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Conjuez. Una palabra que sonó durante toda la noche ayer, 20 de enero, en Colombia. Se trata de los juristas, en este caso de la Corte Constitucional, encargados de entrar a analizar y votar en discusiones que terminen en empate. Y hace unas horas, una demanda que busca despenalizar el aborto quedó cuatro a cuatro en la Sala Plena de la alta corte.
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El panorama judicial del aborto, a la fecha, es incierto. Durante la tarde de ayer, ocho de los nueve magistrados quedaron encargados de votar sobre la demanda, tras aceptar el impedimento del togado Alejandro Linares. Sin embargo, no hubo mayorías. De inmediato se conoció que entrará en escena la figura del conjuez, el cual deberá analizar los argumentos a favor y en contra de sacar el aborto del Código Penal.
Los llamados son Juan Carlos Henao, quien conocerá la ponencia -proyecto de sentencia- del magistrado Alberto Rojas Ríos, y Julio Andrés Ossa, quien analizará la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo. En la Corte Constitucional, justamente, se mueven dos ponencias que dan luz verde a la eliminación del delito. Los conjueces Henao y Ossa tendrán trabajo en sus correspondientes casos y en las próximas semanas se sabrá cuál expediente se vota primero en la Sala Plena, que ahora estará conformada por un número impar de participantes. Es decir, lo más probable es que este año haya decisión.
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En febrero de 2020 la Sala Plena de la Corte eligió a sus 18 conjueces. Uno de ellos es Julio Andrés Ossa, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Cuenta con estudios en filosofía, derecho administrativo y ciencias jurídicas. Inició su carrera como defensor público, luego fue auxiliar judicial de la Corte Constitucional y secretario de la presidencia de la misma alta corte. Conoce el alto tribunal, pues en múltiples ocasiones ha sido magistrado auxiliar, incluso de la magistrada Cristina Pardo. Una de las togadas que, por ahora, le dice “no” a las demandas.
Ossa, además, ha sido profesor de Derecho Constitucional en su alma máter. Cuenta con publicaciones relacionadas con la Corte Constitucional y el derecho a la participación ciudadana. Además, sobre los procesos de tutela, los cuales son conocidos en instancia final por esa Corte. De hecho, en Plan de Manejo Ambiental, el cual buscaba regresar a la aspersión aérea con glifosato, se le cayó al Gobierno Duque tras la revisión de una tutela que llegó a ese despacho. Tendrá entre dos y tres semanas para conocer el debate sobre el aborto.
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Por su parte, Juan Carlos Henao es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con estudios en derecho administrativo y derecho público. Ha desempeñado cargos en la Procuraduría, en la Corte Suprema de Justicia y en la misma Corte Constitucional. Fue rector de la Universidad que lo vio nacer profesionalmente, una de las más potentes en Derecho, entre 1982 y 2021. Se destaca por haber sido uno de los asesores de gabinete negociador del Gobierno Santos en los acuerdos de Paz en la Habana, Cuba.
Para el magistrado Rojas Ríos, uno de los ponentes, el tiempo corre en su contra. No le conviene que el debate empiece en febrero pues su estadía en el alto tribunal está programada hasta el próximo 22 de ese mes, puesto que se cumple su periodo de ocho años y debe abandonar el cargo. El magistrado Lizarazo, actual presidente de la Corte, y el segundo ponente, por el contrario, ha llevado su expediente con calma pese a que su proceso tenía vencimiento de términos el pasado 19 de noviembre, es decir, esa era la fecha límite para que se zanjara el debate. No obstante, el impedimento del magistrado Linares que resolvieron este jueves retrasó el cronograma.
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La salida en falso de Linares a los medios de comunicación hablando abiertamente del aborto le pasó factura con recusaciones que lo obligaron a presentar su impedimento. La baja del magistrado que ha mostrado su postura netamente liberal cambió los cálculos para despenalizar el aborto. Su voto era crucial debido a que, en más de una ocasión, ha dejado ver que apoya la idea, y por ende, las ponencias de los magistrados Rojas Ríos y Lizarazo. Si no se hubiese manifestado como lo hizo, quizás, la Corte ya tendría una decisión favorable para los movimientos que piden despenalizar y regular el procedimiento.
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