¿Qué hacer con el Esmad?
Este viernes se cumplieron tres años de la muerte de Dilan Cruz, un joven que salió a marchar en contra de las directrices del Gobierno de Iván Duque, y encontró la muerte luego de ser impactado por un proyectil que disparó el Esmad. Tres años después, solo ha trascendido que habrá una reestructuración del Escuadrón.
En su campaña, el entonces candidato Gustavo Petro prometió desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios si ganaba las elecciones. A poco más de cien días de su gobierno, para algunos esta promesa ha hecho agua y el presidente parece haberse decantado por una opción de transformación en vez de desmonte que ha dejado insatisfechos tanto a aliados como a opositores. Pese a esto, en las bases de su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno insiste que el ESMAD será reemplazado por una fuerza destinada a la resolución pacífica e inteligente de conflictos.
Cuestionamientos
Durante sus 23 años de existencia, el ESMAD ha sido objeto de innumerables denuncias y cuestionamientos. Las razones han sido usualmente las mismas: violaciones a los derechos humanos, uso inadecuado de su armamento e intervenciones en circunstancias que no lo justifican.
Durante su visita en el marco del estallido social de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el ESMAD “habría irrumpido en diferentes movilizaciones […] mediante agresiones físicas, sexuales y verbales” y le exigió al Estado colombiano “limitar su actuación solamente a los casos estrictamente necesarios”.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció que, durante el paro nacional de 2019, el ESMAD no había logrado “garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir”. Y seis años antes, la Procuraduría General de la Nación había hecho lo propio al emitir una acción preventiva en la que recomendó ajustes al interior del ESMAD por, exactamente, las mismas razones, pero esa vez por los desmanes cometidos durante el paro agrario y camionero de 2013.
La propuesta
Pese a que lo prometió en campaña y lo acaba de incluir en sus bases de su Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno no ha especificado si efectivamente desmontará o no esta fuerza. Sólo se han conocido las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, sobre la transformación del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público que, a juzgar por el silencio del presidente y de su ministro de defensa, podría inferirse que si no poyan la iniciativa al menos no les genera mucha resistencia.
La propuesta consiste en tener el mismo ESMAD, pero con un nuevo un dispositivo de diálogo compuesto por miembros de esta misma unidad quienes serían los encargados de interactuar con los manifestantes y se distinguirían de sus pares por el uso de un uniforme diferente al de la tradicional armadura negra. Esta idea, sin embargo, enfrenta varios desafíos que llevan a pensar que tal vez no sea una buena idea.
Riesgos jurídicos
El primer desafío es jurídico. De acuerdo a lo dispuesto por el marco normativo nacional y los estándares internacionales en derechos humanos, la intervención de especialidades como el ESMAD -ahora Unidad de Diálogo- debe ser el último recurso para el restablecimiento del orden público. Si esto es así, se deduce que el despliegue de un componente de diálogo como el que se propone corre el riesgo de exceder los límites de la norma o de operar en condiciones en las que su efectividad sería casi nula.
En el primer caso, porque si se espera que sea un diálogo anticipado y preventivo, se estaría actuando en momentos en los que, en principio, no debería intervenir esta fuerza. En el segundo caso, porque de ajustarse a ley, el diálogo no sería otra cosa que un intercambio verbal para anunciar un procedimiento de uso de la fuerza en circunstancias donde ya se consumaron los actos violentos o éstos son inminentes.
Inconsistencia doctrinal
El segundo desafío es de naturaleza doctrinal. Por el tipo de trabajo que le corresponde al ESMAD, sus integrantes operan sobre la base de un fuerte espíritu de cuerpo, un seguimiento estricto de órdenes y una insularidad que restringe su contacto cotidiano con la ciudadanía. Estas tres características del servicio limitan el desarrollo de las competencias y condiciones necesarias para que el diálogo sea exitoso. Para ser efectivo, el diálogo debe centrarse en las necesidades de los manifestantes antes que en las del grupo de referencia. Requiere flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones. Y, sobre todo, necesita de unas relaciones mínimas de confianza con activistas y grupos de protesta que sólo se pueden construir en interacciones que anteceden y superan el evento mismo de la manifestación.
Restricciones logísticas
Finalmente, hay un tercer desafío logístico. Los integrantes del actual ESMAD no necesariamente tienen el perfil para desarrollar actividades de diálogo en las manifestaciones pues su vocación ha sido la de restablecer el orden público durante años. Y en la Policía Nacional no hay forma de conseguir nuevo personal con dedicación exclusiva para estos fines pues uno de los recursos más escasos de la institución es el humano. De suerte que tal como se ha formulado, la propuesta de convertir al ESMAD en esta nueva unidad llevaría a que los nuevos dispositivos de diálogo terminarían conformándose con personal que históricamente ha hecho parte de los dispositivos de intervención lo cual no haría otra cosa que restar capacidad operativa.
Alternativas
Por fortuna, hay experiencias internacionales y nacionales que muestran otros diseños organizacionales para fortalecer las capacidades de diálogo de la Policía Nacional antes, durante y después de las manifestaciones. A nivel internacional, diferentes policías han incorporado un enfoque de diálogo y facilitación sin necesariamente abandonar el tradicional enfoque de control y disuasión, pero cuidándose de no fusionarlos en un sólo grupo. A nivel nacional, entre 2018 y 2020, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) probó este modelo con pilotos en algunas regiones con resultados positivos. Actualmente, la Policía Nacional trabaja en la adaptación de estos pilotos a su proceso misional de prevención con policías que por su vocación de trabajo comunitario estarían en mejores condiciones legales, doctrinales y logísticas.
Por supuesto, habrá muchos más ajustes en qué pensar, pero este tipo de alternativas muestran la necesidad de ampliar el debate más allá de si es necesario o no desmontar al ESMAD. Destinar otras capacidades de la Policía para desarrollar un diálogo anticipado puede ser una mejor opción para evitar hechos de violencia en la manifestación que simplemente transformar la misionalidad de la fuerza destinada para actuar únicamente cuándo éstos ya hayan ocurrido.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En su campaña, el entonces candidato Gustavo Petro prometió desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios si ganaba las elecciones. A poco más de cien días de su gobierno, para algunos esta promesa ha hecho agua y el presidente parece haberse decantado por una opción de transformación en vez de desmonte que ha dejado insatisfechos tanto a aliados como a opositores. Pese a esto, en las bases de su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno insiste que el ESMAD será reemplazado por una fuerza destinada a la resolución pacífica e inteligente de conflictos.
Cuestionamientos
Durante sus 23 años de existencia, el ESMAD ha sido objeto de innumerables denuncias y cuestionamientos. Las razones han sido usualmente las mismas: violaciones a los derechos humanos, uso inadecuado de su armamento e intervenciones en circunstancias que no lo justifican.
Durante su visita en el marco del estallido social de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el ESMAD “habría irrumpido en diferentes movilizaciones […] mediante agresiones físicas, sexuales y verbales” y le exigió al Estado colombiano “limitar su actuación solamente a los casos estrictamente necesarios”.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia reconoció que, durante el paro nacional de 2019, el ESMAD no había logrado “garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir”. Y seis años antes, la Procuraduría General de la Nación había hecho lo propio al emitir una acción preventiva en la que recomendó ajustes al interior del ESMAD por, exactamente, las mismas razones, pero esa vez por los desmanes cometidos durante el paro agrario y camionero de 2013.
La propuesta
Pese a que lo prometió en campaña y lo acaba de incluir en sus bases de su Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno no ha especificado si efectivamente desmontará o no esta fuerza. Sólo se han conocido las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, sobre la transformación del ESMAD en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público que, a juzgar por el silencio del presidente y de su ministro de defensa, podría inferirse que si no poyan la iniciativa al menos no les genera mucha resistencia.
La propuesta consiste en tener el mismo ESMAD, pero con un nuevo un dispositivo de diálogo compuesto por miembros de esta misma unidad quienes serían los encargados de interactuar con los manifestantes y se distinguirían de sus pares por el uso de un uniforme diferente al de la tradicional armadura negra. Esta idea, sin embargo, enfrenta varios desafíos que llevan a pensar que tal vez no sea una buena idea.
Riesgos jurídicos
El primer desafío es jurídico. De acuerdo a lo dispuesto por el marco normativo nacional y los estándares internacionales en derechos humanos, la intervención de especialidades como el ESMAD -ahora Unidad de Diálogo- debe ser el último recurso para el restablecimiento del orden público. Si esto es así, se deduce que el despliegue de un componente de diálogo como el que se propone corre el riesgo de exceder los límites de la norma o de operar en condiciones en las que su efectividad sería casi nula.
En el primer caso, porque si se espera que sea un diálogo anticipado y preventivo, se estaría actuando en momentos en los que, en principio, no debería intervenir esta fuerza. En el segundo caso, porque de ajustarse a ley, el diálogo no sería otra cosa que un intercambio verbal para anunciar un procedimiento de uso de la fuerza en circunstancias donde ya se consumaron los actos violentos o éstos son inminentes.
Inconsistencia doctrinal
El segundo desafío es de naturaleza doctrinal. Por el tipo de trabajo que le corresponde al ESMAD, sus integrantes operan sobre la base de un fuerte espíritu de cuerpo, un seguimiento estricto de órdenes y una insularidad que restringe su contacto cotidiano con la ciudadanía. Estas tres características del servicio limitan el desarrollo de las competencias y condiciones necesarias para que el diálogo sea exitoso. Para ser efectivo, el diálogo debe centrarse en las necesidades de los manifestantes antes que en las del grupo de referencia. Requiere flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones. Y, sobre todo, necesita de unas relaciones mínimas de confianza con activistas y grupos de protesta que sólo se pueden construir en interacciones que anteceden y superan el evento mismo de la manifestación.
Restricciones logísticas
Finalmente, hay un tercer desafío logístico. Los integrantes del actual ESMAD no necesariamente tienen el perfil para desarrollar actividades de diálogo en las manifestaciones pues su vocación ha sido la de restablecer el orden público durante años. Y en la Policía Nacional no hay forma de conseguir nuevo personal con dedicación exclusiva para estos fines pues uno de los recursos más escasos de la institución es el humano. De suerte que tal como se ha formulado, la propuesta de convertir al ESMAD en esta nueva unidad llevaría a que los nuevos dispositivos de diálogo terminarían conformándose con personal que históricamente ha hecho parte de los dispositivos de intervención lo cual no haría otra cosa que restar capacidad operativa.
Alternativas
Por fortuna, hay experiencias internacionales y nacionales que muestran otros diseños organizacionales para fortalecer las capacidades de diálogo de la Policía Nacional antes, durante y después de las manifestaciones. A nivel internacional, diferentes policías han incorporado un enfoque de diálogo y facilitación sin necesariamente abandonar el tradicional enfoque de control y disuasión, pero cuidándose de no fusionarlos en un sólo grupo. A nivel nacional, entre 2018 y 2020, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) probó este modelo con pilotos en algunas regiones con resultados positivos. Actualmente, la Policía Nacional trabaja en la adaptación de estos pilotos a su proceso misional de prevención con policías que por su vocación de trabajo comunitario estarían en mejores condiciones legales, doctrinales y logísticas.
Por supuesto, habrá muchos más ajustes en qué pensar, pero este tipo de alternativas muestran la necesidad de ampliar el debate más allá de si es necesario o no desmontar al ESMAD. Destinar otras capacidades de la Policía para desarrollar un diálogo anticipado puede ser una mejor opción para evitar hechos de violencia en la manifestación que simplemente transformar la misionalidad de la fuerza destinada para actuar únicamente cuándo éstos ya hayan ocurrido.
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