¿Qué pasó con los centros digitales para niños que Centros Poblados nunca hizo?

Se suponía que este 2023 miles de niños de zonas rurales de 15 departamentos estarían accediendo gratuitamente a internet, gracias a uno de los proyectos de telecomunicaciones más ambiciosos en las últimas décadas, planeado por el gobierno de Iván Duque. En 2020, la Unión Temporal Centros Poblados, dirigida a la sombra por el “zar de la contratación” Emilio Tapia, fue elegida por el Mintic como uno de dos contratistas capaces de instalar más de 7.000 puntos digitales. Sin embargo, como es de conocimiento público, todo terminó en el escándalo de corrupción que le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen y en una serie de expedientes judiciales contra los miembros de la empresa contratada.

Se suponía que este 2023 miles de niños de zonas rurales de 15 departamentos estarían accediendo gratuitamente a internet, gracias a uno de los proyectos de telecomunicaciones más ambiciosos en las últimas décadas, planeado por el gobierno de Iván Duque. En 2020, la Unión Temporal Centros Poblados, dirigida a la sombra por el “zar de la contratación” Emilio Tapia, fue elegida por el Mintic como uno de dos contratistas capaces de instalar más de 7.000 puntos digitales. Sin embargo, como es de conocimiento público, todo terminó en el escándalo de corrupción que le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen y en una serie de expedientes judiciales contra los miembros de la empresa contratada.

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El contrato fue caducado por orden del Mintic en mayo de 2022, luego de que se advirtieran serios retrasos y probable corrupción en la constitución de la unión temporal, por la que incluso fueron llamados a juicio tres involucrados en la estructuración la semana pasada. Tras ganarse la licitación, a Centros Poblados se le entregaron $70.000 millones como anticipo para que instalara la infraestructura básica. Aunque la unión temporal reportó la instalación de 1.002 centros digitales con esa plata, el Mintic le confirmó a El Espectador que nada de esa infraestructura ha servido, ni servirá, para el nuevo contrato entregado hace siete meses a ETB y Skynet, que tiene como objeto terminar lo que Centros Poblados nunca hizo.

Según le dijo el Mintic a este diario, una vez caducó el contrato, se le pidió a la interventoría del proyecto un recibo de campo para verificar el avance de Centros Poblados. Como la interventoría no presentó los documentos, los equipos jamás fueron incluidos al patrimonio autónomo compartido con el Mintic, por lo cual la cartera de tecnología no tiene dominio ni siquiera de un teclado. Así las cosas, a ETB y Skynet les tocó iniciar de ceros la instalación de 6.589 centros digitales. Se espera que en octubre próximo estén funcionando esos puntos para los niños de 567 municipios de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

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El nuevo contrato fue firmado por $1 billón y tendrá vigencia hasta 2032. Hasta ahora los 6.589 centros digitales van en un 12 % de avance, si tenemos en cuenta que esos puntos ya fueron aprobados por la interventoría y actualmente se están haciendo en ellos mediciones de calidad. El trabajo de ETB y Skynet se divide en cuatro fases. Sobre el “Grupo 1A”, el Mintic informa que el 100 % de esos centros digitales, un total de 773, ya están operando. Del “Grupo 1B”, que corresponde a 772 centros digitales, hay un avance del 64 %, mientras termina la fase de revisión. El “Grupo 2”, que contempla 2.565 centros digitales, se encuentra en fase de estudios de campo con avance del 60 %. Se espera que los centros del “Grupo 3” inicien operaciones en diciembre de este año.

El contrato con ETB y Skynet establece que los centros digitales entrarán a operación una vez termine la medición de calidad de todo el grupo al que pertenecen. Por ejemplo, los 772 puntos del “Grupo 1B” solo serán entregados oficialmente a la ciudadanía cuando la interventoría termine de validar y aprobar cada uno de ellos. No obstante, los centros digitales están en una fase de “preoperación”, en la cual las comunidades rurales pueden ir familiarizándose con el proceso de conexión y realizar las primeras consultas de su interés. El billonario contrato abarca la instalación de infraestructura digital en comunidades indígenas, parques naturales, guarniciones militares y espacios de reincorporación.

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Ahora bien, el contrato que Centros Poblados nunca terminó tenía un segundo contratista encargado de la creación y puesta en marcha de centros digitales en otra región del país: Claro. Mientras este último se encarga de la “Región A”, ETB y Skynet tienen la responsabilidad por la “Región B”. Sobre Claro hubo noticias a principios de diciembre pasado, cuando la nueva ministra Sandra Urrutia anunció una multa de $3.500 millones por retrasos en su ejecución contractual, los cuales la compañía atribuye a causa de “fuerza mayor”. También fueron contratados por alrededor de $1 billón y tienen a su cargo los otros 17 departamentos a cubrir por el Gobierno.

Volviendo al caso de Centros Poblados, desde lo judicial todos los involucrados están negociando con la Fiscalía rebajas de pena, a cambio de declararse culpables. Entre ellos están el condenado Emilio Tapia, quien manejaba los hilos de la compañía; Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal; Juan José Laverde, corredor de seguros que habría ayudado a conseguir garantías bancarias falsas; Juan Carlos Cáceres, socio de la unión; Ottomar Lascarro, socio de la unión, y Jorge Enrique López, empresario. La Procuraduría, por su parte, no cree que los funcionarios de contratación del Mintic hayan sido “engañados”, como sugiere la Fiscalía, y tiene en juicio disciplinario a las exfuncionarias Adriana Meza, Sandra Orjuela y Paola Izquierdo.