La presidencia de la República estará en manos de Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, quienes se medirán el próximo 19 de junio, cuando los colombianos decidan en segunda vuelta el futuro político del país. Uno de los candidatos, el ingeniero santandereano Hernández, tiene a la vuelta de la esquina un juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, ante el cual se declara totalmente inocente. Estos son los puntos clave para entender qué va a pasar en caso de que Hernández resulte elegido.
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El caso Vitalogic
Antes de comenzar con las dudas del proceso penal, dejemos claro de qué trata el juicio de Hernández. El 10 de agosto de 2020, la Fiscalía radicó la acusación contra el exalcalde de Bucaramanga, señalando de participar, presuntamente, en hechos de corrupción en un contrato de asesoría para la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Al parecer, intervino para que el acuerdo 096 de 2016 fuera adjudicado a la empresa Vitalogic RSU, para implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.
Según los señalamientos de la Fiscalía, el hijo de Hernández, Luis Carlos Hernández, habría pactado repartir comisiones por la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic RSU. El documento, dice el ente investigador, contó con las firmas del asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jorge Hernán Alarcón, y el contratista de Vitalogic, Carlos Gutiérrez.
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“Antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado unas ‘calaveras’ como vulgarmente las llama; es decir, unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández recibiera un pago de US$100 millones”, dice en el expediente.
¿Y si los colombianos lo eligen presidente el próximo 19 de junio?
Según el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, si el ingeniero es el nuevo presidente, sus procesos pasan a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cuando este diario le consultó sobre si el caso Vitalogic empieza de ceros en ese despacho, respondió que “entraría a decidir sobre la acusación”. Es decir, contará con las pruebas que la Fiscalía recaudó para intentar obtener una condena en su contra.
El abogado Mauricio Pava, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, coincide con Bernate: “Un presidente en ejercicio no puede ser juzgado por un juez común, debe ser investigado y acusado por el Congreso, previo un ante-juicio político. En el caso del candidato Hernández, su caso no puede pasar a la Corte Suprema para ser juzgado, así hubiera ya sido acusado. La regla de la equivalencia falla, pues es necesario, siempre, surtir el ante-juicio político”.
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Pava, además, es el representante del excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien de pasar a segunda vuelta hubiese estado en una posición similar. El año pasado, la Fiscalía acusó al exgobernador de Antioquia (2012-2016) por un contrato de empréstito (préstamo que una entidad financiera le hace a una institución del Estado) entre el banco Copbanca y la Gobernación. El acuerdo fue por US$77 millones, pero le habría terminado costando a la administración US$98 millones. Entre otras cosas, la Fiscalía le reprocha no haber previsto la volatilidad del dólar, que en 2013 estaba en $1.926 y, en 2015, a $3.140.
El abogado Iván Cancino, magíster en derecho penal, explicó que de acuerdo con las normas que regulan el Congreso, el Senado y la Cámara, todos los procesos fiscales, disciplinarios y penales de Hernández serían competencia del Congreso. De resultar electo, cada caso abierto en contra del ingeniero será conocido por la corporación legislativa, sin importar si fue cometido como ciudadano, concejal o gobernador.
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Sobre el caso Vitalogic, Cancino advierte que, una vez conocida la acusación, la Comisión de Acusaciones de la Cámara podría inhibirse o presentar un proyecto a la Cámara para que continúe el estudio del caso. “La investigación entonces puede precluirse, lo cual hará tránsito a cosa juzgada, o la Cámara de Representantes puede acusarlo ante el Senado. Allí, la Cámara hará las veces de fiscal y el Senado será su juez. Y ahí pueden absolver o condenar a Rodolfo Hernández”.
En un caso hipotético en el que Hernández sea condenado por el Senado, quedará claro que el ingeniero incurrió en una falta absoluta como presidente y la nueva mandataria de los colombianos será su fórmula vicepresidencial: la académica Marelen Castillo. El nuevo vicepresidente será escogido por el Congreso. Cabe destacar que en todo el proceso de Hernández en el Congreso, de ser elegido presidente, no se contempla una privación de la libertad sino hasta una hipotética condena.
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Y si, por el contrario, el presidente es Gustavo Petro…
Ante ese cuestionamiento, el abogado y defensor de Derechos Humanos Elmer Montaña respondió lo siguiente: “Si el ingeniero Rodolfo Hernández no es elegido presidente de la República, tendrá que enfrentar el juicio oral y público al que lo someterá a la justicia en el Juzgado 10 penal de circuito de Bucaramanga por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Agotado ese procedimiento, el juez dictará sentido del fallo, es decir, lo declarará culpable o inocente. Después dictará la respectiva sentencia, la cual quedará sometida a los recursos legales procesales y de los intervinientes”.
Agrega que en la historia de Colombia ningún presidente de la República ha sido juzgado en las instituciones del Congreso. “Se intentó con el presidente Belisario Betancourt por la retoma del Palacio de Justicia (1985), pero el mando militar asumió la responsabilidad. En el caso de Ernesto Samper también se intentó juzgarlo por la presunta infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña, pero ese juicio no se pudo llevar al cabo”, concluyó el abogado penalista.
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