares y policías, diciendo que estaban autorizadas por el derecho internacional. Más recientemente, la Procuraduría planteó una discusión que ha levantado ampolla: si los trabajos forzosos a los que fueron sometidos los secuestrados fueron esclavitud o no.

Precisamente, el caso de secuestro es el que va más avanzado. “La JEP ya investigó y encontró que la organización era responsable de un delito. Los ex-Farc se acogieron a lo que concluyó la Jurisdicción y ahora están definiendo cómo será la reparación. Cuando eso ocurra, la JEP lanzará una sentencia”, precisó el profesor Gago, de la Javeriana. Además de este reconocimiento, que “resulta histórico”, Acosta y Espitia señalaron que la Sala de Reconocimiento de Verdad ha actuado contra quienes no se acogen a sus imputaciones: ya envió el primer expediente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el proceso contra el excongresista Luis Almario, quien ahora enfrentará un juicio adversarial.

(Lea también: La verdad que viene en la JEP: detalles de los nuevos macrocasos)

La presión por resultados en la JEP es constante y se suma a un ambiente de “polarización y desinformación que se ha generado frente a su trabajo”, según Acosta y Espitia. Las profesoras resaltaron, además, las amenazas y la violencia que han sufrido víctimas y comparecientes, lo que pone en riesgo el esclarecimiento de la verdad. Aunque la JEP ha dado órdenes al respecto, el Gobierno no las ha acatado. “El enemigo número uno, no solamente de la JEP, sino de todo el Acuerdo, es el gobierno Duque. Según la literatura de estudios de paz, cuando hablamos de saboteadores de procesos de paz, es literalmente lo que está haciendo este gobierno”, manifestó Gago.

En algo que coincidieron todos los expertos es en que la Jurisdicción tiene una tarea muy vasta para el período que tiene: veinte años máximo. “Aunque parezcan muchos años, no lo son”, agregó Gago. Como no tendrá tiempo para investigar absolutamente todo el conflicto, “esa priorización puede generar descontento en las víctimas”, añadió Vargas. Acosta y Espitia indican que un paso importante es que “la JEP debe cumplir su mandato y no saturarse con facultades que no son propias”. En cualquier caso, el espaldarazo que recibió la justicia especial por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, explicaron las profesoras, depende de que entregue resultados.

En el aniversario de los cinco años del Acuerdo de Paz, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo sobre los avances de este sistema: “Pese a la complejidad, el ritmo de resultados es notorio y sin parangón en la justicia internacional”. Además de los 13.000 comparecientes que tiene bajo su lupa y los miles de víctimas que esperan obtener verdad y justicia, la JEP se ha enfrentado desde su nacimiento a saboteadores, un ambiente de polarización y desinformación y constantes amenazas de que le cambien las reglas de juego. Sin embargo, entre voces autorizadas, nadie desconoce los avances que ha logrado.

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“La mera existencia de la Jurisdicción es un avance”, comentó el profesor Egoitz Gago, director de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana. A su juicio, “desde el punto de vista jurídico, es un sistema bastante sólido. Además, en su corta existencia, ha mostrado que el conflicto armado es más amplio de lo que parece”. El profesor Héctor Vargas, conjuez de la JEP y director de la Maestría en Justicia Transicional del Externado, añadió: “En estos tres años, la Jurisdicción definió su competencia, quiénes van a ser sus comparecientes, tiene seguridad jurídica sobre las reglas y su funcionamiento. Todos esos son avances”.

Para Juana Acosta y Cindy Espitia, profesoras de la Universidad de La Sabana y miembros del Observatorio de la JEP, hay otros tres avances. En primer lugar, destacaron que la Jurisdicción “ha concretado su metodología de investigación, que supera el análisis de casos aislados y se dirige a esclarecer estructuras criminales complejas y patrones de macrocriminalidad”. En todas estas discusiones, la JEP tiene que poner a las víctimas en el centro y es allí donde Acosta y Espitia ven otro avance: que en su participación se ha logrado concretar el enfoque diferencial, por ejemplo, en temas de género.

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Además, aunque los magistrados tienen la tarea de interpretar el conflicto armado bajo cinco lentes ―derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal nacional e internacional y derecho operacional―, han logrado armonizar las interpretaciones, aunque los retos no paran. Las abogadas de La Sabana pusieron de ejemplo el macrocaso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por las Farc. La exguerrilla intentó justificar las aprehensiones de militares y policías, diciendo que estaban autorizadas por el derecho internacional. Más recientemente, la Procuraduría planteó una discusión que ha levantado ampolla: si los trabajos forzosos a los que fueron sometidos los secuestrados fueron esclavitud o no.

Precisamente, el caso de secuestro es el que va más avanzado. “La JEP ya investigó y encontró que la organización era responsable de un delito. Los ex-Farc se acogieron a lo que concluyó la Jurisdicción y ahora están definiendo cómo será la reparación. Cuando eso ocurra, la JEP lanzará una sentencia”, precisó el profesor Gago, de la Javeriana. Además de este reconocimiento, que “resulta histórico”, Acosta y Espitia señalaron que la Sala de Reconocimiento de Verdad ha actuado contra quienes no se acogen a sus imputaciones: ya envió el primer expediente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el proceso contra el excongresista Luis Almario, quien ahora enfrentará un juicio adversarial.

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La presión por resultados en la JEP es constante y se suma a un ambiente de “polarización y desinformación que se ha generado frente a su trabajo”, según Acosta y Espitia. Las profesoras resaltaron, además, las amenazas y la violencia que han sufrido víctimas y comparecientes, lo que pone en riesgo el esclarecimiento de la verdad. Aunque la JEP ha dado órdenes al respecto, el Gobierno no las ha acatado. “El enemigo número uno, no solamente de la JEP, sino de todo el Acuerdo, es el gobierno Duque. Según la literatura de estudios de paz, cuando hablamos de saboteadores de procesos de paz, es literalmente lo que está haciendo este gobierno”, manifestó Gago.

En algo que coincidieron todos los expertos es en que la Jurisdicción tiene una tarea muy vasta para el período que tiene: veinte años máximo. “Aunque parezcan muchos años, no lo son”, agregó Gago. Como no tendrá tiempo para investigar absolutamente todo el conflicto, “esa priorización puede generar descontento en las víctimas”, añadió Vargas. Acosta y Espitia indican que un paso importante es que “la JEP debe cumplir su mandato y no saturarse con facultades que no son propias”. En cualquier caso, el espaldarazo que recibió la justicia especial por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, explicaron las profesoras, depende de que entregue resultados.